Patricia Ponce Jiménez, integrante del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), señaló que existe el riesgo de que a partir de 2013 la Secretaría de Salud haya aplicado 23 mil pruebas sin registro sanitario a mujeres embarazadas.

Advirtió que, durante la titularidad de Pablo Anaya Rivera en la dependencia estatal, el Grupo Multisectorial en VIH – SIDA del Estado de Veracruz detectó un lote con 70 mil pruebas apócrifas, mismas que a pesar de ser confrontadas con portadores del virus, marcaron como falsos negativos. 

Ante la evidencia presentada a Pablo Anaya, éste aseguró que dicho lote sería almacenado en una bodega de la secretaría. Sin embargo, la incertidumbre invadió a la investigadora al enterarse, por medio de una declaración del secretario de salud federal, José Narro Robles, sobre un hallazgo en el estado de 47 mil pruebas defectuosas.

“Es un tema no de delincuentes, sino de criminales, existe el riesgo que del lote que evidenciamos 23 mil pruebas se hayan aplicado a mujeres embarazadas. La Fiscalía General del Estado (FGE) debe investigar a los funcionarios que ya se fueron, pero también a los que ahora están y no quieran aportar evidencias”, sostuvo Ponce Jiménez.

En entrevista para E- Consulta Veracruz, la investigadora aseguró que Arturo Irán Suárez Villas, actual titular en la Secretaría de Salud, deberá comprobar que las 70 mil pruebas apócrifas de 2013 continúan bajo llave; se destruyeron; o si fueron aplicadas, dar con el paradero de las 23 mil personas y valorar su estado de salud.

“Quien ahora está al frente, se llame como se llame, tiene que afrontar esta problemática. No se puede quedar en la declaración de que ya demandó. No hablamos de una gripe, hablamos de miles de vidas, si es que estas personas todavía viven”, fustigó.

Patricia Ponce advirtió que el riesgo podría ser mayúsculo al día de hoy, pues de acuerdo con estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en casos positivos de VIH, el virus es transmitido, en promedio, a al menos otras cinco personas.

9 millones gastó el gobierno de Veracruz en pruebas apócrifas

Patricia Ponce, explicó que, desde hace 14 años, el Grupo Multisectorial vela por los derechos humanos de casi 9 mil portadores de VIH, que son atendidos en cinco Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención del sida y otras infecciones de transmisión sexual (CAPASITS), a lo largo del estado de Veracruz. 

“Nuestra labor es que los pacientes reciban su medicamento, que se cuente con los insumos necesarios, pero, además, que las condiciones del inmueble estén dispuestas y con calidad. Si hay quejas, las reportamos en la Secretaría de Salud, en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), o en el ministerio público”, abundó. 

De acuerdo con la entrevistada, como parte de un acuerdo con la Secretaría de Salud, desde el año 2012 su grupo fue facultado para verificar las pruebas rápidas de VIH. Por ello fue que en 2013 descubrieron el lote con 70 mil pruebas apócrifas, que estaban destinadas a mujeres embarazadas, como parte del programa de salud materna.

“Nosotros fuimos a la Secretaría de Salud y le explicamos esta situación a Pablo Anaya y a su jurídico; él envió las pruebas al Laboratorio Estatal de Salud Pública para un segundo estudio. Sin embargo, la respuesta de la directora Aurora Parissi, quien extrañamente sigue en el puesto, fue que todo estaba en orden; que no había pruebas defectuosas”, espetó Ponce Jiménez.  

En respuesta, el Grupo Sectorial se valió de su alianza con la fundación AIDS Healthcare Foundation (AHF) México y realizaron exámenes a un mismo grupo de pacientes con las pruebas manufacturadas en Canadá por BioLytical Laboratories Inc. y posteriormente con   las pruebas genéricas, que eran contratadas por el gobierno estatal.

Los resultados dieron la razón al Grupo Sectorial y confirmaron que la Secretaría de Salud de Veracruz había invertido nueve millones de pesos en pruebas de VIH apócrifas.

“Las pruebas eran genéricas, no tenían marca de laboratorio, no tenían certificados de calidad. ¿Qué sucedió después? a la fecha no sabemos si fueron destruidas o si posteriormente, a nuestras espaldas, fueron distribuidas y aplicadas”, espetó Patricia Ponce.

Se perdieron 14 años de activismo en temas de VIH-SIDA

Para Patricia Ponce, Veracruz presenta focos rojos en temas de VIH - SIDA, “basta decir que somos el tercer lugar a nivel nacional por casos de sida, unos 18 mil aporta nuestro estado, de los cuales un 60 por ciento deben estar muertos”.

Sumado a lo expuesto, la entidad sureña aporta nueve mil casos de VIH; de esa cifra 400 son niños, de entre 2 y 18 años, lo que posiciona al estado de Veracruz en el segundo lugar a nivel nacional.

Ante dicho panorama, el Grupo Multisectorial ha dedicado 14 años para promover y aplicar pruebas rápidas de VIH, que cuentan con Registro Sanitario vigente número 0326R2012 SSA, otorgado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

Las acciones han sido promovidas desde 2003 en los cinco CAPASITS de la entidad, distribuidos en los municipios de Coatzacoalcos, Río Blanco, Xalapa, Veracruz y Poza Rica. Un promedio de nueve mil pacientes son orientados por el grupo de Patricia Ponce.

Sin embargo, la investigadora explicó que el principal problema al que se enfrenta un promotor es la confianza de la gente para someterse a las pruebas. En consecuencia, dijo, el escándalo de las 70 mil pruebas apócrifas mermará el trabajo del sector civil que se practicaba en ferias patronales, universidades y CERESOS.

“Necesitamos que la gente no pierda confianza, pero, si ahorita viene una persona y me dice, oye me recomiendas hacerme la prueba de VIH de atención oportuna, yo le digo sí. Pero si me dicen que en la secretaría de salud, le digo que no. Decir esto cuesta mucho, cuando somos promotores. Ahí nos damos cuenta de la magnitud del problema”.

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