Xalapa, Ver. Diputados del Partido Acción Nacional acusaron que la Secretaría de Finanzas y Planeación entregará un nuevo Anexo de los acreedores del gobierno estatal sin dar oportunidad a que sea revisado y concretar el "albazo" para votar el dictamen mañana.

En conferencia de prensa, el coordinador del Grupo Legislativo de Acción Nacional, Joaquín Rosendo Guzmán Avilés señaló que ese tercer anexo entrará de manera directa con el dictamen, por lo que se desconoce si se integrarán más empresas o saldrán algunas.

Detalló que entre el primero y segundo anexo que se les entregó, la diferencia entre los montos es de alrededor de 900 millones de pesos.

Es decir, en el entregado de manera inicial, el monto de deuda era superior a los 12 mil millones de pesos en tanto que el segundo es de 11 mil 500 millones de pesos, pues retiraron a acreedores tras detectar irregularidades.

En el tercer anexo, señaló que se autorizará un monto a pagar de 11 mil 38 millones, sin conocer cuántas empresas serán las beneficiadas.

“Representa una confesión escrita y firmada de una serie de incumplimientos legales”, sostuvo Guzmán Avilés.

Además, indicó, refleja el desorden contable de la actual administración, en total contravención a la Ley de Contabilidad Gubernamental debido a las discrepancias encontradas entre los dos Anexos entregados a los diputados.

Explicó que en el  segundo Anexo de proveedores entregado el lunes 18 de este mes, se encontró una discordancia de 2 mil 041 millones 648 mil 597 pesos con lo que fue el primer Anexo Único.

En total, señalan que el adeudo generado por faltas de pago a proveedores y contratistas desde el año 2011 y posiblemente anteriores, es de 11mil 577 millones 344 mil 119 pesos con 73 centavos.

Guzmán Avilés advirtió que más del 30% de los pagos a realizar de acuerdo a dicho Anexo, corresponden a los ejercicios 2015 y 2016, no obstante la cuenta 2015, aún no concluye, y por su parte la cuenta pública 2016 aún está en curso, por lo que no deberían incluirse contratistas y proveedores de estos ejercicios.

“En este punto, de acuerdo con información extraoficial la Cuenta Pública 2015 cerró con un pasivo de 3 mil 825 millones 324 mil 122 pesos en diciembre; y resulta increíble y fuera de toda lógica, que al 31 de marzo de 2016, es decir, tres meses después, el pasivo creció a 13 mil 236 millones 519 mil 720 pesos, pues eso significa que en noventa días la deuda de corto plazo se multiplicó en más del 400%”, dijo.

De ahí que de las observaciones hechas por los diputados de Acción Nacional y el Gobernador Electo, Miguel Ángel Yunes Linares, el día de ayer, la SEFIPLAN se encuentra elaborando un Tercer Anexo Único mismo que a este momento no ha sido entregado.

En la revisión realizada a nivel de detalle, se encontró evidencia que existen contratistas, proveedores y obras duplicados, pagos de estimaciones triplicadas, pagos a empresas cuyos contratos fueron rescindidos, como Expectras que dejó abandonadas obras de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2014 (JCC).

Se pretenden realizar pagos a la empresa Autotraffic, encargada de las fotomultas, a empresas cuyos socios están vinculados con funcionarios de Gobierno del Estado como es el caso de Arturo Bermúdez Zurita, actual Secretario de Seguridad Pública y Roberto Esquivel Hernández, quien aparece como su acreedor.

“Sospechoso el caso de la persona física María Gudelia López Aguilar a quien pretenden pagar casi 65 millones, siendo que el domicilio fiscal corresponde a un taller mecánico en la ciudad de Minatitlán, y quien fue denunciada por el Expresidente Nacional del PAN, Gustavo Madero, por la compra de 270 millones de pesos en cemento”.

“O el del Jefe de la Unidad Administrativa de la SEDESOL, quien firma el documento y que después de ser investigado resultó ser socio de las empresas Constructora e Inmobiliaria Rodríguez Landa S.A. de C.V. y que fuera contratado por la misma SEDESOL y que pretende un autopago por casi 3 millones de pesos; además es socio de Heyka S.A. de C.V. a quien la SIOP le pagará más de 16 millones y medio de pesos.”

Dijo que lo que ha sido apenas una revisión mínima arroja conclusiones sobre aprobar pagos ilegítimos e ilegales, y no hay certeza a quién corresponden los pagos, lo cual obstaculiza la labor de identificar conflictos de interés, que evidentemente se irán evidenciando con el tiempo.

Por ello, confirmó que se presentarán las denuncias correspondientes, y de reunir las 17 firmas requeridas se precederá a interponer la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).