Ciudad de México. La Procuraduría de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), deberá realizar las diligencias necesarias para aclarar el motivo por el cual cinco personas fueron asesinadas el 31 de julio de 2015 en un departamento de la Colonia Narvarte.

Cabe recordar, que en esa fecha fueron asesinados el fotoperiodista Rubén Espinosa, la activista Nadia Vera, así como Mile Virginia, Alejandra y Yesenia.

De acuerdo a información del Reforma, la Juez 16 en Materia de Amparo Penal, Yasmín Ruiz, concedió un amparo 376/2015 a familiares de las víctimas, quienes lo interpusieron con el fin de saber qué hizo y qué hará la autoridad para aclarar el móvil de los crímenes.

“La parte quejosa sostiene que el derecho al acceso a la justicia no se agota una vez que se tramiten procesos internos, sino que debe asegurar el derecho de la víctima a saber la verdad y ser informada del desarrollo de la indagatoria.

“Señale fecha y hora (la PGJ) a efecto de llevar a cabo una reunión con la parte ofendida y se les informe de las diligencias llevadas a cabo en la indagatoria. (...) Precise si admite o desecha cada una de las pruebas propuestas”, se lee en el documento en poder de la PGJ.

Los abogados de los afectados habían propuesto a la Fiscalía de Homicidios, mediante un escrito de noviembre de 2015, realizar una decena de diligencias para ampliar la línea de investigación.

Se proponía pedir al CISEN y al CENAPI informes sobre grupos criminales colombianos, de narcotraficantes o tratantes que pudieran operar en la Ciudad y tener alguna relación con los autores materiales de los asesinatos.

También se propuso una decena de acciones de gabinete e inteligencia que aportaran a la indagatoria, pero la PGJ respondió que no estaba obligado a hacerlas.

Si bien con el amparo la PGJ sigue sin tener la obligación de efectuar las acciones propuestas, ahora debe informar por qué no y entonces informar las que hará para esclarecer los hechos.

Por los crímenes hay tres sujetos esperando sentencia, pero sus dichos de por qué mataron a las víctimas fueron contradictorios.

Lo único que demostró la PGJ en ese sentido fue que entre dos los probables homicidas y dos de las agraviadas -Mile Martin y Yesenia Quiroz- había una relación.

No obstante, no demostró si en efecto pertenecían a Los Zetas o si todo fue por robar un paquete con cocaína o si el objetivo era ultimar a Rubén Espinosa y Nadia Vera, quienes huyeron de Veracruz tras supuestas amenazas del Gobierno local.

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