Xalapa, Ver.-  La iniciativa de ley para permitir las uniones de hecho o entre personas del mismo sexo es inconstitucional, advirtió la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Namiko Matzumoto Benítez.

Entrevistada en el Seminario de Derechos Humanos y Administración Pública a la luz de los principios constitucionales, recordó que hay jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que señala que no hay razones jurídicas para no hacer ninguna diferencia de trato por una orientación sexual distinta.

“Hay jurisprudencia reiterada y todas las autoridades dentro de sus competencias están obligadas a obedecer esa directriz”.

Y adelantó que en caso de que el pleno apruebe la propuesta presentada por la diputada del PAN, María Josefina Gamboa Torales, se podría promover una acción de inconstitucionalidad.

“Llegado el caso se haría el análisis respectivo, lo que sí es cierto es que en este momento vivimos en un Estado de Derecho y los Derechos Humanos están garantizados legal, constitucionalmente y a través de los tratados internacionales.

Sobre la acción de inconstitucionalidad de promovió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para evitar  la penalización de los responsables de trasmitir enfermedades venéreas, dijo que si el Congreso local busca modificar la Ley antes de la decisión de la SCJN podrían asesorarlos.

En otro tema, Matzumoto Benítez precisó que en lo que va del año la CEDH ha emitido 28 recomendaciones a distintas dependencias como la Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, Fiscalía General del Estado (FGE), Secretaría de Seguridad Pública y la Dirección General del Registro Civil de Tihuatlán.

En este último caso, señaló que la recomendación se hizo debido actos diiscriminatorios hacia dos personas con una preferencia sexual distinta hacia la heterosexual.

Se determinó que un superior jerárquico discriminó a dos trabajadores a quien se refería a ellos con términos peyorativos y a quienes solicitaba de manera abierta que no se acercaran a su oficina y los amenazaba con recurrir a la fuerza física.

En este caso la CEDH recomendó iniciar un procedimiento sancionador administrativo y se imponga la sanción al funcionario público, además de que se capacite a todos los empleados.

"Es una circunstancia que no puede estar ocurriendo, los servidores públicos debemos conducirnos bajo la ley y tenemos la absoluta obligación de respetar los derechos humanos, no sólo de los usuarios del servicio, sino también de las personas que laboran en las instituciones".

Avc

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