Organizaciones de la sociedad civil que integran el colectivo "Seguridad sin guerra" y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), iniciarán encuentros para analizar y preparar una acción de inconstitucionalidad ante la inminente aprobación de la Ley de Seguridad Interior.

En medio de los esfuerzos para persuadir al Senado de frenar el proyecto que legaliza la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, en el que no se contemplan mecanismos de control claros ni contrapesos, se busca una ruta alterna para impedir que entre en vigor.

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En entrevista con La Silla Rota, María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, una de las más de 260 organizaciones que integran el colectivo "Seguridad sin Guerra", informó que se han tenido acercamientos con la CNDH y con su titular Luis Raúl González Pérez, quien manifestó abierta disposición a analizar la promoción de una acción de inconstitucionalidad al ser el organismo facultado para controvertir esta ley en caso de que se apruebe.

Se agotarán todas las vías

Aunque indicó que seguirán firmes en esta batalla, María Elena Morera aseguró que están dispuestos a analizar y agotar todas las vías para impedir la implementación de la ley que los senadores prevén avalar la próxima semana para enviarla al Ejecutivo Federal.

“En este momento lo importante es toda la presión que están recibiendo (los senadores) de organismos internacionales, de la CNDH, de las organizaciones, pero si de todas formas la aprueban, porque todo puede pasar en momentos como el que estamos viviendo, vamos a ver a los abogados para estudiar acciones de inconstitucionalidad, estas no las podemos pedir nosotros, pero la CNDH sí".

Señaló que debe esperarse a que concluya el proceso de aprobación no obstante adelantó: "Nosotros ya estamos hablando con ellos, yo me comuniqué con el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos diciéndole nuestra preocupación y que se abriera esa vía, su respuesta fue que "lo vamos a estudiar". Ellos también ya están viendo esa posibilidad porque también les preocupa todo lo que está mal en la ley".

Procede acción de inconstitucionalidad

La acción de inconstitucionalidad es un recurso legal que se tramita ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por medio del cual se denuncia la posible contradicción entre la Constitución y el contenido de una ley, tratado internacional, reglamento o decreto.

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En caso de que el máximo órgano de justicia determine que se contrapone a los preceptos constitucionales (como lo advierten los organismos nacionales e internacionales), al concederle a las Fuerzas Armadas mayores facultades de las que establece la Carta Magna, se podría dejar sin efecto esta legislación.

De acuerdo con Alfredo Lecona, vocero de "Seguridad sin Guerra", esa es la vía a la que están apostando en caso de que las alertas y exigencias al Senado se queden sin efecto. "Si esto se aprueba como parece que va a ser, definitivamente no termina ahí, no nos vamos a ir a nuestras casas a descansar viendo como militarizan el país y abren más la brecha entre la paz y la guerra. Vamos a solicitar a la CNDH un recurso de anticonstitucionalidad", advirtió.

Las acciones de inconstitucionalidad pueden ser promovidas, por el 33% de los integrantes de alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, dentro de los treinta días siguientes a la publicación de la norma. También pueden promover acciones de inconstitucionalidad el Procurador General de la República; así como la CNDH, que en este momento se perfila como la opción más viable. 

CNDH coincide en impugnar ley

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), no ha sido ajena a la preocupación expresada por diversos entes y organismos, por lo que su propio titular, Luis Raúl González Pérez, coincidió en la necesidad de revisar la constitucional de esta ley al advertir que parte de su contenido podría implicar afectaciones a los derechos humanos.

En últimas declaraciones a la prensa pidió a los legisladores a actuar con "la mayor prudencia" ante un tema de gran relevancia como lo es la seguridad nacional.

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Aunque explicó que debe esperarse a que concluya el trámite a la Ley de Seguridad Interior para analizar su contenido final, confirmó que de contravenirse los principios constitucionales el organismo tiene "la facultad de acción de inconstitucionalidad" y estará dispuesto a aplicarla "dependiendo de que la aprueben y cómo la aprueben".