Xalapa, Veracruz.- A un año de la desaparición forzada de cinco jóvenes originarios de Playa Vicente a manos de la policía de Seguridad Pública, adscrita al municipio de Tierra Blanca, sus familias viven con la zozobra de que los responsables salgan de la cárcel, las investigaciones no se lleven hasta los altos mandos, y la sociedad olvide su caso.

En entrevista telefónica, Bernardo Benítez Herrera, padre de Bernardo Benítez Arroniz de 25 años de edad, uno de los cinco desaparecidos el 11 de enero del 2016, advierte que de los 18 detenidos (entre policías y civiles) ningún ha recibido sentencia. Y lo peor, es que las autoridades podrían tardarse dos años más en dar un dictamen.

 “Nos causa zozobra la posibilidad de que, si aflojamos en el tema legal, en un momento dado pueden salir libres los responsables, y puedan seguir cometiendo más crímenes como lo venían haciendo de tiempo atrás.

“Por eso seguimos adelante, aunque eso signifique un desgaste psicológico y económico, porque tenemos que hacer gastos, impresión de papeles, documentos, tramites y el pago un licenciado. Y no sé si vayamos a llegar hasta el final”.

En el contexto de la celebración de una misa religiosa para honrar la memoria de los jóvenes desaparecidos, que se celebrará este miércoles 11 de enero, Bernardo Arroniz consideró que además de la sentencia a los autores materiales, hace falta que se investigue a los altos mandos de los que dependían.

“Hace falta que se investigue a los altos mandos, recordemos que todos tienen un jefe. De la denuncia que presentamos en contra de Arturo Bermúdez zurita, Secretario de Seguridad Pública (SSP), ante la PGR no nos han dado ninguna respuesta”, dijo.

En octubre del 2016, las familias de los jóvenes desaparecidos interpusieron una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra Bermúdez Zurita por nombrar a Policías Estatales que no estaban certificados con el examen de control y confianza.

“Nos tomó dos horas que PGR aceptará la denuncia porque no tiene conocimiento del tema”, dijo Benítez Herrera, en aquel momento.

Pero las dificultades no pararon ahí, una vez que la PGR aceptó la denuncia, la remitió a la delegación de la PGR en Veracruz, misma que la rechazó por considerar que no existen fundamentos para que se atraiga como delincuencia organizada.

Para Benítez Herrera la posición de la PGR no tiene razón de ser, ya que la evidencia recolectada en la investigación realizada hasta ahora indica que se trata de delincuencia organizada.

“Todos sabemos que en el rancho El Limón, donde fueron localizados restos humanos de uno de los cinco jóvenes de Playa Vicente desaparecidos, se encontraron 8 mil fragmentos de personas distintas, y que incluso el entonces fiscal estatal, Luis ángel Contreras, habló de un promedio de 400 restos humanos en el sitio.

“Además, en la zona había bidones con gasolina, mangueras, tuberías, todo relacionado la actividad de las bandas de chupaductos. Se encontraron carros robados, un arsenal, y mercancía robada”, dice Benítez Herrera

En los últimos días de diciembre del 2016, un juez les otorgó un amparo contra la decisión de la PGR, y se espera que muy pronto se pronuncie al respecto.

“Para nosotros es muy obvio lo que sucedió, en el caso de nuestros hijos, y más elementos no podemos tener con referencia al caso para que se dictamine como delincuencia organizada”.

El 11 de enero del 2016, los jóvenes Bernardo Benítez Arroniz, de 25 años, Susana Tapia Garibo, 16 años, Mario Arturo Orozco Sánchez, 27 años, Alfredo González Díaz, 25 años; José Benítez de la O, 24 años fueron interceptados por elementos de la SSP, a la altura de Tierra Blanca, cuando viajaban del puerto de Veracruz hacia Playa Vicente.

Con apoyo de cámaras de seguridad de los locales establecidos cerca del lugar de donde fueron interceptados, las familias demostraron que sus plagiarios eran policías de Seguridad Pública.

Tiempo después los restos de uno de ellos fue localizado en el rancho el Limón, cerca de la autopista a Las Tinajas. En el lugar, fueron localizados varios restos humanos más.

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