El Sistema de Administración Tributario (Sat) y el Banco Nacional de Obras y Servicio (Banobras) están requiriendo al Gobierno el pago de impuestos y la devolución de fondos que se debían destinar a la construcción del penal de Medellín.

La diputada Mariana Dunyaska Rojas García criticó que la Federación este exigiendo a la actual administración más de 13 mil millones de pesos y en otro momento fue omiso ante el incumplimiento de la administración de Javier Duarte.

Explicó que en este momento se está requiriendo el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que dejo de pagar por seis años la pasada administración estatal.

“Lo doloroso es que se esté actuando hoy que entramos nosotros (PAN) al gobierno y que la PGR que ha tenido conocimiento y que la Auditoria Superior de la Federación (ASF) desde el 2012 hizo señalamientos puntuales sobre el desvío de recursos y el abuso de poder”.

Calificó como “vergonzoso” que el SAT pida el pago de recursos que debieron requerir a la pasada administración, sobre todo porque a los ciudadanos y a los empresarios los acosan para el pago de impuestos o los meten a la cárcel.

“Y ahora los gobierno pareciera que tiene un trato privilegiado, por qué existe un trato diferente y al gobierno le dicen te voy a condonar y al ciudadano le dicen ahí te voy con la multa”.

En el caso de Banobras, explicó, ahora están requiriendo que se devuelvan fondos que se etiquetaron para el penal de Medellín, después de dos años de que la obra fue abandonada.

Afirmó que como parte de la normativa de Banobras antes de liberar los fondos tenían que verificar el avance del Centro de Readaptación Social, pero no se hizo se entregó el dinero y al no edificar el inmueble hoy le requieren la devolución de los fondos.

“Yo cuestiono ¿dónde estuvo el gobierno (federal) los últimos años?, ¿estaba ciego?, ¿acaba de despertar?, ¿qué no se dio cuenta o no se entero de las denuncias de la auditoria?”.

La legisladora se dijo confiada que en breve se dará la solicitud de desafuero de varios diputados federales, tal es el caso de Alberto Silva, Adolfo Mota o la ex titular de Protección Civil, Noemí Guzmán por el tema de las empresas fantasmas.

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