La Fiscalía General del Estado (FGE) no reportó 34 delitos en Veracruz relacionados con secuestros, asesinatos, hallazgos de fosas clandestinas y actos de corrupción, que se ocurrieron entre diciembre de 2016 y febrero de 2017; así concluyó la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP).

En un escrito firmado por el Secretario Ejecutivo de la CEAPP, Jorge Morales Vázquez exhortó al organismo autónomo a “generar y difundir dentro de un plazo razonable boletines oficiales sobre los hechos acontecidos en la entidad con relación a los temas de seguridad y justicia, evitando incentivar la reserva de información de manera automática, categórica y a priori sobre el interés público”.

Además, sugirió a los servidores públicos de la FGE, así como al titular, Jorge Winckler Ortiz a “participar en un curso de sensibilización en materia de libertad de expresión, impartido por un experto en la materia, con el fin de mejorar las condiciones para el ejercicio periodístico en la materia”.

Lo anterior fue asentado en un dictamen de atención, oficio CEAPP/SE/198/2017, derivado de la solicitud de dos periodistas de la entidad, quienes refirieron una posible restricción ilegítima al ejercicio de su profesión en 34 eventos coyunturales que no fueron validados por la FGE.

La CEAPP tras una valoración en el caso, concluyó que la FGE “actuó en contravención de las obligaciones constitucionales y convencionales en materia de respeto y garantía de libertad de expresión y acceso a la información, al no informar a los medios de comunicación de los canales en sus investigaciones a los hechos relevantes en temas de seguridad y justicia”. 

A continuación se enuncian 34 hechos relacionados con violaciones a los derechos humanos y actos de corrupción, que fueron registrados por la prensa veracruzana entre diciembre de 2016 y febrero de 2017 aún sin una postura de carácter oficial por parte de la FGE: 

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A pesar de que, en al inicio de sus funciones, Jorge Winckler Ortiz, aseguró a través de redes sociales que en su periodo prevalecería la libertad de expresión y, ante las publicaciones críticas de la prensa “aguantaría vara”, el pasado 25 de enero giró la instrucción a sus subordinados de reservarse a dar cualquier tipo de información sobre el organismo o serán sancionados.

Mediante el Oficio No. F.G.E. /CCS/025/2017, dirigido a Fiscales Regionales, Coordinadores, Especializados, Investigadores, Directores Subdirectores, Subdirectores, Jefes de Área, Delegados de la Policía Ministerial y Servidores Públicos de la Fiscalía General del Estado, el titular instruyó lo siguiente:

La información relativa al quehacer de la Fiscalía General del Estado será difundida personalmente por el titular de éste organismo autónomo, mediante entrevistas y/o conferencias de prensa aprobadas con anterioridad.

La información que no sea divulgada por el titular, únicamente y exclusivamente será difundida a través de la Coordinación de Comunicación Social, empleando las vías oficiales autorizadas.

En el entendido de que serán aplicadas las sanciones correspondientes, a quien desacate la presente disposición.

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