Xalapa, Ver.- Gilberto Aguirre Garza, exdirector general de Servicios Periciales fue capturado la tarde de este 03 de abril en Xalapa, Veracruz. El exfuncionario es señalado de ordenar la desaparición de cadáveres, que fueron víctimas de las Fuerzas Especiales de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), durante el gobierno de Javier Duarte.

De acuerdo con fuentes policiales, junto con Aguirre Garza también fue aprehendida Carlota Zamudio Parroquín, exdelegada regional de la Policía Ministerial de la zona centro, Xalapa. A ambos se les acusa por el delito de desaparición forzada y serán trasladados al penal de Pacho Viejo, en Coatepec.

La carrera de Aguirre Garza -hombre cercano al ex fiscal general Luis Ángel Bravo Contreras- inició en el sexenio de Fidel Herrera Beltrán, como Director General de Control de Procesos de la extinta Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

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En el sexenio de Javier Duarte consiguió su cargo de mayor rango -pasando antes como Jefe del Departamento de Investigaciones Ministeriales, de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y Fiscal de Distrito de Xalapa. El 18 de marzo de 2014 fue nombrado director general de Servicio Periciales, bajo las órdenes de Bravo Contreras. 

Durante su gestión, Aguirre fue señalado de encabezar exhumaciones e inhumaciones, cuestionadas por irregularidades, y además sería uno de los responsables de la presunta pérdida de reactivos para las muestras de ADN que retrasó la identificación de cadáveres hallados en fosas clandestinas de la entidad.

El pasado que persigue a Aguirre Garza en tema de desaparecidos

Uno de los casos más emblemáticos en la entidad sobre el tema de desaparecidos es el de Gemma Mávil Hernández, una joven de 29 años secuestrada el 03 de mayo de 2011 y encontrada sin vida en agosto del mismo año.

De acuerdo con investigaciones que forman parte de la carpeta de investigación 844/2011 el cuerpo de la joven junto con el de otras dos personas fueron inhumados en la fosa común del panteón Palo Verde, en Xalapa, a finales de 2011, sin embargo, luego de tres exhumaciones públicas sus restos no fueron localizados.

Al cuerpo de Gemma no le fue realizado el perfil genético y sus datos no pudieron ser cotejados con la información de sus padres. Fue hasta 2016, mediante averiguaciones ministeriales, cuando Pedro Mávil se enteró que su hija había perdido la vida a consecuencia de un plagio.

“Hasta 2016, las autoridades de la Fiscalía nos confirmaron que se trataba del cuerpo de mi niña, en virtud de que se realizaron los perfiles genéticos de mi esposa, de un servidor y de mi niña”, explicó a E-Consulta Veracruz.

A raíz de ese descubrimiento, el entonces Fiscal de Veracruz, Luis Ángel Bravo Contreras aseguró a los agraviados que “voltearían el Panteón Palo Verde, si era necesario, hasta encontrar a Gemmita”. Sin embargo el funcionario mentía, pues ocultó que desde 2015, bajo la dirección de Gilberto Aguirre, se practicaron dos exhumaciones no registradas en Palo Verde. Pero el cuerpo de Gemma no estaba.

Posterior a la declaración de Bravo Contreras se realizaron tres exhumaciones públicas en el mismo lugar durante los meses de junio, julio y agosto de 2016. En el sitio donde, según autoridades, fue inhumada Gemma Mávil, únicamente fueron halladas las osamentas de dos hombres. A la fecha el caso sigue impune.

El 23 de febrero de 2017, las madres, integrantes de colectivos de desaparecidos, señalaron a Gilberto Aguirre Garza y a Luis Ángel Bravo Contreras por simular tomas de muestras genéticas, mismas que nunca fueron procesadas ni comparadas con los cadáveres hallados en fosas clandestinas.

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De acuerdo con las madres inconformes, de un total de 3 mil 600 denuncias por personas desaparecidos que han sido reconocidas por el gobierno de Veracruz, únicamente hay registro de 276 perfiles genéticos, de los cuáles se desconoce su ubicación, pues no fueron integrados al banco estatal de muestras.

Aguirre Garza fue acusado por la presunta simulación en el procesamiento de perfiles, y de enviar cuerpos no identificados a fosas comunes. Las mujeres solicitaron una investigación por las vías administrativa y legal en contra de los funcionarios que resultaran responsables.

Aguirre Garza, ratificado por Yunes Linares; colectivos exigieron su renuncia

Pese a los señalamientos contra Aguirre Garza, solo fue removido de puesto y ocupó el cargo de fiscal regional de la zona centro, Córdoba, en la administración de Miguel Ángel Yunes Linares. Uno de sus últimos casos que dirigió fue el asesinato del reportero cordobés, Ricardo Monlui Cabrera.

El 22 de marzo de 2017, madres de 13 colectivos de familiares de desaparecidos sostuvieron una plática en la Parroquia de Nuestra Señora de La Merced en Veracruz con el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, misma que fue mediada por el sacerdote Alejandro Solalinde Guerra.

Abiram Hernández Fernández, acompañante del grupo Buscando a Nuestras Desaparecidas y Desaparecidos Veracruz, exigió al gobernador que se fincara responsabilidad contra Aguirre Garza, involucrado en la presunta pérdida de reactivos para las muestras de ADN y que, criticó, fue ascendido como fiscal regional de Córdoba.

“A este funcionario, encargado de la Dirección de Servicios Periciales no se le sancionó por sus cochinadas, al contrario, el Fiscal Jorge Winckler lo premió y lo ascendió de puesto”, espetó el también abogado del colectivo.

Un día posterior a la reunión, el 23 de marzo de 2017, el funcionario presentó su renuncia, dijo, para no intervenir en el proceso de investigación sobre la recolección de datos genéticos -que se hicieron perdidizos- a familiares de desaparecidos durante su gestión. Asimismo, negó dichos señalamientos en su contra.

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