Xalapa, Ver. - La sentencia de un juez que obliga al Congreso local a modificar -antes de que concluya el mes de julio de 2018- el código penal para ampliar las causales del aborto en Veracruz y establecer la semana 12 como fecha límite para interrumpir un embarazo de manera legal, confrontó a feministas, diputados y católicos.

Las integrantes de agrupaciones defensoras de los derechos humanos, que dieron a conocer la sentencia, celebraron la obligación de la cámara de votar un dictamen que garantice los derechos sexuales y reproductivos, la salud, y la vida de las mujeres. En tanto, el vocero de la Asociación Más Vida Más Familia, Arturo Segovia, argumentó que ninguna sentencia judicial puede estar por arriba de la Constitución, que defiende la vida desde la concepción.

El diputado local Gregorio Murillo Uscanga, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la LXIV Legislatura, responsable de uno de los grupos de trabajo que habrá de integrar el documento para modificar el código penal veracruzano, estableció que el someter a votación dicho dictamen -acatando la sentencia de un Juez Federal- depende de la voluntad política de la mayoría.

El legislador panista dijo que proponer los cambios de los artículos 149, 150 y 154 del código penal, tal como lo establece el mandato judicial, no establece el sentido del voto de los integrantes de la Cámara local. Aún y cuando se vote un nuevo dictamen, los artículos podrían permanecer igual.

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Este jueves 05 de junio, activistas informaron que el juez Décimo Octavo de Distrito en Veracruz, con sede en Xalapa, otorgó el amparo 1191/2017 a organizaciones de la sociedad civil que reclamaron una omisión de los diputados locales que se negaron a reformar el Código Penal

La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), emitió algunas observaciones el 06 de diciembre de 2016 con motivo de la segunda alerta de género por agravio comparado, mismas que se admitieron por los tres órdenes de gobierno y aceptaron que la reforma sería en los términos de la recomendación.

En cambio, la Cámara local incurrió en omisión legislativa pues se sometió a votación un dictamen y pese a que atendía lo sugerido por el organismo nacional la mayoría de los diputados -PAN-PRD-PRI- coincidieron que era improcedente el acuerdo y no se modificó el código penal.

“Las modificaciones se referían a la interrupción legal del embarazo, la aplicación de la norma 046, así como reformar los artículos 149, 150 y 154 al código penal, lo cual permitía que el aborto sería delito después de la décima segunda semana de gestión, que se contemple la causal por peligro en la salud de la mujer, y que no se establezca plazo para cuando el embarazo sea producto del aborto”, se informó en conferencia de prensa.

Ante la postura de los diputados, en su mayoría panista, que declararon que los ideales de su partido promueven la vida, las organizaciones Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios; Justicia, Derechos Humanos y Género AC; Colectivo Feminista de Xalapa; y Colectivo Akelarre, presentaron un amparo, por las omisiones legislativas, al considerar que eso vulnera derechos humanos.

En ese sentido, un Juez de distrito ordenó que se cumpla con la obligación establecida en la Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado del 13 de diciembre.

Los diputados locales deben modificar el artículo 149,150 y 154, conforme a lo que marca la recomendación “y lo tendrá que hacer antes de que termine el periodo ordinario de sesiones de este año, esto es, deberá quedar antes del 31 de julio”, explicó Monserrat Díaz, del Colectivo Feminista de Xalapa.

Congreso no ha sido notificado del mandato judicial

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El presidente de la Comisión de procuración de justicia del congreso local, José Luis Enríquez Ambell, confirmó que, hasta este jueves 05 de julio, a la Cámara no le habían notificado la sentencia y no conocía el sentido de esta.

El trámite jurídico, le permite a la cámara pedir una revisión a la sentencia y eso les daría más tiempo a los legisladores para atender la determinación del Juez de Distrito.

El panista mencionó que la resolución se tendrá que acatar en el sentido que establece el juzgador, sin margen a interpretaciones de los diputados.

Se requiere de voluntad política para acatar la sentencia: diputado

Contrario a lo planteado por su compañero, el diputado local, Gregorio Murillo Uscanga, aseguró que el atender la sentencia, no determina el sentido de su voto. “No puede, ningún organismo, obligar al Congreso a tomar una determinación en uno y otro sentido (…) nos puede recomendar discutir un tema, pero no nos puede decir en qué sentido votar, sería antidemocrático”, opinó en entrevista para E- Consulta Veracruz.

El panista planteó la obligación de hacer valer la autonomía de un poder; consideró que la opinión del juez no es absoluta, pues si bien está salvaguardando un derecho de las mujeres, hay otro grupo de la población -el católico-, que no respalda el aborto.

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 “No nos están jalando las orejas (…) no es una voz unánime lo que está planteando un juez, es un sector de la población que es muy respetable, que hay que escuchar, pero hay que reconocer que hay un sector amplio que opina diferente, y los diputados representamos a toda la sociedad”.

A la actual Cámara le restan cuatro meses en funciones, y dijo que se requiere de la voluntad política de los coordinadores de los grupos legislativos para votarlo en el pleno, “hay tiempo suficiente”.

A la Iglesia no le preocupa la sentencia del Juez

El representante de la Agrupación Más Vida, Más Familia, Arturo Segovia, opinó que la sentencia del juez de distrito no puede estar por encima de la Constitución.

Aseguró que el Poder Judicial estaba obligado a emitir una sentencia, pero esta carece de valor al momento que se contrapone con el artículo 4to de la Constitución de Veracruz, que defiende la vida desde la concepción y hasta la muerte natural.

“Ninguna ley menor, ni ningún juicio civil o penal, está por arriba de la Constitución, es una situación de procedimiento y de sentido común. Las organizaciones que reclaman tienen sus principios teóricos en materia legal, pero no va más allá, cuando la Suprema Corte tiene establecido el caso de Veracruz, será un acumulado más”.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó una acción de inconstitucionalidad, cuando la pasada Cámara validó la defensa de la vida, y a la fecha los ministros de la Corte no han analizado el tema.

IVM pide a diputados legislar en apego a derechos humanos

Mónica Robles, integrante del Consejo Social del Instituto Veracruzanos de la Mujer (IVM), planteó que la sentencia del Juez de Distrito es un claro llamado de atención a los legisladores de cumplir con su obligación legal. 

“Es un hecho histórico que un Juez obligue a los diputados a que legislen no de acuerdo con creencias personales e ideologías, sino de acuerdo con la ley, que obliga a garantizar los derechos humanos de las mujeres y las niñas”.

La virtual diputada plurinominal por MORENA, aclaró que la sentencia es clara y establece el sentido del voto de los diputados, además de que no se contrapone a la Constitución, pues la misma ley contempla algunas excepciones, “si deja la puerta abierta”.