Xalapa, Ver.- La Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México no quiere investigar por negligencia o por temor al resultado de las investigaciones en el caso del multihomicidio de la colonia Narvarte, alertó el representante de la Clínica de Interés Público Contra la trata del ITAM, Héctor Alberto Pérez Rivera.

En conferencia de prensa desde el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos, AC), advirtió que la recomendación emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) hace evidente las omisiones de la autoridad judicial en el caso de los asesinatos de Nadia Vera, Rubén Espinosa, Mile Virginia Martin, Yesenia Atziry Quiroz Alfaro y Olivia Alejandra Negrete Avilés.

Pérez Rivera agregó que hay líneas de investigación sin agotar, y que a pesar de las pruebas presentadas por la representación social de las víctimas, la instancia judicial únicamente las ha recibido y acumulado, sin darles trámite.

A casi dos años del asesinato, advirtió que es posible que la gravedad de lo que hay detrás del crimen sea tan grave para la imagen de la CDMX, que prefieren que no se sepa, pues involucra a más instancias y autoridades que hasta ahora no se han investigado.

Puso como ejemplo el caso de la agencia de modelaje para la cual trabajaba Mile Virginia, y que la Procuraduría no ha investigado su procedencia o su veracidad, mucho menos llamado a comparecer al titular de esta para saber el estatus migratorio y cómo fue contratada la mujer de origen colombiano.

“¿Habrá corrupción en el Instituto Nacional de Migración, que permite que empresas fantasmas emitan permisos para que extranjeros puedan entrar a trabajar en el país?”, cuestionó.

Añadió que tampoco se ha investigado la línea para establecer el móvil de estos homicidios, como el hecho de que se ha probado que Alejandra Negrete acusó con anterioridad a su pareja de amenazarla de muerte, y la Procuraduría ni siquiera investigó a su pareja.

Por ello, aseguró que la Procuraduría se ha limitado a investigar el hecho ocurrido en 40 minutos, como si no existiera un antes y después, en la historia de las víctimas.

Aseguró que ni la Procuraduría capitalina ni el Tribunal Superior de Justicia han seguido los protocolos necesarios para establecer la línea de investigación estos casos: tales como el delito de feminicidio, delito contra periodistas o incluido los lineamientos para atender casos contra defensores de derechos humanos.

“No se ha podido dar una investigación que agote todas las líneas; la evidencia está contaminada, hay dilación en la recuperación de testimonios y cada día que pasa es más difícil dar con la verdad de estos hechos y llevar a la justicia a los responsables”.

El abogado informó que sigue en trámite la apelación a la sentencia que rechazó el daño moral causado a las víctimas y sus familiares advirtió que, aunque seguramente se confirmará, lo que buscarán es que se reconfiguren los estándares de reparación de daño.

“Es inaudito que, a pesar de las violaciones a los derechos humanos de las víctimas y sus familiares, la jueza dijera que no se pudo acreditar el daño moral. Si no se modifica la sentencia se presentará una demanda de amparo en contra del Tribunal de Justicia para que se corrija esta situación aberrante”.

Dijo que otras de las inconsistencias es que durante la necropsia de los cuerpos no hay narración del especialista sobre las lesiones en las víctimas y en el video solo se escucha música cuando realizaron examen de los cuerpos.

Esto generó que el video no pueda ser reproducido y únicamente se presentara una hoja escrita con la descripción escueta de las lesiones, pero sin su vinculación entre sí.

“En una de las víctimas además de recibir un disparo en la cabeza fue estrangulada y el médico forense no logró explicar qué hecho se hizo primero, y solo dijo que ambas heridas eran mortales, cómo es posible que un especialista no pueda determinar la gravedad o la consecuencia de cada una”.

Abundó que uno de los implicados en el caso, José Abraham Torres Tranquilino, único sentenciado a 315 años de prisión por este caso, aseguró que el móvil del crimen fue un robo de droga que sabían estaba en el departamento de la colonia Narvarte, y la jueza lo dio como bueno, sin investigar a fondo.

“La Procuraduría nos ha acusado de estar en su contra, pero queremos que el proceso sea tan sólido que garantice que ninguna autoridad judicial los va a liberar, pero nada garantiza que más adelante un tribunal de amparo pueda liberarlos por las omisiones de la autoridad judicial”.

Por ello, Pérez Rivera señaló que la recomendación de la CDHDF es importante porque se muestra que la investigación de la Procuraduría ha sido ineficiente y ha omitido el derecho de acceder a la verdad, por parte del Tribunal Superior de Justicia.

“Ya se ha sometido a proceso a tres personas, pero la Procuraduría el móvil, no ha podido explicar las razones de este crimen y en la recomendación queda de manifiesto el incumplimiento al derecho a la verdad de las familias”.

Agregó que la recomendación muestra que además hay un deficiente sistema de atención de víctimas en la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, en donde ni siquiera han armonizado su ley local con la nacional.

“El sistema local de atención a víctimas lo sigue concentrando la Procuraduría y es altamente deficiente. Las víctimas sufren maltratos, estigmatización. Hacemos un llamado a la sociedad para dar seguimiento en el cumplimiento de esta recomendación. Exigimos como un término de dignidad aceptar la recomendación”.

Y demandó que desde la Procuraduría se establezca un grupo especial para revisar los y que pueda ser seleccionado y aprobado por las familias de las víctimas para darles seguimiento.

Avc

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