José Antonio Román

Junto con una institución forense y pericial independiente, resultaría muy útil la creación de una organización nacional de búsqueda de personas desaparecidas, propuso el representante de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas en México, Jan Jareb.

Al inaugurar el Foro sobre Tortura y Desaparición Forzada, destacó que en los pasados cinco años, múltiples organismos e instancias internacionales de derechos humanos han coincidido en el “diagnóstico crítico” en el país. Pero también, de manera propositiva y constructiva, han trazado con buena fe y ánimo una ruta de cooperación con el Estado mexicano para superar esta difícil situación.

Sin embargo, advirtió que la construcción e implementación de una agenda en favor de la erradicación de la tortura y la desaparición de personas solamente será posible si se coloca a las víctimas de ambas calamidades en el epicentro de la conducta de todos: autoridades nacionales y estatales, sociedad civil y organismos internacionales, mexicanas y estatales de derechos humanos.

Ante representantes de diversas organizaciones, activistas, académicos y estudiosos del tema, el representante de la ONU-DH en México se refirió a los múltiples retos de la sociedad civil, donde el universo de casos de tortura, desapariciones y otras violaciones de derechos humanos los desborda, en el cual las condiciones de violencia e impunidad fomentan y agudizan estas terribles prácticas.

El diplomático confió en que el Congreso apruebe las legislaciones pendientes en contra de la tortura y las desapariciones. Citó la importancia de garantizar que las comisiones estatales de derechos humanos sean encabezadas por personas con un perfil y trayectoria distinguida en esta materia, y no por representantes de intereses políticos.

Durante el acto, realizado en la Universidad del Claustro de Sor Juana, Santiago Corcuera, del Comité contra las desapariciones forzadas de la ONU, consideró que es indispensable que el sistema nacional de búsqueda planteado en la iniciativa de ley debe tener una amplia coordinación interinstitucional y de los tres niveles de gobierno, e incluso entre naciones.

Alejandra Nuño, especialista del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, expresó que la falta de búsqueda y localización de desaparecidos, así como la impunidad en la investigación, son elementos reproductores de estas prácticas. Por ejemplo, citó que de los más de 28 mil casos sólo hay seis sentencias condenatorias.

Con información de La Jornada http://www.jornada.unam.mx/2016/07/22/politica/010n3pol