Xalapa, Ver.- A pesar de que los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) dieron la batalla en contra de la iniciativa,  enviada por Javier Duarte de Ochoa que permite utilizar el impuesto de 3 por ciento a la nómina para pagar adeudos por más de 11 mil millones de pesos con proveedores y contratistas;  la mayoría priista se impuso, y a probó el dictamen con 29 votos a favor, 18 en contra y 2 abstenciones.

Joaquín Guzmán Avilés, presidente del grupo legislativo de Acción Nacional, abrió el debate con la presentación de una moción suspensiva. Pidió que el dictamen fuera devuelta a la Comisión de Vigilancia y Hacienda del Estado porque no fue circulado con 48 de anticipación a la sesión del pleno.

Argumentó que el estado de cuentas por pagar que contiene el anexo único de la iniciativa, sufrió tres modificaciones: en la reunión del 14 de julio presentaron un listado, en la reunión del 18 de julio quitaron unos y agregaron otros proveedores, y el 20 de jullio presentaron otr. 

También planteó que planteó que la cifra del adeudo total cambió también en tres ocasiones: primero eran 11 mil 523 millones de pesos, luego, 11 mil 577 millones de pesos, y por último, quedó en 11 mil 38 millones de pesos.

Y de la revisión de la segunda versión del anexo, dijo que se detectaron duplicidad de pagos y de acreedores, "lo que no da certeza de que los nombres ahí plasmados correspondan a socios o representantes legales de empresas que entren en conflictos de intereses con servidores públicos de algunas secretarías".

A la moción suspensiva, que fue rechazada por la mayoría priísta, siguió una cascada de mociones aclaratorias presentada por Jorge Vera, Alejandro Zairick, Hugo Fernández, Carmen Pontón, que fueron un golpe a la legitimidad y validez jurídica de la iniciativa.

La Mesa Directiva del Congreso Local no pudo dar respuesta a las mociones legislativas que pedía los oficios de Sefiplan o la Contraloría del Estado, que garantizaran que las personas morales o físicas que integra el listado de adeudos no fueran empresas fantasmas, que estuvieran bajo invetsigación de la Secretaría de Administración Tributaria.

Tampoco presentaron al oficio de la Contraloría General del Estado que explica la razón por la cual los órganos de control no informaron  del atraso en los pagos a proveedores y contratistas. Y tampoco pudieron responder con el oficio que explica la razón por la cual no se ha presentado la Cuenta Pública 2015, ni los informes trimestrales del 2016.

Agazapados en sus curules, la mayoría priísta que dirige Juan Nicolás Callejas Arroyo, resistió los cuestionamientos de la oposición.

La sesión legislativa había transcurrido en más de la mitad, con intervenciones del PAN y del PRD,  que hacían trizas la iniciativa en discusión. Mientras el PRI se mantenía en silencio, sin presentar ninguna intervención a favor del dictamen.

A “morir solo” en la tribuna del Congreso Local, mandaron a Francisco Garrido, del Alternativa Veracruzana (AVE), quien fue el único en hablar a favor del dictamen.

Desde la tribuna, dijo que esta iniciativa dará seguridad a los empresarios de que los adeudos que tiene el gobierno del estado con ellos, serán cubiertos. 

Fue sólo hasta después de que la oposición dijo que la iniciativa era tan mala que ningún priísta la defendía, que la legisladora Gladys Merlín, que subió a tribuna para hablar. Sin embargo, lo que se esperaba fue una desgarradora defensa de la propuesta del ejecutivo se convirtió en un "mea culpa".

Emulando las palabras del presidente enrique Peña Nieto, Gladys Merlín, pidió perdón por los errores que han cometido los funcionarios públicos del PRI.

Más tarde de sabría que su voto sería en contra de la iniciativa.

En lel transcurrir de la sesión legislativa, los ánimos se caldearon entre los legisladores. Octavia Ortega Arteaga, presidenta de la Mesa Directiva, tuvo sus roces con Ana Ledezma, Secretaria de la Mesa Directiva. Y Julen Rementería, del PAN y Francisco Garrido,del AVE,  se llamaron mentirosos y poco profesionales en su ejercicio legislativo.

Pero uno de los momentos de mayor crispación tuvo lugar cuado Juan Nicolás Callejas interrumpió la discusión legislativa del dictamen, para pedir que Maryjose Gamboa, presidenta electa del PAN, presente en el pleno, "respete la privacidad de los diputados del PRI".

Maryjose Gamboa, la tuitera incómoda para el PRI

Durante la sesión legislativa, la diputada electa difundió en su cuenta de twitter, una fotografía donde se observa al diputado Francisco Garrido Sánchez, sosteniendo una conversación de mensajes de texto con una persona que utiliza el alias "Equipo de Javier Duarte”.

Astuto, Francisco Garrido Sánchez salió al paso y reveló que estaba chateando con la diputada Octavia Ortega Arteaga, que utiliza el alias “Equipo Javier Duarte” y no tenía problema con que se hubiera difundio la imagen, o con que Maryjose continuara a unos metros de su curúl.

Marcela Aguilera Landeta, del PRI, compró el pleito, y  pidió que se aplicara el reglamento y toda persona ajena a los legisladores y sus asistentes, salieran de la sala de plenos. Octavia Ortega, secundó la petición y pidió que se retirara del área de curules.

Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, del PAN, entró al quite, y pidió que se permitiera a Maryjose Gamboa permanecer en donde se encontraba o que se aplicara el reglamento a todos los presentes. La diputada electa permaneció en su sitio, y también los asesores y auxiliares del PRI.

“Me dijeron literal te van a madrear, aquí estoy cuando gusten”: Ahued

Durante la discusión del dictamen, Ricardo Ahued Bardahuil, del PRI,  denunció, desde la máxima tribuna, que recibió amenazas por estar en contra del dictamen.

“Me dijeron literal te van a madrear, aquí estoy cuando gusten”, retó

El priista evidenció que los asistentes a la sesión eran acarreados de colonias que no sabían a qué acudían al Congreso, y no descartó que dentro de las facturas por pagar existan casos de corrupción, sobreprecio y negocios de algunos funcionarios públicos.

El priista cuestionó cómo es que nadie se había dado cuenta que Sefiplan retuvo por años, más de mil 112 millones que no se habían reflejado en ninguna cuenta pública, y que formaba parte de fondos descontados de la nómina de la burocracia.

Puso en duda que se vaya a pagar en lo inmediato al sector empresarial, pues recordó que el impuesto logra recaudar 3 mil millones de pesos anuales, por lo que las facturas se lograrán liquidar en por lo menos cuatro años.

Además recordó hay pagos pendientes de obra pública y que en un transitorio se permitirá al comité del fideicomiso a reconocer otras deudas que no están en el anexo que remitió la Sefiplan y que se validó esta jueves.

Dijo que su voto en contra sería porque no le consta que las estimaciones de un contrato estén correctas, que los precios correspondan a la realidad y porque no sabía si la facturación corresponde al bien o servicio que se contrató.

En su intervención, Julen Rementería del Puerto, diputado del PAN, dijo que presentarán recursos de inconstitucionalidad para echar abajo la iniciativa aprobada, y se analizarán las posibles irresponsabilidad en que incurrieron los diputados locales que la aprobaron.

En medio de una protesta de empresarios, la mayoría priísta se impuso.