Xalapa, Ver.- Las agresiones y amenazas contra las defensoras de los derechos reproductivos de las mujeres en Vercruz, aumentaron tras la sentencia del Juez que exhortó para que se ampliaran las causales de interrupción legal del embarazo, apuntó el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).

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A través de un comunicado, el OCNF, que se integra por 40 colectivos de 22 estados del país, acusó que luego de la sentencia que calificaron de histórica "hemos documentado diversas agresiones contra integrantes del Frente Veracruzano por la Vida, activistas y defensoras de los derechos de las mujeres, particularmente contra quienes denuncian el feminicidio y los delitos sexuales, y contra quienes defienden los derechos sexuales y reproductivos".

Indicaron que tales agresiones son desde campañas de difamación y desprestigio con lenguaje sexista, machista, calumnias e intimidación, hasta amenazas de agresión física que podría derivar en feminicidio.

Por ello, exigieron al gobierno de Veracruz que tome las medidas necesarias que salvaguarden la vida de las agredidas, investigue la identidad de los autores material e intelectual, además exigieron que se acate la resolución judicial para reformar los artículos 149, 150 y 154 del Código Penal de Veracruz.

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El pasado 3 de julio, el juez décimo octavo de distrito en Veracruz otorgó un amparo a organizaciones de la sociedad civil que se inconformaron por la omisión de la legislatura local al negarse a discutir la reforma al código penal para despenalizar el aborto, que recomendó un gripo de trabajo de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).

Es decir, el amparo 1191/2017 obligaba al Congreso de Veracruz a realizar las modificaciones al Código Penal - con plazo del 31 de julio- para atender las recomendaciones que implica la segunda Alerta de Género para Veracruz por agravio comparado, dadas las violaciones a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Sin embargo, el congreso local recurrió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el argumento de que la resolución violenta el artículo cuarto de la Constitución Política Mexicana, el cual defiende la vida desde el momento de la concepción.  

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