Orizaba, Ver.- Las cámaras empresariales de la zona centro se sumaron a la propuesta de promover una acción de inconstitucionalidad y juicio político contra el gobernador Javier Duarte y funcionarios de su gabinete, a los que acusarán de los delitos de peculado, ejercicio indebido del servicio público, coalición, incumplimiento de un deber legal y los que resulten por el daño patrimonial a los veracruzanos.

En rueda de prensa, los diputados locales Alejandro Zairick Morante, y Hugo Fernández Bernal, así como los presidentes de Canaco, Canacintra y Consejo Coordinador Empresarial en Córdoba y Orizaba, dieron a conocer el segundo anexo de empresas a las que se pagaría casi doce mil millones de pesos con los recursos del Impuesto del Tres por Ciento a la Nómina.

Los empresarios pidieron a los legisladores locales no aprobar este paquete en la sesión del Congreso de este jueves, fecha en que se pretende llevar el tema a la sesión y votarlo: "Pedimos a los diputados ya no traicionen a Veracruz".

Arturo Lino Bravo, vicepresidente de Canacintra-Orizaba; Alberto Bueno Ladrón de Guevara; presidente de Canacintra-Córdoba; Ricardo Barreda, de Canaco-Córdoba; Omar Kuri Ceja, presidente de Canaco-Orizaba y Mario Ríos Alvarado, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, zona Córdoba-Orizaba, conformaron un frente común, junto con cámaras de todo el estado, para exigir el no pago de adeudos con el Tres por Ciento a la Nómina, y menos a empresas fantasmas como las ya detectadas y dadas a conocer.

Exigieron que quien apruebe la propuesta, y que quienes firmen el próximo anexo de la lista de proveedores, el tercero, se les aplique juicio político para que sean hasta por diez años inhabilitados de cargos públicos.

En ese sentido indicaron que principalmente es el secretario de Finanzas y Planeación, Antonio Gómez Pelegrín, uno de los responsables de firmar esos anexos, junto con muchos otros secretarios y funcionarios del gabinete.

Además exigen hacer valer el derecho de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por lo que se pretende aprobar.

“Las denuncias serán en contra quien resulte responsable, quien firme el tercer anexo o el cuarto. Éste –el segundo- viene dividido por dependencias, por secretarías, y el directo responsable sería el Secretario de Finanzas, pero viene subdividido en cada una de las secretarías del estado”, apuntó Zairick Morante.

Y es que se pretenden comprometer los próximos cuatro años del Impuesto Sobre Erogaciones y Remuneraciones al Trabajo Persona, conocido como Tres por Ciento a la Nómina, para pagar a proveedores y contratistas de dudosa existencia.

“Se entregó un anexo único el 7 de julio del año en curso. Pero el listado carecía de firmas que avalaban el contenido y que incluía empresas vinculadas a la investigación sobre firmas fantasmas, por lo que el Secretario de Finanzas tuvo que presentar un nuevo anexo (el segundo) el 14 de julio reconociendo que había sido depurado y retiró esas empresas”, anotó el Legislador.

Ambos anexos tienen una discrepancia de 2 mil 41 millones 648mil 597 pesos, en total se señala que el adeudo generado desde el 2011 y anteriores es de 11 mil 577millones 344 mil 119 pesos. Y de acuerdo con la ley de ingreso para el ejercicio 2016 el impuesto recaudaría 3 mil 182 millones 31 mil pesos, lo cual significaría que se requerirían cuatro años para pagar los adeudos.

No solo eso, determinó que información extra oficial indica que la cuenta pública 2015 cerró con un pasivo de 3 mil 825 millones en diciembre, y para marzo del 2016 el pasivo ya era del orden de los 13 mil 236 millones de pesos, lo que significa que en 90 días la deuda de corto plazo se multiplicó más del 400 por ciento.

Y en el análisis hecho a los anexos se encontró: contratistas duplicados, pagos de estimación triplicados, pagos a obras duplicados, pagos a empresas cuyos contratos fueron rescindidos por haber sido inhabilitadas en otros estados, firmas cuyos socios están vinculados con funcionarios públicos, además que dentro de los acreedores está la Cruz Roja, el IMSS, Fundación Teletón, a este ultima se le deben 66 millones de pesos, CFE, aseguradoras, obras que no son congruentes con su objeto como Sedarpa, que edificó aulas y otorgó donaciones sin sentido, determinó.

Listos los formatos para el amparo

Los empresarios presentes en la rueda de prensa, dieron a conocer cada uno su postura, y añadieron que interpondrán un amparo ciudadano para evitar las reformas al Impuesto del Tres por Ciento sobre la Nómina.

De hecho, en las oficinas de cada uno de los organismos, ya se tienen los formatos para buscar el amparo ciudadano, “no es un amparo contra leyes, sino lo que intentamos es que se considere como un acto reclamado, el hecho de haber presentado la iniciativa que va contra la Constitución” explicó Ricardo Barreda de Canaco-Córdoba.

Consideraron que si bien el gobernador Javier Duarte de Ochoa tiene el derecho o la facultad de presentar iniciativas de ley, éstas no deben ser en contra de la Constitución, como esta de crear esto nuevos fideicomisos para pagar deudas, y que en lugar de que un empresario deposite a la Sefiplan, lo hará a un fideicomiso que controlarán empresarios y funcionarios.

El presidente de Canaco-Orizaba, Omar Kuri Ceja, dijo que el gobierno estatal viola la Ley Federal de Cámaras Empresariales y sus confederaciones: “Nosotros somos los generadores de ese impuesto y por eso exigimos transparencia en el recurso”, anotó.

Mientras que Mario Ríos Alvarado, presidente del CCE Córdoba-Orizaba, dijo que ojala los diputados se percaten que el sector en todo el estado está unido: “Pedimos que recapaciten y les exigimos a los legisladores respetuosamente que ya no deterioren más al Estado”.

Avc