Un reporte podría llevar a que la investigación de la PGR en torno a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa sea controvertida en tribunales internacionales, lo que dejaría en libertad a siete detenidos.

De acuerdo a información publicada por El Universal, cuando el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, conoció dicho informe, quedó estupefacto. El funcionario federal escuchó que existen pruebas fehacientes de tortura a los detenidos por el caso Ayotzinapa y que, incluso, a uno le aplicaron el "teléfono", que implica el estallido de los tímpanos sin dejar huellas físicas evidentes.

Posteriormente, se detalla en la narración de El Universal, Osorio Chong convocó a una reunión urgente a los titulares del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la Procuraduría General de la República (PGR), la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Policía Federal.

El funcionario federal sabía que podría darse una investigación que probara que no se cumplió el debido proceso y, de esta forma, quedaran en libertad, siete detenidos, según fuentes federales citadas por El Universal.

Ya en agosto de 2016, se sumó un nuevo informe que ponía en duda la "verdad histórica" de la desaparición de los jóvenes normalistas, sucedida en septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero. Esta vez se trataba de un documento integrado por la Visitaduría General de la PGR, a cargo de César Chávez, que fue enlatado y desechado oficialmente. En él, se detallan ilegalidades registradas en la investigación de la PGR que encabezó Tomás Zerón de Lucio como director de la Agencia de Investigación Criminal.

Aunque no es un documento oficial, según PGR, los padres de los 43 litigan en tribunales que se sanciones a los funcionarios señalados en el informe de la Visitaduría General.

Fuentes federales admiten que hubo tortura a testigos y presuntos implicados, así como la existencia de diligencias fuera de la ley en el río del municipio de Cocula, donde se hallaron cenizas de los cuerpos. También hay contradicciones en las actuaciones de los ministerios públicos.

Según la verdad histórica, los normalistas de Ayotzinapa fueron incinerados y arrojados al río San Juan, aunque sólo se ha podido demostrar que había restos de uno de los 43 en la zona ubicada en el municipio de Cocula.

Con información de La Silla Rota