Xalapa, Ver. - La Fiscalía General del Estado (FGE), en el periodo de Luis Ángel Bravo Contreras, violó los derechos de un migrante guatemalteco, al evitar embalsamar su cuerpo y realizar estudios de ADN para identificarlo. El joven Sebastián Amílcar murió en 2016 en Veracruz; su familia recibió sus restos en avanzado estado de descomposición. “Una masa sin forma humana”.

La más reciente recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) confirma las deficiencias de la Fiscalía, de la oficina regional de Tantoyuca, al no implementar el protocolo de identificación forense, durante el resguardo del cuerpo del joven de 20 años, que murió al interior de un hotel, tras un ataque armado.

El expediente CEDH/2VG/TUX/0723/2017 derivó en la recomendación 32 de este 2019, que ya fue notificada a la FGE -ente que acumula 14 de las 37 emitidas en lo que va del año-, por violar el derecho a la seguridad jurídica en relación con el derecho a la verdad.

Fue el padre del joven, que salió en búsqueda del mal llamado sueño americano para reunirse con su hermano que radicaba en Utha, Estados Unidos, el que presentó la queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

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En su relato, el padre de Sebastián Amílcar, detalló que el joven viajó el 25 de agosto de año 2016, “tomó la decisión de realizar su viaje cruzando por territorio mexicano ciertamente sin documentos legales que acreditaran su paso por México, iba de ilegal, debido a que no obtuvo la autorización de su pasaporte”.

Amílcar contactó a un pollero que lo ayudó a salir de Centroamérica hacia los Estados Unidos. En su trayecto pernoctaron en Pánuco, en un hotel al norte de Veracruz, donde fueron atacados por desconocidos lesionando a algunos migrantes, a otros les quitaron la vida.

“Dispararon en contra de mi hijo y de las demás personas, resultando muchos de ellos fallecidos, incluido mi hijo. Lo anterior lo sé por fuentes periodísticas y por comentarios generales que se suscitaron respecto de esos hechos. Mi hijo fallece entonces el día 31 de agosto de 2016” detalla a funcionarios de la CEDH.

Un amigo de su hijo le notificó vía telefónica de los hechos registrados en Pánuco, versión que más tarde confirmó el Consulado de Guatemala y la Fiscalía General del Estado, responsables del traslado del cuerpo. En total murieron tres migrantes.

Cinco días después, el padre de Sebastián acudió al Consulado de Guatemala en Comitán, Chiapas, a reclamar el cuerpo de su hijo que logró identificar a través de fotografías que le proporcionaron. Para acreditar la nacionalidad de Sebastián Amílcar entregó su acta de nacimiento y se iniciaron los trámites para la repatriación, que según le informaron, llevarían al menos 40 días.

“Me mostró unas fotos donde se observa a mi hijo del torso hacia arriba incluida la cabeza, tres fotos en diversas tomas, ahí hice la identificación del cuerpo de mi hijo, no se le veía ninguna herida, tenía ropa puesta, me acuerdo de una playera al parecer verde; pero lo identifiqué plenamente”.

La queja detalla que el 13 de septiembre de 2016 fueron entregados los restos de Sebastián en la frontera de La Mesilla, en los límites de Chiapas, sin cumplir con el protocolo de identificación y cotejo de ADN de los restos del joven.

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Las personas encargadas del traslado le negaron la posibilidad de abrir el féretro; ya en su domicilio decidió revisar el contenido del ataúd, para verificar que los restos correspondían a su hijo, sin embargo, solo encontraron una bolsa de plástico, con una masa sin forma humana; a pesar de la incertidumbre de lo que les habían entregado, decidieron continuar con el funeral y enterrarlo.

El padre de Sebastián viajó a Veracruz para investigar qué había pasado con los restos de su hijo, y pudo percatarse de las deficiencias de la Fiscalía veracruzana, “no se me proporcionó ni siquiera el número de Carpeta de Investigación, no supe quien practicó la necropsia ni el resultado de esta”.

 “Quiero tener la seguridad de que lo que se enterró es mi hijo y si no es así, entonces que se me dé una explicación de que fue lo que ocurrió, no puedo dejar esto así, es mi hijo el que falleció de una forma que no se merecía, él quería mejorar su vida y ahora estoy pasando por una situación muy difícil y quiero saber el fondo del asunto”, planteó en su queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Durante el análisis de la queja, se documentó que el cuerpo de Sebastián Amílcar no se conservó de manera adecuada, ni contaban con una ficha o datos que permitieran su identificación, incluso, en el frigorífico había restos de dos personas embolsadas, la FGE no acreditó exhaustivamente la identidad del joven guatemalteco.

La persona que atendió la diligencia indicó cuál era el cadáver que correspondía a Sebastián Amílcar. La temperatura era de aproximadamente 45°C, y que el cuerpo que entregaron se encontraba en avanzado estado de descomposición.

Por lo anterior, la CEDH pidió a la Fiscalía reparar el daño, pagar una compensación a la familia del joven guatemalteco, e investigar las irregularidades administrativas de personal de la oficina regional de Tantoyuca.

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