Tlapacoyan, Ver.- El estado mexicano y las empresas extractivas han violentado sistemáticamente el derecho de pueblos indígenas y campesinos en la instalación de proyectos extractivos como hidroeléctricas, minería, pozos petroleros y gasoductos, lo que ha generado un deterioro del patrimonio biocultural, consideró Xavier Martínez, integrante del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).

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Señaló que son las propias autoridades y el sector privado quienes no respetan el marco jurídico constitucional de los pueblos, y violentan el principio pluricultural que se protege en la Constitución Mexicana.

Para Veracruz proyectos como la instalación de hidroeléctricas en Atzalan y Altotonga, las concesiones mineras para exploración y explotación en Actopan y Alto Lucero, o los gasoductos se realizan sin consultar a los pueblos y sin informar de los impactos en sus comunidades.

En el marco del Encuentro Regional de los Pueblos de Oriente en Defensa de la Vida y el Territorio, señaló que el derecho a la consulta es un puente de diálogo intercultural, que evita la simulación, sin embargo cuando estos procesos son realizados desde la autoridad ambiental como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), son consultas que no llegan a buen termino.

Cabe señalar que cuando una empresa solicita Manifestación de Impacto Ambiental a la Semarnat, a la par se pueden solicitar consultas públicas para discutir los proyectos.

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El Centro Mexicano de Derecho Ambiental ha logrado frenar diez proyectos hidroeléctricos en la cuenca Bobos-Nautla y la cuenca alta del Tecolutla, cuestionando en consultas públicas, donde se ha demostrado que los proyectos no son sustentables.

Aun cuando la ley prevé que los pueblos deben estar informados sobre los datos de proyectos y sus consecuencias, el estado también violenta el derecho al acceso a la información completa, suficiente y de manera previa.

Xavier Martínez explicó que el estándar más alto de los derechos humanos es que antes de que los proyectos lleguen a las comunidades o soliciten Manifiestos de Impacto Ambiental ante las autoridades, se debe incluir la opinión de los pueblos y las comunidades.

“El proyecto mismo debería ser construido con la comunidad, hacerla participe del proyecto, como socia, no solo como sujeta a dádivas como huertos o apoyos menores, sino como una igual porque es la comunidad quien se queda y convive con el proyecto”, consideró.

Lamentó que estos procesos no suceden, y se ve la llegada de estas empresas como un sinónimo de progreso cuando en realidad no dejan un beneficio real para las comunidades.

En su ponencia sobre el contexto de los movimientos socio-ambientales, señaló que es necesario que los pueblos se informen, se organicen y emprendan medidas jurídicas contra estos proyectos que atentan contra su organización comunitaria y el medio ambiente.

Avc

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