Fernando Camacho y Gustavo Castillo

Aunque ya tenía conocimiento de que integrantes del cártel Guerreros unidos usaban autobuses para traficar drogas, la Procuraduría General de la República (PGR) ocultó esos datos a especialistas internacionales que sugirieron explorar dicha línea de investigación en el caso de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa.

Señalamientos de padres de los normalistas y documentos oficiales de los que La Jornada tiene copia refieren la falta de entrega de información relacionada con antecedentes del tráfico de heroína en camiones de pasajeros.

El antecedente del cual no se dio información a familiares de los normalistas ocurrió el 10 de julio de 2014, en un operativo conjunto del Ejército y la PGR, realizado en Puebla, cuando fueron detenidos Gonzalo Martín Souza Neves y José Bahena Salgado, presuntos integrantes del grupo criminal Guerreros unidos, en posesión de unos 250 mil dólares en efectivo, tres vehículos y 24 kilos de cocaína, aunque investigaciones posteriores demostraron que se trataba de heroína.

En esa ocasión, la Secretaría de Gobernación informó, mediante el boletín 351/14 –publicado el mismo día de la captura–, que Souza Neves había tomado “el mando del grupo delictivo a partir de la detención de Mario Casarrubias Salgado, el 29 de abril de ese año, quedando a cargo del trasiego de droga a través de compartimentos ocultos en diversos vehículos, principalmente en autobuses de pasajeros (sic)”.

La utilización de autobuses para el trasiego de narcóticos no era nueva. El titular de la Comisión Nacional de Seguridad en ese entonces, Monte Alejandro Rubido, señaló en conferencia de prensa el 30 de abril de 2014 que Mario Casarrubias realizaba tales traslados “mediante tráileres con fruta y autobuses”.

El tema vuelve a aparecer en el auto de formal prisión dictado a Souza y Bahena, donde se detalla que este último fue descubierto en flagrancia, ya que al momento de su detención “introdujo un paquete a la parte posterior” de un autobús de la compañía Guelaguetza Tours Inc, cuya sede está en Chicago, Illinois.

Además, en su declaración, Bahena –alias El Chapatín– aseguró que trabajaba para Souza Neves –El Uruguayo–por estar amenazado, e indicó que ocultaba droga y dinero en el autobús porque así trabajaba Guerreros unidos.

“No hay información”

Pese a que todos esos antecedentes fueron consignados de manera oficial, unos meses después la PGR no los proporcionó cuando le fueron requeridos por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para analizar la indagatoria del caso Ayotzinapa.

El 8 de enero de 2015, por ejemplo, la PGR emitió el oficio 263/2015 en respuesta a una solicitud de información sobre los antecedentes, estructura, líderes y células de Guerreros unidos, e indicó que “únicamente” localizó datos según los cuales el grupo delincuencial fue formado en 2011 por integrantes de La familia michoacana y los Beltrán Leyva, y opera en los estados de México, Morelos y Guerrero. Además, menciona como uno de sus líderes a Cleotilde Toribio Rentería, El Tilde, detenido en 2012.

Aunque ese documento incluye un esquema mucho más completo de la estructura del grupo, el nombre de Souza Neves no aparece en ninguna categoría, ni siquiera en la de “Detenidos o fallecidos”, y no hace referencia al tema de los autobuses.

Asimismo, en el oficio 0402/2015, emitido el 8 de febrero de ese año, la Policía Federal incluye otro esquema de Guerreros unidos donde tampoco se consigna la existencia de Souza Neves.

Esta misma falta de datos sobre el detenido o de la utilización de autobuses para traficar drogas puede notarse en los oficios 4800/2015, del 9 de marzo de 2015; el 3417/2015, del 14 de abril; el 9540/2015, del 13 de mayo, y el 137107/2015, del 14 de julio, todos elaborados por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, de la PGR.

En enero y marzo de 2016, la procuraduría dio a conocer dos documentos más sobre el tema, pero en esta ocasión todos los datos al respecto aparecen testados (reservados).

Al presentar en junio de 2016 su informe final sobre el caso Ayotzinapa –conocido como el libro blanco–, la PGR señaló en la página 164: “respecto de la versión de que el citado autobús (en referencia a uno de los que tomaron los normalistas antes de ser atacados) podría haber sido utilizado para el trasiego de drogas hacia Estados Unidos, hasta el momento no se encontraron evidencias que sustentaran esa hipótesis”.

El hecho de que ninguno de los datos sobre los autobuses le haya sido notificado al GIEI ni se incluyera en las indagatorias del caso Ayotzinapa motivó que los padres de los estudiantes desaparecidos enviaran un documento de denuncia a la PGR, entregado el 23 de diciembre de 2016.

En la misiva –de la cual este diario tiene una copia–, los familiares se quejaron también de que la PGR omitió decir que Souza Neves estaba mencionado con el alias de El Uruguayo en una libreta que se le decomisó a Sidronio Casarrubias, uno de los supuestos involucrados en la desaparición de los jóvenes.

En ese mismo cuaderno, presuntamente Casarrubias también tenía anotados los nombres y teléfonos de Omar Hamid García Harfuch, entonces coordinador de seguridad regional de la Policía Federal en Guerrero, y Leonardo Vázquez, secretario de seguridad pública de esa entidad.

El no mencionar esos datos ni a los padres ni al GIEI “podría indicar que no ha habido buena fe de la PGR” y es más grave aún porque se trata de información “de especial relevancia”, considerando que una de las hipótesis que los expertos recomendaron seguir para explicar el ataque contra los estudiantes era que éstos tomaron autobuses usados por el crimen organizado para traficar droga, señala la carta elaborada por padres de los normalistas.

En efecto, los integrantes del GIEI pidieron al gobierno de México que no descartara en la indagatoria la existencia de un quinto autobús, que el 26 de septiembre de 2014 fue tomado en Iguala por normalistas, pero no fue atacado.

“Frente a la insistencia del GIEI en que dicha línea de investigación debía agotarse, la respuesta del gobierno federal ha sido siempre que no cuenta con antecedentes de que se emplearan autobuses para el trasiego de narcóticos”, lo cual significa que la PGR ocultó información de manera deliberada a los especialistas mientras estuvieron en México, subrayaron los padres en su carta.

Además, cuando el grupo de expertos solicitó en varias ocasiones que se le diera información sobre la estructura de Guerreros unidos, en ningún organigrama aparece el nombre de Souza Neves o su alias de El Uruguayo, a pesar de que el gobierno lo identificó como uno de los supuestos líderes del grupo criminal y sucesor de Mario Casarrubias.

Con información de La Jornada http://www.jornada.unam.mx/2017/01/23/politica/004n1pol