José Antonio Román y Gustavo Castillo

El principal reto que tiene el mecanismo especial de seguimiento para el caso Iguala es que las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) “no se queden en letra muerta”, sino que el gobierno mexicano avance de manera firme en las líneas de investigación dejadas en sus dos informes.

“Es cuestión de días” para que se anuncie la primera de las visitas que realizarán al país los integrantes de esta nueva instancia, designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego de que en abril pasado el gobierno mexicano se negó a renovar el mandato de “asistencia técnica” al GIEI.

Este mecanismo es una siguiente etapa de la supervisión internacional. “Es toda una esperanza y una expectativa para los padres de familia, porque justo es la supervisión internacional lo que les permite ir teniendo mayores elementos de confianza en las instituciones, luego de que la llamada verdad histórica terminó siendo un montaje”, dijo Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, una de las instancias que representan a los padres ante la CIDH.

Explicó que a diferencia del GIEI, que fue un acuerdo de “asistencia técnica” y que debía renovarse periódicamente, el nuevo instrumento tiene una lógica permanente e indefinida, en tanto las medidas cautelares de la CIDH y las recomendaciones dictadas por el grupo de expertos no se cumplan en su totalidad.

Este mecanismo tiene dos niveles: uno, integrado por el “equipo operativo”, que puede permanecer en el país el tiempo que sea necesario y, otro, conformado por dos comisionados, que son Enrique Gil Botero, en su calidad de nuevo relator de la CIDH para México, y James Cavallaro, presidente de ese organismo internacional.

Según el convenio firmado en Washington, entre la CIDH, el gobierno mexicano y los padres de los normalistas y sus representantes, los comisionados podrán venir a México, en un principio, cada dos meses en visitas calendarizadas; podrían ser tres o cuatro estancias hasta abril próximo, cuando se realice el próximo periodo de sesiones de la comisión.

El mismo convenio establece el compromiso expreso del gobierno mexicano para aportar los recursos financieros y materiales que sean necesarios para la implementación de dicho mecanismo.

El tema financiero no tendría que ser pretexto para su implementación; de hecho, de los recursos destinados al GIEI quedó un remanente de casi 300 mil dólares que podrán ser usados ahora.

Con información de La Jornada http://www.jornada.unam.mx/2016/09/25/politica/007n2pol