Ciudad de México.- La sentencia condenatoria en contra de Abraham Torres Tranquilino, uno de los sujetos señalados  por el homicidio de la colonia Navarte,  donde fueron asesinados Yesenia Quiroz, Mile Virginia Martín, Alejandra Negrete, Nadia Vera y Rubén Espinosa en julio del 2015,  no garantiza la verdad ni la reparación del daño a las víctimas.

La defensa jurídica del caso, a cargo de la organización artículo 19,  advirtió que a pesar de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México que da 315 años al presunto asesino, no  agota los peritajes fundamentales para esclarecer el contexto de violencia de género en el caso de los feminicidios, ni tampoco lo relacionado a la labor de activismo realizado por Nadia Vera y al ejercicio de la libertad de expresión por parte de Rubén Espinosa, así como al posible vínculo del crimen con las amenazas que sufrieron Nadia y Rubén en el estado de Veracruz.

En su posicionamiento señalan que es una resolución, que al no haber profundizado en estos elementos y al haberse limitado a la “verdad” construida por la PGJCDMX, violenta el derecho a la verdad de las víctimas, ya que no responden las dos principales preguntas de las familias y de la sociedad en general: ¿por qué fueron asesinadas con extrema crueldad éstas cinco personas?, ¿hubo más implicados en los hechos?

También señalaron que la jueza parece reproducir la versión sesgada de la Procuraduría, que pretende reducir este atroz crimen a una serie de eventos mecánicos: tres sujetos estuvieron en el departamento ubicado en la avenida Luz Saviñón, entre las 14:00 y 15:00 horas del 31 de julio de 2015, y sin ninguna motivación o causa aparente decidieron asesinar a las cinco personas, huyendo en un automóvil en mal estado y que fue abandonado ese día al sur de la ciudad, presuntamente llevándose la cantidad de 6 mil pesos.

Advirtieron que la investigación del caso continúa, a pesar de la sentencia y de las eventuales sentencias que se dicten contra los otros dos coacusados y señalaron que en la investigación que aún integra la PGJCDMX, en el desglose de la averiguación previa, hay por lo menos otros tres sujetos que las autoridades están intentando localizar y que pudieran estar relacionados con los hechos.

“Para las familias de las víctimas y las organizaciones que les acompañamos, el caso continúa abierto y las autoridades capitalinas siguen teniendo la obligación de continuar con las indagatorias hasta no asegurar a las víctimas el derecho a la verdad, mediante el esclarecimiento de los verdaderos motivos y causas de este crimen. De la misma manera se debe garantizar una reparación integral a las víctimas, conforme a los más altos estándares de derechos humanos”, señalaron.

Además denunciaron que la jueza penal negó el derecho a la reparación de las víctimas “porque no tiene elementos para cuantificar el daño moral y los perjuicios” ocasionados, por lo que en los próximos días se apelará la resolución para lograr el derecho a la verdad, justicia y reparación integral de las víctimas, pero también buscando que se aseguren el derecho de la sociedad mexicana conocer realmente qué sucedió en el caso.

Avc 

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