José Benítez, padre de uno de los cinco jóvenes victimas de desapareción forzada  en Tierra Blanca Veracruz a principios de año, denunció a Arturo Bermúdez Zurita ante la Procuraduría General de la República (PGR)  por contratar y dar cargos de confianza a elementos que no aprobaron los examenes de confianza. 

Benítez argumentó que este hecho, violentó los artículos 139, fracción tercera, y el artículo 141 de  la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde se establecen los requisitos para que una persona sea contratada como policía.

Dentro de esos requerimientos, uno insustituible es que la persona apruebe los exámenes de confianza, “y si no pasa los exámenes, y el funcionario le da cargo de policía (o delegado de la SSP) cae en un delito que debe ser sancionado”.

El padre de uno de los cinco jóvenes que fueron victimas de una desaparición forzada en el municipio de Tierra Blanca a manos de policías estatales –en enero pasado-, dijo que desde el 2013 se tenía conocimiento de que estas personas no habían pasado los exámenes de confiabilidad.

“Él ( Bermúdez) ya los tenía  adentro, ahí los hubiera retirado, y se hubiera lavado las manos,  pero no. Él los metió, y ahí cometió un delito que debe ser sancionado, por eso hicimos al denuncia”.

“Las personas que él nombra están bajo su custodia, y él es el responsable directo de los malos funcionarios que existen en Veracruz”.

Relató que unos días después de la desaparición de sus hijos,  la Fiscalía General del Estado informó que los elementos señalados por estos hechos no habían pasado los exámenes de confianza, incluido Marcos Conde, que en ese momento era el delegado de la SSP en Tierra Blanca.

José Benítez advierte que al tener conocimiento de esos hechos, la FGE estaba obligada a recabar los datos y  meterlo ante la PGR para que esta dependencia a su vez, determinara que iba a pasar con ellos, investigar y sancionar a quien los mantuvo en el cargo y les dio nuevos nombramientos.

En entrevista radiofónica, Benítez  dijo que en el artículo 141 se establece que la autoridad que debe sancionar es la PGR. Sin embargo, ayer les tomó más de dos horas, que la dependencia federal les aceptara la denuncia.

“Román Briseño García en PGR, quien primero nos dijo que no aceptaba la denuncia, y luego, lo aceptó ya obligado. Y su argumento era que el estado debía juzgar, pero no, porque la ley dice en su articulo 141 dice que la autoridad que debe conocer y sancionar es la autoridad federal, y ninguna autoridad federal a partir de PGR puede investigar y sancionar: ¿Cuál es la traba de PGR para no aceptar y no juzgar?”.