Xalapa, Ver. - Senadores de la República sometieron a consideración un punto de acuerdo para exhortar al gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, y a la Fiscalía General del Estado (FGE), para que den participación inmediata a las víctimas y colectivos de personas desaparecidas en las labores de exhumación, recuperación e identificación de 174 restos de personas en 32 fosas clandestinas.

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En el documento presentado por el senador independiente Emilio Álvarez Icaza, apunta que la FGE no atendió con debida diligencia la legislación en materia de víctimas y desaparición de personas, en virtud de que los familiares de desparecidos tienen derecho legal y moral para conocer la carpeta de investigación, las diligencias forenses y visitar el predio en el cual fueron hallados los restos óseos.

El día de ayer, 11 de septiembre, el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, aseveró que el Fiscal General, Jorge Winckler Ortiz, no tiene por qué avisar a familiares y colectivos previo a las diligencias en predios donde se ubiquen fosas clandestinas, señaló que, con ello “no hay ninguna violación a nada”.

Sin embargo, Álvarez Icaza consideró que al reconocer que las diligencias realizadas en la exhumación y recuperación de cuerpos se hicieron sin conocimiento de los colectivos, así como la omisión por no invitarlos a participar, violentó los artículos 20 y 21 de la Ley General de Víctimas.

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Además de los artículos dos, cinco, 70, 92, 99 y 138 de la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que refieren a instrumentar protocolos de búsqueda, la participación de los familiares y el enfoque humanitario en la investigación.

Asimismo, reconoce que “dada la negligencia de las autoridades, han sido los familiares quienes han trabajado en la localización de las fosas clandestinas y en las tareas de búsqueda, se han visto obligados a ser investigadores, especialistas forenses, buscadores en campo, recorriendo, como las propias víctimas y colectivos lo señalan, las playas, las zonas desérticas, los predios baldíos, los cerros y la sierra, las barrancas, del país para rascar la tierra hasta encontrar los indicios de restos humanos entre los que se podría identificar a su ser querido”.

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De esta manera, los senadores apuntan que no es suficiente que el fiscal prometa trasparencia, sino que, como autoridad, tiene la obligación de cumplir los mandatos legales que están establecidos y “que las víctimas y las familias de desaparecidos han logrado con mucho dolor, perseverancia y entrega”.