PARIS ALEJANDRO SALAZAR

CIUDAD DE MÉXICO (La Silla rota)‑ A dos años del ataque y desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala perpetrado por policías municipales e integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, ninguna autoridad en México ha dado con el paradero de los jóvenes estudiantes.

La “verdad histórica” de que los 43 normalistas fueron incinerados en el basurero de Cocula, sostenida por meses, fue vapuleada en abril de 2016, ya que se estableció que sólo 17 seres humanos habrían quemados en el lugar. De validar esta nueva versión, se desconoce qué habría pasado con 26 de los jóvenes.

Los equipos de inteligencia del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), Agencia de Investigación Criminal (AIC), Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina y Fiscalía del Estado de Guerrero no han ofrecido elementos a la investigación para conocer la ruta de la desaparición.

Los aportes de la Comisión Especial del caso Ayotzinapa de la Cámara de Diputados, las observaciones y propuestas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) han ayudado a la Procuraduría General de la República (PGR) en la indagatoria.

Ni con el apoyo de la Comisión Interamericana de Expertos Independientes (CIDH) que envió a un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el gobierno mexicano ha encontrado un indicio sólido e irrebatible que lleve a esclarecer el destino final de los jóvenes.

A pesar de que existen más de 100 detenidos por la desaparición de los 43 estudiantes, no hay una sola sentencia; aún falta por aprehender a personajes clave.

Falla la PGR

A dos años de la desaparición de los 43 normalistas la PGR mantiene vacíos en la indagatoria, lo que ha obstruido el acceso a la verdad y la justicia en el caso.

La PGR todavía no ha logrado integrar las 43 fichas de identificación para comparación y establecimiento de los perfiles de identidad de los estudiantes desaparecidos. La CNDH aseguró que “se considera que las acciones de búsqueda de los estudiantes desaparecidos que se pudiera llevar a cabo sin contar con sus fichas de identificación, disminuyen sensiblemente las posibilidades de éxito”.

Tampoco ha profundizado en la información de las comunicaciones telefónicas que por voz y datos sostuvieron los alumnos desaparecidos, realizadas el 26 y 27 de septiembre de 2014, las cuales son fundamentales para la investigación de la ruta de desaparición.

La determinación del área en la que se sostuvieron las comunicaciones los estudiantes, así como la fijación y corroboración de las fechas y horas en que fueron efectuadas, permitiría a los investigadores orientar las acciones de búsqueda de los estudiantes.

Falta cumplir órdenes de aprehensión, entre ellas, Felipe Flores Velázquez, quien era el secretario de Seguridad Pública de Iguala; y profundizar en sus investigaciones para establecer la identidad de otros involucrados, como “Caminante”, quien se comunicó vía telefónica con varios policías municipales que participaron en el ataque a los normalistas el 26 y 27 de septiembre de 2014.

Las autoridades no citaron a declarar a los buzos de la Secretaría de Marina que participaron en la búsqueda de evidencias en el río San Juan, en Cocula, lo que ayudaría precisar cómo se efectuaron los hallazgos, su manejo y preservación. La diligencia es fundamental para corroborar o descartar información sobre la incineración y la disipación de los restos de acuerdo a la versión oficial.

La PGR no ha realizado peritajes en materia de edafología para comparar la tierra extraída de la bolsa recuperada del río San Juan, con la tierra del basurero de Cocula El dictamen comparativo posibilitaría saber si ambas muestras se corresponden o no en todos sus elementos y confirmar o descartar que la tierra localizada en la bolsa proviene del basurero.

Otro peritaje que tampoco ha realizado la PGR es en materia de genética, para confrontar los perfiles genéticos de las muestras hemáticas recabadas en los lugares de las agresiones, y las recabadas de los autobuses, patrullas y demás vehículos relacionados con los hechos, contra los perfiles genéticos de los familiares de los estudiantes desaparecidos.

La PGR se niega a investigar a los elementos del Batallón 27 de Infantería de Iguala, quienes incurrieron en restricción de información, actuación inusual, ocultamiento de información.

La diligencia oculta

El 28 de octubre de 2014, el entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, autorizó el traslado de la Ciudad de México a Cocula de Agustín García Reyes “El Cheje” o “El Chereje” -presunto integrante de Guerreros Unidos- sin que lo acompañara su abogado defensor, y permitió que se descartaran restos óseos sin un peritaje, actuaciones que no reportó ni integró a la averiguación previa.

Al día siguiente a las 8:50 horas, buzos de la Secretaría de Marina hicieron el hallazgo en el río Cocula de una bolsa negra que presuntamente contenía restos humanos, en el mismo lugar que fue llevado Agustín García Reyes “El Chereje".

Se le notificó al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) que realizaba un peritaje en el basurero de Cocula -a petición de los padres de los 43 normalistas-, quienes se trasladaron a río San Juan.

Al equipo argentino no se les mostró video ni fotografía del hallazgo de la bolsa con restos óseos, tampoco la cadena de custodia, sólo se les mostraron los huesos en una bandeja, del cual destacaba uno por su tamaño y conservación.

Por la tarde presidente Enrique Peña Nieto firmó en la Ciudad de México una serie de acuerdos ante los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa, uno de ellos era el compromiso de buscar con vida y no sólo en fosas a los jóvenes desaparecidos.

“Primero. El Gobierno de la República profundizará y, en su caso, rediseñará el Plan de Búsqueda que la Secretaría de Gobernación presentó a padres de familia, estudiantes, abogados y representantes de organizaciones civiles, en relación con los hechos referidos, y que detalla las acciones realizadas y la estrategia que seguirán las distintas dependencias del Ejecutivo Federal para la búsqueda y localización de los 43 estudiantes de la Normal Rural ‘Raúl Isidro Burgos’ de Ayotzinapa. El objeto es intensificar dichas acciones, y en especial, centrarlas en la búsqueda con vida a las personas desaparecidas, lo anterior, con independencia de continuar con las líneas de investigación que se realizan por la Procuraduría General de la República en relación con dichos hechos”, así quedó asentado en la residencia oficial de Los Pinos.

El 7 de noviembre de 2014, el entonces procurador, Jesús Murillo Karam, en conferencia comenzó a perfilar la “verdad histórica” a partir de los testimonios de tres presuntos integrantes de Guerreros Unidos, entre ellos, el de “El Chereje”.

Dijo que los 43 estudiantes habrían sido asesinados, incinerados, triturados sus restos y arrojados al río San Juan, y anunció que se analizarían los huesos encontrados el 29 de octubre de 2014.

Dos meses después un laboratorio de la Universidad de Innsbruck logró la identificación del resto óseo encontrado en el río San Juan con el perfil genético de los familiares del normalista Alexander Mora Venancio, originario de El Pericón, municipio de Tecoanapa.

Peritaje de fuego

El GIEI aseguró que los 43 estudiantes de Ayotzinapa no fueron incinerados en el basurero municipal de Cocula y que el peritaje de fuego realizado por la PGR presentaba fallas que lo invalidan.

“El peritaje relacionado al fuego no fue hecho de acuerdo a las reglas internacionales ampliamente aceptadas por la comunidad forense en fuego. No se le dio la prioridad necesaria al peritaje de fuego, se dispuso de evidencia crítica (vegetación adyacente) sin el análisis necesario, la recolección de evidencia dejó de lado elementos críticos y necesarios, y la evidencia no se estructuró de manera adecuada”, señalaron los expertos independientes.

“El Dictamen de Incendios (AP/PGR/SEIDO/UEDMS/871/2014, Folios 80002, 83278, 88350) no tiene los objetivos, la profundidad y el rigor necesarios para una investigación de esta naturaleza” y que las “conclusiones del Dictamen de Incendios (AP/PGR/SEIDO/UEDMS/871/2014, Folios 80002, 83278, 88350) son en su mayoría erradas y en muchos casos no emergen de la evidencia material y de su posible interpretación”, expuso el GIEI.

La PGR y GIEI realizaron un peritaje conjunto en el que se estableció que en el basurero de Cocula sí hubo un evento de fuego controlado, pero no estableció si se registró el 26 y 27 de septiembre de 2014. La dependencia federal dijo que 17 seres humanos fueron quemados en el lugar.

Durante 17 meses la PGR sostuvo que los 43 estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula, y tuvo que aceptar con el peritaje conjunto que sólo 17 estudiantes habrían sido quedamos, sin embargo, no ha podido establecer la identidad de ellos ni qué habría pasado con los otros 26 jóvenes.

Otro elemento que contribuye a sepultar la “verdad histórica” fue el informe del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) que encontró restos óseos de al menos 19 individuos en el basurero de Cocula.

El EAAF en la cuadrícula M8 se halló una prótesis parcial superior y otra prótesis parcial inferior (ambas realizadas con el mismo material y con coincidencia en la oclusión o mordida), así como una raíz de diente en alveolo de hueso de mandíbula que se inserta en la prótesis inferior, confirmando la relación entre todas las piezas mencionadas.

De las entrevistas a familiares de los 43 normalistas se confirmó que ninguno de los estudiantes tenía un tratamiento odontológico como el descrito.

Con este hallazgo se concluyó la presencia de restos de al menos una persona cuyas características dentales no corresponden con ninguno de los normalistas desaparecidos.

Contradicciones en las declaraciones

Sidronio Casarrubias Salgado “El Chino”, líder de la organización criminal Guerreros Unidos, sin embargo, relató en su declaración que sólo habrían quemado a 17 personas y sus restos arrojados al río San Juan, en el municipio de Cocula, pero la PGR, entonces a cargo de Jesús Murillo Karam, habría añadido más víctimas para alcanzar el número 43 y establecer la denominada “verdad histórica”.

Dijo que Gildardo López Astudillo “El Gil” le informó que integrantes del cártel de Los Rojos había ingresado a Iguala, que los había capturado, asesinado, quemado y arrojado sus restos al río, la versión que reproduciría la PGR.

“El Gil me dice que de los 17 Rojos ya se habían ido al agua, o sea, que ya los quemaron y que las cenizas las tiraron al agua, yo me imagino que es el Río Cocula”, relató para la causa penal.

“El Chino” no fue el único en declarar que fueron aseguradas 17 personas en el municipio de Iguala el 26 de septiembre de 2014, también está en la declaración del 4 de octubre de Martín Alejandro Macedo Barrera, presunto sicario de Guerreros Unidos.

“Una vez que se comienzan a bajar, los estudiantes comienzan a correr y logramos asegurar a diecisiete, los cuales subimos a nuestras camionetas y los llevamos a la casa de seguridad de la Loma donde los matamos inmediatamente ya que no se querían someter y como eran más que nosotros, Choky dio la instrucción que les diéramos piso (…) algunos los mataron con tiro de gracia en la cabeza y a otros a golpes ya que se pusieron muy violentos cuando estaban secuestrados y para que no estuvieran chingando se decidió matarlos. Creo que utilizaron la excavadora para enterrarlos en el mismo rancho que tenemos. A siete de estos muchachos los quemaron por instrucción del Choky. (…) La otra camioneta que participó fue la Lobo negra”, narró Macedo Barrera.

En su declaración Macedo Barrera no indicó que 43 personas habrían sido ejecutadas e incineradas, el número coincide con el relato que realizó Sidronio Casarrubias Salgado.

Jhonatan Osorio Cortés, “El Jona”, presunto “halcón” de Guerreros Unidos declaró en la averiguación previa PGR/SEIDO/UEIDMS/871/2014:

“A las 20:00 horas o 20:15 minutos, recibí en el teléfono que me habían asignado un mensaje del Pato (Patricio Reyes Landa), quien me pedía que me presentará en su casa ubicada (borrado) por órdenes del Terco y/o Cepillo (Felipe Rodríguez Salgado) que la cita era en 10 minutos para que nos alistáramos a salir a Iguala porque le habían dado el reporte de que se habían metido los contras, es decir, Los Rojos, para eso el Terco en una llamada telefónica cuando estábamos reunidos  (borrado), EL CHEJE, YO, EL PATO, EL PRIMO, EL BIMBO, **** (borrado), nos dijo que sólo lleváramos cortinas, es decir, armas cortas como las nueve milímetros, se nos instruyó que no lleváramos las armas largas que teníamos asignadas”.

A la hora que menciona “El Jona” todavía no se registraba una agresión armada contra los normalistas, de acuerdo al informe del GIEI “a las 20:15 horas aproximadamente, a su paso por el lugar conocido como Rancho del Cura, los normalistas detuvieron un autobús de la empresa Costa Line 2513 que se dirigía a Iguala. Los normalistas entrevistados refirieron que el conductor les dijo que tenía que dejar el pasaje en la Central de Autobuses de Iguala, tras lo cual podrían completar su acción. Se subieron en ese autobús entre 5 y 6 normalistas, con el objetivo de llegar a Iguala”.

Han pasado dos años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y las autoridades mexicanas han fracasado en la investigación del destino final de los jóvenes: no saben dónde están.

Con información de La Silla Rota http://lasillarota.com/ayotzinapa-fracaso-de-estado-dos-anos-sin-los-43#.V-mE-_nhDIU