El hedor a muerte se impregnó en las plantas de caña que crecen en El Barreal, un terreno misterioso ubicado en la periferia de Córdoba, Veracruz. Allí, la impaciencia prolifera como los árboles de mango. En el cielo, una pandilla de zopilotes grazna su hambruna, mientras que en la tierra tres madres rezan detrás de una cinta amarilla en espera de noticias de sus hijos desaparecidos.

Se cumplen cuatro días desde que el estado se cimbró con la noticia de un nuevo cementerio clandestino, que sería el quinto desde que Miguel Ángel Yunes Linares tomó posesión como gobernador. Esta vez los indicios radican en Córdoba, el segundo municipio con más denuncias por desapariciones (290 casos en los últimos seis años). 

La propiedad de tres hectáreas, que hoy resguarda la Fiscalía General del Estado (FGE), principalmente es empleada para el sembradío de caña y de café. Al fondo se aprecia una casa colorida de dos pisos, con un patio delantero donde ahora peritos con caretas hurgan la tierra para dar con el paradero de personas.

Los dueños del terreno, refieren desde el anonimato que adquirieron un par de fracciones a través de Nicolás Cortes Cruz (dirigente de la Fundación de Campesinos Unidos por México), a quien acusan de extorsionador y de llevar pistoleros a todos lados como guardaespaldas. 

“Nosotros solo venimos de vez en cuando a chapear nuestro pedazo de tierra; ya habíamos percibido un olor como a perro muerto y esos zopilotes tienen rato que los vemos. Ahora nos enteramos de esta noticia. Y bueno ya no nos podemos espantar de nada”, comenta un hombre que camuflajea su identidad con lentes de sol. 

Desde que los rumores sobre El Barreal figuraron en primeras planas de periódicos de la zona centro, tres madres del colectivo Solecito se apersonaron en la cuarta manzana de esta congregación habitada por 700 habitantes, que ante la llegada de patrullas estatales se refugiaron en sus viviendas de ladrillo y techos de lámina. 

Marcela Zurita Rosas es una de las tres madres que se acercaron para supervisar las labores de la Fiscalía veracruzana. Motivos sobran para esperar respuestas bajo el sol, pues asegura que una decena de desapariciones, incluida la de su hijo Dorian Javier Rivera Zurita, apuntan al predio que hoy es investigado en toda su extensión. 

De acuerdo con la carpeta de investigación 1388/2012, Dorian Rivera -de 30 años- y su amigo Vicente fueron privados de su libertad el 11 de octubre de 2012, a ocho minutos de distancia de lo que hoy se presume es un campo de exterminio. La culpa testigos la atribuyen a elementos de la Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR). Desde entonces nada se sabe de las víctimas. 

“A mi hijo lo secuestraron por la gasolinera El globo, frente a la Finca Herrera. Se lo llevan en una camioneta y jalan para este camino. Puede que encontremos un indicio, no sólo de mi hijo, sino de otras compañeras”, explica la mujer quien mira detrás de un campo acordonado las labores periciales. 

Marcela Zurita forma parte de la brigada El Solecito Veracruz; madres y padres de desaparecidos que, apoyados por buscadores de Iguala, Guerrero descubrieron la fosa más grande de Latinoamérica, llamada así por el fiscal general Jorge Winckler Ortiz; con 260 cuerpos exhumados de 130 cavidades clandestinas. 

Han pasado 96 horas de labores y Marcela y sus dos compañeras no han podido ingresar al predio para observar con detalle las labores de exhumación. Su impaciencia se refleja a la hora de tallarse la cabeza; de caminar de un lado a otro o de ofrecer a los oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) tortas a cambio de información. 

Si bien, el nuevo Sistema de Justicia Penal no prohibe el ingreso de las madres (víctimas indirectas) al predio señalado como fosa clandestina, sí exige una aprobación de un juez de control. Marcela muestra un oficio y asegura que en las siguientes horas expondrá la necesidad de presenciar las diligencias forenses, aunque esta vez acompañada por 15 o 20 familiares de desaparecidos.  

“La brigada del Solecito se viene a Córdoba a hacer la colaboración con la Fiscalía.  De acuerdo a la Ley de Víctimas tenemos ese derecho, así que esperamos que el juez tenga buena voluntad de apoyarnos”, abunda Marcela, quien se coordina con sus compañeros que ya se reparten en el predio de Colinas de Santa Fe. 

Hasta ahora, Marcela es quien más se ha aproximado a la zona de excavaciones. Hay un indicio que la mantiene alerta. Explica que el terreno ya fue recorrido por agentes caninos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) que olfatearon y se echaron en distintos espacios del predio, donde según su entrenamiento desde cachorros, es una señal de restos humanos inhumados. 

Más a la orilla del predio, las otras dos compañeras de Marcela recabaron un inventario con lo que han oido del personal de la Fiscalía veracruzana. “Picos, palas redondas, charolas de recolección, cernedoras. Es lo que se piden entre ellos. Es evidente que ahí hay algo y no nos vamos a mover”, refieren. 

Hasta el momento la Fiscalía de Veracruz no ha emitido un comunicado oficial sobre el predio El Barrial, “este lugar no es como Colinas de Santa Fe, que abres el hoyo en tres palazos. Solo hay hedor hasta el momento”, reconoció un oficial del organismo.

Al respecto, Lucía de los Ángeles Díaz Genao líder del colectivo Solecito aclaró: "La FGE demuestra su alejamiento e ignorancia en el tema de Colinas de Santa Fe. Ni siquiera saben el esfuerzo tan colosal que conlleva. Nunca van a vernos trabajar, por eso dicen ese disparate de cavar una fosa de 2.5 mts de profundidad con tres palazos”.

Desde que Miguel Ángel Yunes linares asumió el cargo a gobernador de Veracruz, han sido descubiertas cinco fosas clandestinas. En Minatitlán, el 28 de febrero fueron exhumados los cuerpos de tres jóvenes, víctimas de secuestro. En Alvarado, el 18 de marzo la Fiscalía confirmó la exhumación de 49 cráneos, así como el hallazgo de restos en Sayula de Alemán, sin dar pormenores. 

Finalmente, el día 26 de abril de 2017, La Silla Rota y E Consulta Veracruz publicaron el reportaje El campo de exterminio que el gobierno de Veracruz ocultó, en el que se evidenció la existencia del rancho La Gallera, en Tihuatlán, donde fueron exhumados seis cuerpos el 30 de enero de 2017 por autoridades estatales y más tarde, el 01 de marzo, prendas de vestir, un horno con cenizas y 22 fosas con al menos 100 restos óseos carbonizados, producto del trabajo familiares de desaparecidos.

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