Xalapa, Ver.-Mediante dos proyectos de leyes el gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, busca emular el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para aplicar reducciones de sueldos a los magistrados del Poder Judicial de la entidad y a los legisladores locales, entre otros altos funcionarios.

El mandatario remitió al Congreso una iniciativa con proyecto de Ley de Austeridad y otra más de Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria del Artículo 82 de la Constitución Política local, las cuales plantean que nadie podrá recibir un sueldo mayor al suyo, incluyendo a los altos funcionarios de los otros poderes.

En su proyecto de Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos el morenista establece que se considerará como servidor público del Estado toda persona que de manera temporal o permanente desempeñe una función, empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Poder Legislativo, en el Poder Judicial del Estado o en la Administración Pública Estatal o Municipal.

También son considerados servidores públicos los trabajadores de los Organismos Descentralizados, Empresas de Participación Estatal, Fideicomisos Públicos, Sociedades y Asociaciones asimiladas a éstos; Fideicomisos; así como los servidores públicos de los organismos a los que la Constitución Estatal otorgue autonomía.

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Además, en su artículo 6, se establece que para la determinación de la remuneración de los servidores públicos se considerarán nuevas bases, como que ningún servidor público recibirá una remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el Presidente de la República en el Presupuesto de Egresos de la Federación ni para el Gobernador del Estado de Veracruz.

Hay que recordar que una iniciativa análoga se está discutiendo a nivel federal, generado polémica entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspendió la aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos impulsada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Por su parte, además de trasparentar los sueldos de todos los burócratas poniéndolos en el principio de máxima publicidad para detallarlos en las leyes de egresos, García Jiménez propone que cualquier persona podrá formular denuncia ante la instancia interna de control o disciplina respecto de las conductas de los servidores públicos que sean consideradas contrarias a las nuevas disposiciones que proyecta consolidar.

Además, cuando la denuncia se refiera a servidores públicos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, podrá presentarse también ante la Contraloría General del Estado, dependiente del Poder Ejecutivo.

“Cuando la denuncia se refiera a alguno de los servidores públicos, referidos en el artículo 77 de la Constitución Política del Estado, podrá presentarse también ante la Cámara de Diputados del Congreso del Estado para efecto de iniciar el procedimiento del juicio político en términos de ley”.

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En cuando a su iniciativa de Ley de Austeridad el gobernador justificó que los recursos ahorrados se destinarán en beneficio de los ciudadanos menos favorecidos, estipulando que quien incumpla las disposiciones constituirá una falta administrativa grave, cuya sanción corresponde al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.

De esta manera García Jiménez busca la reducción del gasto corriente respecto de los salarios y prestaciones de los altos funcionarios públicos de los tres poderes, órganos autónomos y sus entes públicos.

Al respecto, señaló que la Constitución Política federal establece en su artículo 127 y el artículo 82 de la Constitución para el Estado el esquema de control salarial, mismo que será desarrollado en la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos.

García Jiménez aclaró que la Ley no afectará, suprimirá, disminuirá o restringirá programas sociales.

“Todo lo contrario, el propósito es claro: hacer eficiente el gasto destinándolo efectivamente al interés general, para liberar recursos que serán destinados a financiar el desarrollo y la prosperidad de los veracruzanos”.

A partir de lo anterior el gobernador proyecta la incorporación de todos los funcionarios a los sistemas públicos de seguridad social y la consecuente prohibición de establecer regímenes privilegiados de jubilación, pensión o haberes de retiro, así como a contratar a cargo de recursos públicos, seguros privados de gastos médicos, de vida o separación, cualquiera que sea su denominación.

García Jiménez también prevé evitar el engrosamiento del aparato burocrático, desarrollando las funciones del Estado sin crear nuevas plazas.

De ser dictaminada y aprobada la iniciativa también se restringiría, a los casos estrictamente justificados por razón de necesidad en la función desempeñada, el uso de escoltas, elementos de seguridad, secretarios privados y asesores, los cuales no podrán ser encomendados o comisionados a actividades privadas o ajenas a su función.

Adicionalmente, se limitaría el uso de vehículos de propiedad del Estado al cumplimiento de fines de utilidad pública y servicio directo de la población, restringiendo el gasto en propaganda oficial y fijando límites para que no se excedan los montos erogados por servicios de telefonía, fotocopiado y energía eléctrica; combustibles, arrendamientos, viáticos, honorarios, alimentación, mobiliario, remodelación de oficinas, equipo de telecomunicaciones, bienes informáticos.

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Cuestionado sobre las iniciativas, el presidente del Congreso del Estado, José Manuel Pozos Castro, señaló que sería buena señal que los magistrados del Poder Judicial de Veracruz respalden la propuesta del gobernador para reducirse los sueldos.

“Yo en lo personal creo que sería una muestra de responsabilidad y de que ya es justo de que cambiemos este país y este Estado”, declaró en entrevista el legislador.

Aseveró que los diputados también están respaldando dicha iniciativa, aunque en su opinión el objetivo no es afectar a nadie: “La idea es evitar tantos despilfarros que se vendrían dando”.