Xalapa, Veracruz.- Existe un indicio en la desaparición forzada de cinco jóvenes en Tierra Blanca, en enero de 2016, que presenta una relación entre la fosa de Colinas de Santa Fe y el rancho El Limón, campos de exterminio presuntamente utilizados por la delincuencia organizada y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

En la carpeta de investigación FGE/FIM/IM/01E/2016 se establece que el automóvil donde viajaban los cinco jóvenes de Playa Vicente, un Jetta color gris, placas 566-XNS, propiedad de Mario Arturo Orozco Sánchez -uno de los desaparecidos en Tierra Blanca-, fue abandonado en una gasolinera ubicada en el crucero Santa Fe, a solo cinco kilómetros del fraccionamiento Colinas de Santa Fe, donde hoy yace la fosa más grande de América Latina.

Colinas de Santa Fe. Foto: Sergio Hernández

De acuerdo con las declaraciones contenidas en esta carpeta de investigación, el policía Otoniel C. recorrió 98 kilómetros desde Tierra Blanca -el lugar donde fueron detenidos y sustraídos los cinco jóvenes de Playa Vicente- hasta el municipio de Medellín de Bravo, donde abandonó el vehículo. Más tarde su responsabilidad fue comprobada con su huella dactilar que quedó grabada en el retrovisor derecho.

Medellín de Bravo, colinda con el puerto de Veracruz, y fue uno de los seis municipios donde el grupo de ocho policías que privaron la libertad de los cinco jóvenes de Playa Vicente trabajó en conjunto, siempre a las órdenes del subdelegado Marcos Conde Hernández, señalado en diversas denuncias por este tipo de delitos.

Conde Hernández, ingresó a la SSP el 1 de noviembre de 2012 como comandante en el municipio de La Antigua, a 15 kilómetros del predio Colinas de Santa Fe, donde hasta la fecha han sido exhumados 250 cráneos. A su llegada, los reportes de desapariciones comenzaron a ser denunciados ante la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJ).

Uno de esos reportes de desaparición ocurrió el primero de diciembre de 2012, cuando ocho jóvenes fueron privados de su libertad en la Colonia Madero mientras jugaban fútbol. Testigos señalaron a un grupo de policías estatales como los responsables. Sin embargo, las investigaciones no caminaron en favor de los afectados.

En el mismo municipio, pero el 15 de abril de 2013, el entonces fiscal Pedro Huesca Barradas y su oficial secretario Gerardo Montiel, fueron privados de su libertad por un comando armado. Más tarde, sus restos fueron localizados en colinas de Santa Fe. Según las investigaciones, en este crimen también participaron elementos de la SSP.

Los ex elementos de la SSP detenidos por este caso describieron en una declaración la geografía del cementerio clandestino, anexo al fraccionamiento Colinas de Santa Fe.

Según las investigaciones ministeriales por el caso Tierra Blanca, Marcos Conde Hernández, y su grupo de escoltas fueron reincidentes en agresiones practicadas entre 2011 y 2016 en las regiones de La Antigua, Medellín de Bravo, Rodríguez Clara, Martínez de la Torre, Xico y Tierra Blanca.

Así lo confirmaron también los testimonios de Amanda Gasperín Bulbarela, alcaldesa de Rodríguez Clara y Abdón Márquez Márquez, alcalde de Playa Vicente, quienes notificaron al entonces titular de la SSP, Arturo Bermúdez Zurita, presuntos hechos arbitrarios a cargo de Conde Hernández y su equipo.

Incluso, el alcalde de Playa Vicente narró a este reportero que, durante una reunión de presidentes municipales priistas, solicitó de manera atenta a Bermúdez Zurita el cese de Conde Hernández. El exfuncionario contestó que estuviera tranquilo, días después, el subdelegado únicamente fue cambiado de jurisdicción.

El 11 de enero de 2016, los mismos policías de la SSP bajo el mando de Conde Hernández interceptaron a cinco jóvenes originarios de Playa Vicente, quienes regresaban de un fin de semana en Veracruz. Los ex oficiales esposaron a sus víctimas, y entregaron posteriormente a una célula del crimen organizado.

De acuerdo con versiones contenidas en la carpeta de investigación, los jóvenes fueron trasladados al rancho El Limón, ubicado en el municipio de Tlalixcoyan, donde les dieron muerte y posteriormente quemaron en hornos clandestinos. En el predio, tras investigaciones de la Policía Científica, de la Policía Federal Roberto Campa Cifrián, Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, confirmó el hallazgo de restos carbonizados de 400 personas.

Rancho El Limón. Foto: Sergio Hernández

Colinas de Santa Fe y El Limón: “exterminio sistemático con autorización u omisión de Bermúdez”

“Exterminios masivos y sistemáticos como los que hubo en Colinas de Santa Fe y en el Rancho El limón solo se logran a través del estado; de un aparato organizado, con poder, donde los superiores jerárquicos tienen responsabilidad”, considera Celestino Espinoza Rivera, abogado del caso Tierra Blanca.

A petición de las familias de los jóvenes desaparecidos -el pasado 09 de febrero de 2017- el litigante amplió una denuncia destacando pruebas presuncionales, las cuales servirían para fincar responsabilidades en contra de Arturo Bermúdez y otros cuatro altos mandos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) por el delito de desaparición forzada.

Lucía de los Ángeles Díaz Henao, vocera del Colectivo Solecito, también hizo lo propio, y envió a la Fiscalía General casos denunciados por familias de personas desaparecidas, en los que servidores públicos figuran como presuntos responsables de diversas desapariciones. Entre los mandos señalados se encuentra Marcos Conde y Arturo Bermúdez Zurita, este último preso en el penal de Pacho Viejo acusado por tráfico de influencias, incumplimiento de un deber legal y peculado.

“Si los cadáveres en Colinas de Santa Fe se encontraron embolsados -en un 90 por ciento-, fueron sepultados a dos metros de profundidad; allí aparecieron el ex fiscal Pedro Huesca Barradas y a su oficial secretario Gerardo Montiel -en cuya desaparición participaron elementos de la SSP-, ¿Cómo es posible que el responsable de esos policías sigan sin ser señalado porque son “meras presunciones?”, opinó Espinoza Rivera.

“Fiscalía es incapaz o encubre a Bermúdez Zurita por desaparición forzada”

El abogado por el caso Tierra Blanca, también reprobó las declaraciones de Jorge Winckler Ortiz, Fiscal General del Estado, quien aseguró que Bermúdez Zurita no puede ser procesado por desaparición forzada porque  “no hay un señalamiento directo, solo una presunción” en su contra.

Espinoza Rivera consideró que con sus declaraciones, el Fiscal desestimó la prueba presuncional emitida por los padres de Playa Vicente, el pasado nueve de febrero de 2017, que para el Sistema Penal pasado es válida como material probatorio; además de ser considerada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“Jorge Winckler dice que lo de nosotros solo son presunciones, pero él sí pudo hacer presunciones al afirmar que era imposible que las autoridades no supieran del cementerio clandestino en Colinas de Santa Fe”, criticó Espinoza Rivera.

Y dijo en que "en el asunto de los jóvenes de Playa Vicente, no se necesita un señalamiento directo, pues nadie en su sano juicio iba a decir que mató a 20 personas porque se lo ordenó Arturo Bermúdez, a quien le apodaban "Capitán Tormenta". Además, afirmó que "Las autoridades están acostumbradas a depender de testimonios y confesiones porque no saben valorar las pruebas materiales o encubren al ex secretario de Seguridad Pública”.

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