Xalapa, Ver. – A casi dos años de la desaparición forzada de cinco jóvenes en Tierra Blanca, 11 civiles vinculados al Cartel de Jalisco Nueva Generación y ocho expolicías estatales fueron imputados por el delito de delincuencia organizada y enviados al penal de máxima seguridad de Gómez Palacio, Durango.

Bernardo Benítez Herrera, padre de uno de los jóvenes originarios de Playa Vicente, confirmó que las 19 personas, incluido el exdelegado de la Secretaría de Seguridad Pública Marcos Conde Hernández, fueron consignadas por delincuencia organizada bajo la causa penal 09/2017.

“Fue un año y medio exigiendo y apenas lo logramos. Ha sido todo bien difícil, pero no aflojaremos pues el proceso sigue. Sabemos que las autoridades apuestan al olvido y a que se te vaya haciendo más lenta la situación. Si no presionas todo el tiempo no se logra nada”, refirió el padre.

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Aunado a esta nueva imputación, los 19 involucrados en el caso Tierra Blanca continuarán su proceso en el fuero común por desaparición forzada y homicidio doloso en agravio de Bernardo Benítez Arroniz, José Benítez de la O, Mario Arturo Orozco Sánchez, José Alfredo González Díaz y Susana Tapia Garibo.

Cabe recordar que cuatro expolicías imputados obtuvieron un amparo para continuar su proceso en libertad luego de que magistrados del Poder Judicial de la Federación concluyeran que su detención fue realizada de manera ilegal. “Pero se les apestó”, acotó Benítez Herrera. 

Antes de que el amparo surgiera efecto en favor de los ex elementos de la SSP, a los 19 involucrados les fueron giradas órdenes de aprehensión por delincuencia organizada que fueron ejecutadas el 02 de diciembre en el penal de Cosamaloapan, donde permanecían recluidos.

Benítez Herrera, refirió que, en noviembre pasado, las cinco familias afectadas se reunieron en la Ciudad de México con Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, para externar su preocupación de que los 19 detenidos permanecieran en el penal de Cosamaloapan, al asegurar que ahí “están como en su casa”.

PGR reculó e imputó a 19 por desaparición forzada

El 16 de diciembre de 2016, la Delegación Estatal de la Procuraduría General de la República (PGR) se declaró incompetente para fincar responsabilidades a los 19 detenidos por actos de delincuencia organizada.

Mediante un acuerdo firmado por el Ministerio Público de la Federación, dentro de la Averiguación Previa AP/PGR/VER/II/46/2016, la PGR argumentó que del contenido proporcionado por la Fiscalía General del Estado (FGE) únicamente se desprendía la comisión de delitos del orden local (fuero común).

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El 28 de diciembre del año 2016 las familias promovieron el juicio de amparo 1301/2016 del Juzgado Quinto de Distrito en contra del acuerdo antes señalado, amparo que fue concedido en favor de las víctimas mediante el recurso de Revisión interpuesto ante el Segundo Tribunal Colegiado de circuito.

Celestino Espinoza Rivera, abogado de las cinco familias, consideró que en la primera instancia no fueron considerados los hallazgos en el rancho El Limón, donde los cinco jóvenes fueron torturados y asesinados.

Entre los indicios recabados por la Policía Científica, de la Policía Federal hubo 3 mil fragmentos humanos, así como vehículos automotores de carga, válvulas abrazaderas, tanques con restos de diésel y demás implementos empleados en el robo de hidrocarburos.

“Ahora vamos por Arturo Bermúdez”

Bernardo Benítez, dijo que además de continuar atentos a los procesos que enfrentan 19 personas, también presionarán al gobierno de Veracruz para que Arturo Bermúdez Zurita, exsecretario de Seguridad Pública en el gobierno de Javier Duarte, sea consignado por desaparición forzada.

“Queremos que Arturo Bermúdez sea juzgado por omisión o porque era parte del mismo grupo que nos quitaron a nuestros hijos. Tenemos una denuncia por desaparición forzada, esperamos que haya voluntad de las autoridades de Veracruz”, concluyó.  

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