Xalapa, Ver. - El Fiscal General del Estado, Jorge Winckler Ortiz, acumula cuatro solicitudes de juicio político que tienen como objetivo su destitución e inhabilitación de la función pública. En el Congreso de Veracruz se han recibido y sellado las peticiones de enjuiciarlo, sin embargo, dos de ellas, podrían ya no estar vigentes, de acuerdo con los plazos que establece la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia.

Tres abogados, representantes de exfuncionarios duartistas imputados por el delito de desaparición forzada, y una organización no gubernamental formalizaron la petición de enjuiciar a Winckler Ortiz.

La fracción de Morena, que después de la elección anunció la cacería contra el titular de la FGE, no ha impulsado la dictaminación, incluso, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez Cazarín reconoció que no tienen los votos para sacar adelante el juicio.

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Winckler afecta el correcto despacho de la Fiscalía: ONEA

La solicitud de mayor antigüedad es la de la Organización Nacional Anticorrupción (ONEA) que se presentó el 6 de noviembre, se turnó a comisiones de Gobernación y Justicia y Puntos Constitucionales el 13 de noviembre, y a la fecha no se tiene un dictamen que determine si es procedente o no.

Se agotaron los tiempos de dos juicios

Una vez que se recibe la denuncia, las Comisiones Permanentes Unidas de Gobernación y de Justicia y Puntos Constitucionales determinarán, en el plazo de tres días siguientes: si el denunciado es servidor público conforme al artículo 77 de la Constitución Política del Estado, establece el artículo 19 de la Ley de Juicio Político.

Los grupos de trabajo deberán revisar si la denuncia contiene la descripción de hechos que justifiquen que la conducta atribuida afecta a los intereses públicos fundamentales y a su correcto despacho; y si los elementos de prueba agregados a la denuncia permiten presumir la existencia de la infracción y la probable responsabilidad del denunciado, y por lo tanto amerita iniciar el procedimiento.

Información extraoficial revela que se había citado a las comisiones unidas el pasado 03 de diciembre, pero la reunión de trabajo se pospuso para el 05 de diciembre.

La petición de la Organización Nacional Anticorrupción, que presentó Iván Gidi Blanchet, plantea que Winckler Ortiz es omiso en su función, y ha afectado el interés fundamental y el correcto despacho de la Fiscalía.

Cuando formuló su solicitud no estaban integradas las Comisiones Permanentes, pues los diputados seguían en el cabildeo, y se justificó que el plazo empezaba a correr al momento de instalar los grupos de trabajo.

Los grupos se instalaron el 20 de noviembre, la de Justicia y Puntos Constitucionales; y el 21 de noviembre la de Gobernación, por lo que a más tardar el viernes 25 se tendría que dictaminar la procedencia de la petición.

Reyes Peralta simula la entrega de petición de juicio contra Winckler

La segunda petición la llevó el abogado Jorge Reyes Peralta. El representante del exdirector General de Servicios Periciales, Gilberto Aguirre Garza, anunció la solicitud de juicio contra Winckler Ortiz el 07 de noviembre, incluso, acudió al Congreso local y ofreció una conferencia de prensa.

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El 20 de noviembre regresó a la Cámara local para conocer del trámite que se le dio a su petición en la que acusó tortura en contra de Gilberto Aguirre Garza.

El pasado 26 de noviembre, en la sesión ordinaria del Congreso local, se dio entrada formal a la petición del abogado penalista. Fue el Secretario de la Mesa Directiva del Congreso local, Juan Carlos Moreno Salinas, quien dio lectura al oficio.

Durante la reunión de trabajo la panista Judith Pineda, pidió informar cuándo se presentó la petición del juicio y cuántas solicitudes había formulado el abogado contra el Fiscal General. Moreno Salinas confirmó que solo había una solicitud fechada el 26 de noviembre.

Reyes Peralta se presentó en el Congreso local el 07 de noviembre, según su dicho, para denunciar la tortura en la que incurrió personal del penal de Pacho Viejo, quien, por instrucciones del Fiscal General, Jorge Winckler, intentaban obligar a su cliente Gilberto N, a firmar una falsa declaración.

El boletín 19, emitido por el área de comunicación social de Morena en el Congreso local, confirmó la reunión entre el abogado y Juan Manuel Pozos Castro, Presidente de la Mesa Directiva. Además, que se reafirma que se presentó a la Oficialía de Partes a pedir se iniciara el proceso para inhabilitar a Winckler.

De acuerdo con los plazos establecidos por la ley, a más tardar el 30 de noviembre debían dictaminar las comisiones que presiden las diputadas de Morena, Mónica Robles -de Justicia y Puntos Constitucionales- y Adriana Paola Linares Capitanachi -de Gobernación-.

Piden juicio por no respetar acuerdo de liberar a Bermúdez Zurita

El pasado lunes 03 de diciembre, Rodolfo de la Guardia García, abogado defensor de Arturo Bermúdez, presentó la tercera solicitud de Juicio Político contra el Fiscal General del Estado, Jorge Winckler Ortiz.

A nombre de su representado, fundamentó su denuncia en los delitos de fraude procesal contra Arturo Bermúdez y su familia, pues el Gobernador Miguel Ángel Yunes le ofreció su libertad a cambio de la entrega de bienes inmuebles; por tortura contra su defendido al interior del penal de Pacho Viejo; y la ilegalidad de una investigación y denuncia por desaparición forzada.

El abogado se negó a confirmar si el fraude procesal se atribuía a la promesa de libertad en favor de Bermúdez Zurita; y la denuncia, explicó, alcanza a Jorge Winckler, Fiscal General; al exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares; y al exsecretario de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marié.

Este miércoles 05 de diciembre logró su libertad Arturo Bermúdez, tras el pago de una fianza de un millón de pesos, y podrá seguir en libertad el proceso judicial que se le sigue por el delito de desaparición forzada.

Por su parte el abogado Arturo Nicolás Baltazar presentó la cuarta solicitud de juicio político contra el Fiscal general del Estado, Jorge Winckler Ortiz, por el delito de desaparición forzada.

El Fiscal Jorge Winckler, ordenó levantar a un ex colaborador de Luis Ángel Bravo, a quien privaron de su libertad y lo trasladaron al municipio de Córdoba en contra de su voluntad, para obligarlo a denunciar el paradero del exfiscal, argumentó el abogado.

Ese hecho, configura el delito de desaparición forzada, por lo que insistió que resulta “insostenible” el nombramiento de Jorge Winckler al frente de La Fiscalía General.

Los hechos que denunció el abogado se desarrollaron en el mes de mayo, previo a la elección, cuando se anunció la orden de aprehensión contra Luis Ángel Bravo, quien podría abandonar el penal de Pacho Viejo este jueves 06 de diciembre.

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