Xalapa, Ver.- Desde la desaparición forzada de su hijo -el 19 de marzo de 2016- Blanca es perseguida por amenazas de muerte. “Deja esto (la búsqueda) o te voy a destazar; Yo nada más te digo el mismo presidente de tu pueblo está en este pedo”, advertencias que le han hecho cambiar tres veces de domicilio.

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Blanca es madre de Alberto Uriel Pérez Cruz, quien junto a Luis Humberto Morales Santiago y Jesús Alan Ticante Olmedo fueron privados de su libertad en Papantla, por policías municipales y posteriormente entregados a integrantes del Cártel de los Zetas, grupo delictivo que domina el norte de Veracruz.

Por este triple crimen, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 6VG/2017, la cual evidencia una estructura integrada por policías y sicarios con reglas y jerarquías definidas para delinquir. Sin embargo, Blanca asegura que la entidad gubernamental omitió mencionar que tanto autoridades estatales como federales se olvidaron de su seguridad. 

“Yo ya no vivo tranquila. En la noche digo a ver a qué hora van a venir a tumbarme la puerta. Nada más estoy yo y mi hija. Si el Fiscal y el Secretario de Seguridad tienen hasta siete escoltas, pienso que uno con más razón.”, comparte la madre Uriel Pérez desde un sitio que causa eco en el teléfono. Refugiada, le llama ella.

La historia de Blanca quizá es equiparable con alguna de las 3 mil 600 madres que buscan a un familiar desaparecido en la entidad veracruzana entre los años 2006 y 2016, según datos de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Jesús Peña Palacios, representante adjunto de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, aseguró que en México los mecanismos de seguridad para víctimas indirectas “no han respondido de forma adecuada”.

“Las familias que buscan a sus desaparecidos se enfrentan a un contexto con altas agresiones y represalias, aunado a una falta de mecanismos efectivos”, señaló el 03 de octubre de 2017 durante la recomendación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) por 81 casos de desapariciones en Veracruz, de los cuales 22 habrían sido cometidos por servidores públicos o policías.

La mañana del jueves 05 de octubre -a ocho días de haberse emitido la recomendación por el caso Papantla- a Blanca nuevamente el miedo la recorrió desde la cien hasta los dedos de sus pies.

En un video que se difundió en medios, hombres armados que se identifican como elementos del Cártel de Los Zetas aseguraron que han regresado a Papantla para “tomar el control” del norte de Veracruz.

En el mensaje, el “Comandante Sierra 4”, envía saludos al alcalde de Papantla, Marcos Romero Sánchez, a quien acusa de haber tenido una línea de trabajo directa con “El 512”. “Por órdenes superiores; eliminaremos a todas las lacras, asaltantes, violadores y cobradores de piso. No habrá tolerancia”, acota el encapuchado.

Aunque el grupo armado promete “limpiar el mugrego”, es decir, acabar con los delincuentes de la zona, a Blanca el mensaje solo le produce temor, pues el mismo grupo se adjudicó la desaparición y muerte de su hijo.

“Creí que por fin estaría en paz pero, así como hoy, tengo que ir a consulta médicas a Papantla. Le juro que solo el camino en autobús es un martirio. Regreso al lugar donde ahora me escondo y la casa está sola”, comparte Blanca desde el sitio que es su tercer refugio desde la desaparición Uriel.

Ser madre de desaparecido en Veracruz, vivir con miedo

En la recomendación de la CNDH, se enuncian las acciones del gobierno de Veracruz y de la federación, a raíz de amenazas de muerte que obran en carpetas de investigación contra Blanca. Acciones que ella resume como “rondines de fines de semana que me duraron hasta septiembre de 2016”.

Blanca fue la primera que desafió la inseguridad que galopaba en Papantla para marzo de 2016 y alzó la voz en marchas y protestas señalando en todo momento a policías municipales como los perpetradores de Luis Humberto, Alberto Uriel y Jesús Alan, de 18, 19 y 24 años respectivamente.

Dichas acciones de protesta, la llevaron a solicitar medidas de protección a la Fiscalía Cuarta en Papantla, la cual, según acuerdos asentados en la recomendación, fue solicitada a la Policía Ministerial el 20 de marzo de 2016.

Pasaron uno, dos, tres, cuatro, cinco días y la seguridad no llegó a casa de Blanca. “Yo decía, qué voy a hacer en mi casita de teja y techo de lámina”. El 25 de marzo de 2016 Blanca se mudó a casa de su madre ubicada también en Papantla. 

Para el 26 de marzo, Blanca acudió al ministerio público a denunciar la desaparición de su hijo. Cuadras antes de llegar a las instalaciones fue advertida en un mensaje de texto de no declarar en contra de Bernardino Castillo, quien entonces era inspector de la Policía Municipal y hoy está preso junto a otros siete de sus compañeros.

“Yo solo nada más te dijo el mismo presidente municipal de tu pueblo (Marcos Romero Sánchez) está en este pedo. Cuidado con eso”, leyó las advertencias Blanca desde su teléfono. No obstante su denuncia fue emitida ante las autoridades.

La situación de riesgo no fue desestimada por la madre de Blanca, quien le sugirió que tenía que irse de Papantla para no exponer a sus hermanos. Ante la falta de resguardo, Blanca partió al sur de Papantla el 07 de abril de 2016. Los gastos de traslado corrieron por cuenta de la víctima indirecta.

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Ya instalada en lo que se convirtió en su tercera casa, a Blanca la visitó el entonces delegado de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Carlos Iván Morales Alegría, quien le brindó un servicio que consistía en enviar una patrulla a su domicilio, algunos fines de semana.

“Si para la CNDH eso fue recibir seguridad, entonces sí, la recibí y solo me duró hasta septiembre de 2016”, lamenta la entrevistada.

El 29 de mayo Carlos Iván Morales Alegría y otros tres policías fueron detenidos por elementos del Ejército Mexicano en posesión de autos robados y armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, por lo que fueron puestos a disposición de la Procuraduría General de la República (PGR), con sede en Poza Rica.

En la recomendación 6VG/2017, la CNDH menciona que denunciará ante la PGR que se investigue a los ocho policías detenidos por desaparición forzada, así como a particulares por el delito de delincuencia organizada. Se ignora por qué la misma dependencia federal en su momento no procesó a Morales Alegría y posteriormente, según medios locales, lo puso en libertad.

Meses más tarde, Morales alegría fue removido por Oziel Santiago González, quien, de acuerdo con el organigrama de la SSP, al día de hoy funge como subsecretario de Operaciones, en el municipio de Papantla.

“De este delegado Oziel yo tuve que conseguir su número de teléfono, le mandé mensajes por WhatsApp pidiéndole apoyo pero es la fecha que nunca me contestó”, se refiere Blanca sobre el mando policial, hoy bajo las órdenes de Jaime Téllez Marié.

“Te voy a violar y a destazar”

Instalada en su tercer vivienda, Blanca fue contactada el 23 de junio vía mensaje de texto por una persona que se acreditaba la desaparición de su hijo, y los otros dos jóvenes.

“Me dijo que dejara esto (la búsqueda) porque me mataría a mi hijo mayor, pero que a él si me lo iría a tirar a mi casa para que no lo buscara como a Uriel. A mí me dijo con groserías que me violaría y que me destazaría”, señaló la madre.

Las amenazas tuvieron rostro e incluso apodo. “El Bolas” envió una fotografía a la madre, donde se le aprecia portando un arma corta semiautomática Star 9 mm y un rifle de asalto calibre .223; su rostro oculto por gafas oscuras.

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En un último mensaje Blanca leyó que a Humberto Morales y a su hijo Uriel “los habían ´levantado´ por ´chapulines´ -es decir por dedicarse a la venta de droga, y que los habían destazado”, mientras que la muerte de Alan Ticante derivó de que “se puso a grabar el momento en que los otros dos jóvenes fueron detenidos”.

De acuerdo con registros en la recomendación de la CNDH, Blanca denunció las amenazas de muerte ante la Fiscalía Cuarta en Papantla, lo cual derivó la apertura de una carpeta de investigación en contra de El Bolas.

El 24 de junio, mediante el oficio PM/600/2016, la Policía Ministerial informó a la Fiscalía Cuarta en Papantla, que se le ofrecieron a Blanca medidas de protección y seguridad. Sin embargo dicha protección no acompañó a la víctima el 11 de agosto de 2016, cuando en la puerta de su casa, una camioneta de doble cabina y vidrios ahumados se estacionó, por dos días seguidos, para fotografiar la fachada.

La respuesta de las autoridades estatales fue la misma a las anteriores, el 18 de agosto la Policía Ministerial solicitó, esta vez, la protección de la madre a la Delegación de la SSP, cuyo delegado, Oziel Santiago González, no había conectado los mensajes que la madre le remitió vía WhatsApp. “Esta persona, Oziel, nunca se presentó conmigo”.

“La CNDH se enteró que me sentía insegura pero no hubo cambios”

El 11 de noviembre de 2016, Blanca se comunicó vía telefónica con personal de la CNDH y reportó las amenazas de muerte en su contra, además manifestó su situación de vulnerabilidad pese al resguardo reportado en oficios del aparato de justicia veracruzano.

Lo anterior es confirmado por la entidad gubernamental en la recomendación 6VG/2017. "El 23 de diciembre de 2016, este Organismo Constitucional Autónomo solicitó al Comisionado Nacional de Seguridad medidas cautelares para salvaguardar la integridad física de Q2 y su descendiente, aceptando dicho requerimiento el 26 del mismo mes y año”.

“Me encargaron con la Policía Federal pero no hubo cambios, me fueron a visitar, se pusieron a mis órdenes y me dejaron unos teléfonos en caso de emergencias. Yo lo único que digo es que si alguien viene a sacarme de mi casa ni modo que les diga a los malandros que me esperen, que le voy a llamar a la Policía Federal”, ironiza Blanca.

Se cumplen ocho días desde la recomendación por el caso Papantla. El activismo de la madre no ha cesado, pues, pese a declaraciones de presuntos delincuentes quienes aseguraron que a los tres jóvenes los “cocinaron” en un rancho llamado La Isla, a la fecha Blanca no ha sido informada si los restos calcinados que ahí se hallaron corresponden con su perfil genético.

Blanca tampoco sabe si, como víctima indirecta, es normal acostumbrarse a vivir en el anonimato, refugiada, lejos del resto de su familia mientras la justicia llega. Mientras tanto, a Papantla regresará cuando la búsqueda de su hijo lo requiera. Lo hará, entre avisos de sicarios que se acreditaron la desaparición de Uriel, y hoy le advierten al presidente municipal que “hemos regresado a tomar el control”.

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Amenazas a padres de desaparecidos no son casos aislados en Veracruz

Historias como la de Blanca, se han registrado en diferentes latitudes de Veracruz, un saldo que ha cobrado la vida de un padre y una madre agredida con arma de fuego. Además de intentos de privación de la libertad. 

El 16 de marzo de 2016, la vivienda de Ana Lilia López Ortiz, fue rondada por sujetos abordo de una camioneta Nissan color gris, quienes fueron detenidos por escoltas de su esposa, líder cañero de la zona centro de Veracruz. “Me querían a mi”, refirió la madre a los medios.

El intento de privación de libertad, se registró días después que López Ortiz tildara de “mentiroso” al entonces Fiscal General Luis Ángel Bravo Contreras, quien es originario de Amatlán de los Reyes, municipio donde la madre fue intimidada.

El 21 de junio de 2016, Jesús Ramírez viajaba en un vehículo en compañía de su esposa. Circulaban sobre el bulevar Lázaro Cárdenas, en Poza Rica, cuando fueron atacados por un grupo armado que logró matarlo a él y herirla a ella.

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Días antes, en una reunión con autoridades locales y con Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, en Boca del Río, el 26 de abril de 2016, Jesús Jiménez, exigió que se indagara si había fosas clandestinas en el norte de Veracruz, especialmente en Poza Rica, donde su hija Jenny Isabel Jiménez Vázquez y tres de sus amigos fueron privados de su libertad en 2011.

Hundido en la angustia por encontrar a su hija, Jiménez Gaona, de oficio comerciante, se dio a la tarea de adentrarse en los primeros círculos de la delincuencia organizada, refieren sus compañeros de colectivo, y gracias a ello consiguió 36 ubicaciones geográficas, donde posiblemente asesinaban personas. Esas áreas abarcan desde el municipio de Gutiérrez Zamora, se extienden por Papantla, Coatzintla y Poza Rica, hasta llegar a Tihuatlán. La muerte fue el freno de Jesús Jiménez. 

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