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UV indaga la existencia de porros en la Facultad de Derecho

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El director de la Facultad, Alejandro de la Fuente, anunció la creación de una comisión que investigará la supuesta agresión a un alumno

Xalapa, Ver.- A casi una semana de que se denunciaron presuntos actos “porriles” al interior de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana (UV), Alejandro de la Fuente Alonso, anunció la creación de una comisión de expertos que se encargarán de investigar los hechos de violencia contra un integrante de la comunidad escolar.

El pasado miércoles 05 de septiembre, un grupo de jóvenes pidió la destitución de Ramsés Cruz del Valle, quien es Vicepresidente de la Mesa Directiva  de la Facultad de Derecho, a quien se le vincula con Sergio Hernández, diputado del PAN y Presidente de la Junta de Coordinación Política, por agresiones contra otro estudiante de la facultad.

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Los jóvenes relataron que Cruz del Valle ordenó golpear a un alumno de primer semestre identificado como Manuel N, el también integrante del Grupo Acción Estudiantil, ligado al partido Acción Nacional en Veracruz, se presume, se encontraba en estado de ebriedad.

Los hechos, según la denuncia, se registraron el lunes 03 de septiembre, cuando un grupo de jóvenes al mando de Ramsés Cruz, golpeó a Manuel, a su mamá y a un profesor, que intentaron defender al estudiante de nuevo ingreso.

Ramsés de la Cruz, se dice protegido del director Alejandro de la Fuente Alonso, quien según su dicho le debe el cargo. También se denunció que el joven ocupa de cobrar cuotas extraoficiales para ayudar a agilizar los trámites en la dirección de la Facultad.

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Ante la denuncia en medios de comunicación, que se retomó este sábado 08 de septiembre por un portal de noticias, la UV emitió un comunicado, firmado por el director de la Facultad de Derecho en el que se compromete a investigar los hechos.

El propio Ramsés de la Cruz, se defendió recientemente al argumentar que él y Manuel, joven al que golpearon, son amigos y que sus diferencias fueron aclaradas en su momento.

Si bien los hechos se habrían mantenido en supuestos, con la intervención de la dirección de la Facultad, el propio director reconoce la necesidad de investigar si grupos organizados de alumnos se dedican a amedrentar a la comunidad universitaria.

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El documento establece que no se permitirán acciones que violente la vida y expresión universitaria, y que rompa con el objetivo sustancial de obtener una educación de calidad. Evitando así caer en provocaciones y refrendando la disposición a la solución pacífica y apegada a derecho de cualquier conflicto.

Para investigar los hechos, se establecieron tres acciones, la integración de un grupo de expertos que determinaran si se dio la supuesta agresión; se asesorará a la comunidad estudiantil en la operación de la Defensoría de los Derechos de los Universitarios; y se llevarán campañas de concientización respecto a la responsabilidad social que tiene la facultad ante la colectividad.