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Fiscal de Veracruz suma otra denuncia más de juicio político
Xalapa, Ver.- El Fiscal General de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz sumó este miércoles una nueva demanda de juicio político en su contra, esta vez se trata de un recurso presentado por Arturo Nicolás Baltazar, abogado de la exdelegada de la Policía Ministerial, Carlota Zamudio, detenida por el delito de desaparición forzada de personas.
Cabe recordar que Zamudio había presentado ya una demanda de juicio político, misma que venció al no ser ratificada por su defensa.
De acuerdo con el abogado, a Winckler Ortiz se le señala por los delitos de abuso de autoridad, falsas denuncias e incumplimiento de un deber legal, y enfatizó que su clienta, fue presionada por el Fiscal para dar con Luis Ángel Bravo Contreras, exprocurador de Veracruz.
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“Personal de la Fiscalía nos ha hecho saber que están presionando a policías, testigos y ministerios públicos para que los verdaderos hechos no salgan a la luz; aquí nuevamente Jorge Winckler Ortiz faltó a su deber”, sentenció.
Asimismo, detalló que meses antes de la detención de Carlota “N”, comenzó a ser presionada para que formara parte de la estrategia para detener Bravo Contreras; hecho que se concretó en la audiencia inicial donde aseguró que el fiscal especializado en desapariciones, Luis Eduardo Coronel Gamboa, llevó a Zamudio un mensaje del Fiscal: “le dijo que si ella señalaba al director de la Policía Ministerial en hechos de desaparición forzada, ella quedaría libre”.
Además, acusan a Winckler Ortiz de integrar una carpeta de investigación con pruebas falsas; en ese sentido, dijo que su clienta está acusada y detenida por dos únicos testigos de identidad resguardada, señalada de manera anónima.
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A Carlota Zamudio se le detuvo junto a Gilberto Aguirre Garza, exdirector general de Servicios Periciales el pasado 03 de abril, señalado de ordenar la desaparición de cadáveres, que fueron víctimas de las Fuerzas Especiales de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), durante el gobierno de Javier Duarte.
Zamudio fue señalada por haber ordenado presuntamente la alteración de un informe sobre el hallazgo de 19 cuerpos en donde actualmente se encuentra el Centro de Estudios e Investigación en Seguridad (CEIS), en el año de 2016.
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