Xalapa, Ver. – Cuando todos en casa dormían, cuando en la colonia San Juan lo que había era silencio, hombres armados acabaron con la tranquilidad de una familia. “Se mueven y les vuelo la cabeza, hijos de la chingada”, advirtieron los personeros mientras privaban la libertad de Emileny Carrera Tinoco, se la llevaron descalza, en bata, con la mirada fija al suelo mientras sus hijas clamaban clemencia.

La escena se registró el 11 de octubre de 2017, en el municipio de Isla, Veracruz, tierra natal del diputado federal priista Érick Lagos Hernández. Dos mujeres, una de ellas menor de edad, solicitan en redes sociales noticias sobre el paradero de su madre, a quien no han visto desde hace ocho días.

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“Pusimos la denuncia desde el primer día en que se la llevaron, pero no han hecho nada. En la agencia del ministerio público -de Isla- nos dijeron que lo habían pasado a la delegación de San Andrés. Desde entonces nadie se comunica con nosotros”, se lamenta Cristina, una de las hijas.

La entrevistada, se remonta a la madrugada del 11 de octubre, cuando su madre regresaba de la ciudad de Xalapa donde dos días antes había completado algunas diligencias relacionadas con su negocio dedicado a la compraventa de aguardiente y alcohol a granel.

“Mi mamá llegó de Xalapa a las 4:35 de la mañana. Se cambió su pijama y las cinco personas que vivimos en casa regresamos a las recámaras. Estábamos durmiendo cuando se escucharon disparos en la puerta”, relata la joven a quien los recuerdos le roban algunos suspiros.

De acuerdo con el peritaje pericial, en la casa de la familia Carrera Tinoco se recogieron 14 proyectiles 9 milímetros –de armas R15-, con lo que los encapuchados forzaron el cerrojo de la vivienda.

“Mi mamá me pedía que me agachara, que nos metiéramos al cuarto. Les preguntaba a esas personas que a quién buscaban. Que por favor dejaran de disparar porque adentro había niños, pero no hacían caso”, agrega Cristina.

Emileny abrió la puerta y en una especie de hilera militar ingresaron ocho personas. Todos encapuchados, recuerda Cristina, de cuerpos atléticos y “con un acento jarocho”. Unos tres gritaban mientras el resto se apuntaba las sienes de los cinco familiares. “Se mueven y les vuelo la cabeza, hijos de la chingada”, era la advertencia.

De acuerdo con la joven, los personeros buscaron objetos de valor por toda la casa, removieron cajones de ropa, rompieron vidrios. Mientras dos de ellos tomaban del hombro a la madre y la sometían contra la pared los demás se dieron tiempo para hurtar un estéreo, un anillo de oro y 270 pesos.

“A mi esposo le dijeron que buscara las llaves de los carros, él les decía que estaban equivocados, pero le dijeron con groserías que se callara y le pegaron un golpe en la espalda, no sabemos si fue con la pistola, pero le dejó cuatro hoyitos”.

Emileny no opuso resistencia y se la llevaron con lo único que tenía consigo: un short naranja, una blusa y una bata azul. De su casa los sujetos armados también hurtaron su celular y el vehículo de la mujer de 38 años, un Jetta color blanco.

Según referencias de vecinos, afuera del domicilio había más sujetos armados, quienes llegaron repartidos en tres carros compactos. El comando cumplió su cometido en cuestión de minutos, menos de cinco calcula Cristina.

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Llamar a la policía de Isla, “¿para qué?”

A Cristina se le pregunta si tras los hechos llamaron a la policía, la joven responde con indiferencia. “Ellos solitos llegaron a la hora. Aunque para qué les hubiéramos llamado, los hombres que se llevaron a mi mamá siento que les hubieran ganado”.

La respuesta de Cristina invita a la reflexión sobre la seguridad en el municipio de la Cuenca del Papaloapan, poderoso exportador de ganado, caña, y cítricos como la piña, que desde el gobierno de Fidel Herrera Beltrán cobró fama por ser una guarida de integrantes del Cartel de los Zetas.

Cristina refiere que en su vivienda se apersonaron ocho sujetos armados hasta los dientes. En contraste la plantilla de policías municipales -en el turno de la mañana- no supera los 12 elementos; cinco designados al cuidado de ranchos, uno en la entrada del palacio donde atiende el alcalde Fernando Molina Landa, mientras que el resto, seis agentes, se reparten la protección de unos 45 mil habitantes.

Cristina también duda que los vehículos donde huyeron los captores de su madre, fueran alcanzados por las dos patrullas con las que cuenta el municipio “una de ellas seminueva y otra ya destartalada que la gente ve cómo los policías tienen que arrancar al empujón”.

El municipio también es vigilado por una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) que realiza rondines a lo largo de todo el distrito de Rodríguez Clara, que comprende los municipios de Rodríguez Clara, Isla, Playa Vicente.

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“Mi mamá no es delincuente”

Desde el día de la desaparición de Emileny, sus captores no han llamado a la familia para negociar algún rescate. La angustia de sus dos hijas y demás familiares, se enfrentan a señalamientos revictimizantes que cuestionan sus ingresos.

“Mi mamá no es una delincuente, ella vende aguardiente y alcohol a granel. Ella antes vendía ropa y hace dos años comenzó este negocio, asesorada por mi papá, quien toda la vida se ha dedicado a lo mismo”, explica Cristina.

Detalla que, desde una oficina improvisada en su domicilio, la madre compra alcohol a ingenios y luego los revende en ciudades como Xalapa, Veracruz y la Ciudad de México. “Su trabajo era muy estresante, pero de bien. Ella trabaja con la empresa Alambique de Oro, quienes están pendientes desde que desapareció”.

Cristina y sus familiares se han dedicado a replicar fotografías de Emileny, donde describen sus principales señas: ojos cafés claro, cabello teñido rubio, ceja poblada, con un pequeño lunar a la altura de la mejilla izquierda.

“Hemos preguntado a las personas que trabajan con ella, pero no nos dan informes. Tenemos avisada a la familia que busquen en ranchos o en las afueras por si llegaran a verla, pero nada. Yo les pido a las autoridades solo una cosa, que la busquen”, solicita la joven.

El caso de Emileny Carrera Tinoco, es uno de los cientos que han denunciado colectivos de desaparecidos de la entidad durante los 10 meses que cumple el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares. Cifras de víctimas que, pese a exhortos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) no son informadas por la Fiscalía General del Estado.