Córdoba Ver.- El silencio invadió la comunidad El Barreal, Veracruz. Su carretera principal, que sirve de patio para 110 familias de escasos recursos, hoy no es ocupada por niños que juegan canicas o saltan la cuerda; la señora que vende tamales cernidos tampoco se instaló, como cada martes. “El pueblo ya sabe que andan buscando cadáveres. Nos quitaron lo poquito que teníamos: la tranquilidad”, confía el subagente municipal, con el rostro desencajado.

Se cumplen cinco días desde que la Fiscalía General del Estado (FGE) inició la búsqueda de restos humanos en un predio de tres hectáreas señalado como campo de exterminio. Desde entonces la gente de El Barreal tampoco asiste a misa como cada domingo, pues las diligencias que generan olores putrefactos se realizan frente a la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús.

Cipriano, el agente municipal que será llamado de esta forma por seguridad, advierte que por los 466 habitantes de su congregación “mete las manos al fuego”. Explica que el predio investigado fue adquirido por particulares y se aleja del ingreso económico de la comunidad, catalogada con de ‘alto grado de marginación” por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL).

De acuerdo con el catálogo de localidades de la SEDESOL, el 50 por ciento de los habitantes no cuenta con servicios de salud, en tanto que el 32 por ciento de las familias tampoco posee un drenaje sanitario. El pueblo también es socorrido con el subsidio federal Prospera. 

“Ojalá la gente no piense que somos culpables de estas cosas. Aquí uno se gana la vida recogiendo abono, acarreando pollinaza (excremento de aves de engorda), sembrando caña o café, o engordando marranos. Estos canijos hicieron sus maldades y pasaron a quitarle la buena fama al pueblo”, añade Cipriano mientras peina su barba entrecana.

De acuerdo con el entrevistado tras la noticia de un presunto cementerio clandestino en su comunidad los habitantes urgen a las autoridades municipales la presencia policial. “Será el sereno, pero ahora ya no hay confianza para andar solo en la noche; y con estas personas que hacen destrozos no se puede defender. El ayuntamiento solo manda una patrulla de vez en cuando”.

A la plática se suma un campesino que recién regresa de cortar leña a un costado de la propiedad acordonada. Tampoco da su nombre. Refiere que al sitio, hasta hace poco, ingresaban camionetas de color negro y gris que “nada tenían qué hacer en la noche y en un camino sin salida” (sic).

“Aquí el movimiento se acaba por mucho a las diez y media de la noche; cuando llega la gente que trabaja en el centro de Córdoba en la última corrida de autobús. Uno sí se daba cuenta de esos carros, pero no nos imaginábamos que era para hacer estas cosas”, confía el caficultor.

El hombre descarta que las camionetas vistas durante la madrugada pertenezcan a los dueños de los lotes. “Nosotros más o menos los conocemos y reconoceos sus carros. si vienen lo hacen en el día, generalmente para chapear sus pedazos de tierra”, abunda.

El cementerio clandestino que yace entre dos templos cristianos

La entrada al predio custodiado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) se ubica sobre la carretera Córdoba - Monte Blanco, frente a un Cristo de la iglesia católica que se exhibe en la parroquia del sagrado Corazón de Jesús. Quien camina por el sitio aprecia un camino estrecho, delimitado por marcas de neumáticos, que se pierden hasta un pedazo de tierra en hundimiento.

El terreno, cuya extensión supera las cinco hectáreas, colinda en su parte trasera con el Seminario El Buen Pastor, perteneciente a la diócesis de Córdoba, cuyo dirigente Eduardo Patiño Leal, fue señalado por el presbítero Alejandro Solalinde Guerra de “conocer la existencia de dos cuevas con restos humanos y no pronunciarse al respecto”.

El campesino se lleva las manos a la cabeza y se lamenta, “aquí no era como en otras partes de Córdoba que venían a aventarnos muertitos. Uno podía estar tranquilo en su casa, pero ahora no queda de otra que estar atento”, agrega antes de seguir hasta su casa para encender la hoguera.

Es la situación para la comunidad de El Barreal, donde se ubicó lo que sería la quinta fosa clandestina en el periodo de Miguel Ángel Yunes como gobernador de Veracruz. En un terreno que cuyas referencias son dos templos cristianos, que habría sido la última parada de un número incalculable de víctimas.

Don Cipriano, el agente municipal, explica que los habitantes de El Barreal, cumplen décadas formando parte de las estadísticas que no poseen un excusado, agua entubada, ni servicios médico gratuito. Con ello, “así nos la pasábamos bien”, recuerda. Sin embargo, hoy se ven entre peritos uniformados y el hedor a muerte, echando de menos lo más preciado que tenía su comunidad: La tranquilidad.

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