ESTÉFANA MURILLO

El Senado de la República avaló en comisiones la Ley de Seguridad Interior, con nueve modificaciones respecto al proyecto que envió la Cámara de Diputados, adecuaciones que partidos de oposición y miembros de ONG consideran "cosméticas".

Pese al intento de senadores del PRD y PT-Morena de suspender la discusión del dictamen, en sesión de las Comisiones Unidas de Gobernación, Defensa Nacional, Marina y Estudios Legislativos Segunda, los senadores del PRI, Partido Verde y algunos legisladores del PAN dieron su aval al dictamen que será discutido esta misma noche en el Pleno de la Cámara alta, donde la izquierda se reservó los 34 artículos y los cuatro transitorios para discutirlos uno a uno.

Se prevé que las reservas sean desechadas por lo que la Ley de Seguridad Interiorquedaría aprobada con modificaciones para regresarla de manera inmediata a San Lázaro donde se estarían autorizando los cambios. La intención es que antes del cierre de periodo (15 de diciembre) el Congreso envíe al Ejecutivo Federal, para su publicación y entrada en vigor, este proyecto que autoriza la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública a petición del Presidente de la República.

De acuerdo con la versión final del dictamen avalado, se modificaron nueve de 34 artículos (1, 7, 8, 9, 10, 16, 21, 22 y 26) adecuaciones, que a decir de legisladores del PRD y PT-Morena así como organizaciones no gubernamentales, carecen de sustancia y no "corrigen" los apartados más preocupantes del proyecto.

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Por ejemplo, se deja intacto el artículo 15 que abre la posibilidad para que el Presidente de la República otorgue una prórroga indefinida a la intervención de las Fuerzas Armadas en un territorio para asumir tareas de seguridad.

Y aunque se hace una modificación al artículo 8, se mantiene vigente el que las fuerzas castrenses serán las que determinen si una protesta social o de carácter político electoral se considera "pacífica" pues de lo contrario estarían autorizadas a intervenir.

Los detractores de esta ley aseguran que tampoco se generan contrapesos adicionales de derechos humanos, pues el artículo 12  sólo obliga a que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sea notificada cuando se efectúe una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior.

Bancadas contraponen posturas

Durante el debate en comisiones Benjamín Robles Montoya (PT), presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda se pronunció en contra del proyecto tras advertir que las modificaciones son insuficientes y carecen de fondo.

"El proyecto sólo propone modificar nueve de 34 artículos y cuarto transitorios con ello se intenta cubrir la inconstitucionalidad de la ley (...) estos cambios son insuficientes pues evidentemente no generan ningún control adicional o extraordinario de supervisión en materia de derechos humanos que fue precisamente lo que propusieron los organismos internacionales e instituciones académicas que estuvieron aquí en el Senado" expresó.

En su turno el coordinador del PRD, Luis Sánchez Jiménez, quien presentó un voto en particular una vez que llegue el proyecto al Pleno, coincidió en que las modificaciones al proyecto originalmente enviado por la Cámara de Diputados no resuelve las preocupaciones de todos los actores que se han pronunciado en contra de esta Ley de Seguridad Interior.

"Con esto no se resuelve absolutamente nada de lo que se dice se pretende resolver (...) hablemos con la verdad, las propuestas que se hacen para tratar de ajustar esta ley, estas modificaciones a nueve artículos, son una tomadura de pelo, son básicamente algunas adecuaciones técnicas, algunas remisiones a la Constitución que no cambian absolutamente nada el sentido de esta ley".

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Desde el PRI, el senador José María Tapia defendió que la Ley de Seguridad Interior no representa la militarización del país sino que pretende dar certeza jurídica a la ciudadanía y a las Fuerzas Armadas que deberán actuar con absoluto respeto a los derechos humanos.

Cabe resaltar que esta ley busca resolver un problema que comenzó hace muchos años y que sin duda es urgente para la resolución en el corto plazo (...) Cierto es que ante la aprobación de esta ley siempre existirán planteamientos necesarios y válidos y estoy seguro que sin duda son muy sanos al hacerlo, pero la ciudadanía puede estar tranquila, el Estado mexicano actuará con nuevos instrumentos jurídicos encaminadas a fortalecer nuestro andamiaje constitucional.

Roberto Gil Zuarth del PAN, sostuvo que esta legislación busca cerrar las brechas de discrecionalidad en el uso de la fuerza por parte del estado mexicano así como evitar el "uso caprichoso" del Ejército.

"De eso se trata la Ley de Seguridad Interior, de establecer claramente los supuestos en los que el presidente puede ejercer la facultad para disponer de las fuerzas armadas, fijar el plazo específico de intervención y sobre todo que la intervención tiene como propósito dar espacio y tiempo a la autoridad local para reconstruir sus propias capacidades".

Presión internacional

La mañana de este miércoles, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidieron de forma urgente al Estado mexicano abstenerse de aprobar la ley que reglamenta la participación de militares en el combate al crimen organizado.

Y al igual que hiciera el presidente Enrique Peña Nieto el viernes pasado, exigieron abrir un diálogo nacional sobre el modelo de seguridad nacional.

Aun cuando se han hecho públicos algunos cambios que se aplicarían al proyecto de ley, advirtieron, la Ley de Seguridad Interior sigue presentando aspectos altamente preocupantes para la vigencia y respeto de los derechos humanos en México.

Destacaron además la envergadura de las observaciones hechas al proyecto, así como la diversidad de las voces en contra.

"Resulta indispensable la materialización de una deliberación amplia, honesta e inclusiva que atienda de manera efectiva los múltiples señalamientos formulados, en el marco del respeto a la dignidad humana", agregaron.

La ONU-DH y la CNDH sostuvieron que el pedido de abstención busca que el estado mexicano atienda "a sus obligaciones constitucionales y convencionales relativas a la preservación y defensa de los derechos humanos".

Según cifras oficiales, la ola de violencia ligada al combate del narcotráfico en México ha dejado desde 2007 más de 196 mil muertos y 30 mil desaparecidos.

La CNDH anunció que prepara una acción de inconstitucionalidad en caso de que el proyecto sea aprobado por el Congreso.

Con información de La Silla Rota

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