Xalapa, Ver. Tras casi dos horas de discusión, se echó abajo el dictamen con el que se buscaba la creación de una sala especializada anticorrupción en el Tribunal Contencioso Administrativo del Estado, órgano especializado del Poder Judicial.

El documento pretendía reformar varios artículos de su Ley Orgánica para dar cumplimiento a la legislación en materia de combate a la corrupción en el ámbito de su competencia.

La oposición consideró que esto se anteponía a la autonomía de los poderes, al argumentar que el gobernador Javier Duarte de Ochoa se estaba metiendo en temas que no le competen, buscando asegurar su exoneración una vez  que deje la administración.

En los artículos transitorios se establecía que “por única ocasión el Titular del Poder Ejecutivo deberá proponer en una sola terna a los tres aspirantes para ocupar como magistrados la sala especializada en materia anticorrupción.

“Estos deberán ser nombrados por el Congreso del Estado por un periodo de 10 años, dentro de los 30 días naturales siguientes a la vigencia de este decreto.

“Igualmente, por única ocasión, y en caso de ser aprobada dicha terna por el Congreso del Estado, se procederá en la misma sesión a tomar protesta a los nuevos magistrados; quienes deberán ser adscritos a la sala especializada en materia anticorrupción por el término de diez años improrrogables, entrando en funciones dentro de los 30 días naturales siguientes a su nombramiento”.

Se estableció también que la propuesta sirve para adecuar la normatividad local a la Constitución federal, otorgando facultades al Tribunal Contencioso administrativo para conocer de las Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y Particulares vinculados con faltas graves promovidas por la Contraloría General del Estado y los Órganos Internos de Control de los entes públicos estatales o municipales, o por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado.

Así, se les podrán imponer las sanciones que correspondan, en términos de lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades Administrativas vigente para el Estado.

Además, en los artículos transitorios se concede al Pleno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, un término de hasta 30 días naturales, a partir de la entrada en vigor del Decreto, para adecuar su normatividad interna al contenido del mismo.

De acuerdo con el dictamen, dicho órgano incluso podrá sancionar a las personas morales cuando los actos vinculados con faltas administrativas graves sean realizados por personas físicas que actúen a nombre o representación de la persona moral y en beneficio de ella.

“En ese sentido, se podrá fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública estatal o municipal, o al Patrimonio de los entes públicos estatales o municipales”

El proyecto de Decreto  reformaría los artículos 34, 35, 36, 37 y 38; se adicionaría un artículo 38 bis y se derogaría el inciso e de la fracción I del artículo 40 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del estado de Veracruz, a fin de crear la Sala Anticorrupción del Tribunal Contencioso Administrativo.

Además, habrá una Sala Superior, una sala especializada en materia anticorrupción y tres salas regionales. El Pleno se integrará por todos los magistrados adscritos a salas: la Sala Superior por tres magistrados, la sala especializada en materia anticorrupción por tres magistrados, y las salas regionales en forma unitaria.

El Pleno, la Sala Superior, la sala especializada en materia anticorrupción, y las salas regionales, contarán con un secretario de acuerdos, secretarios de estudio y cuenta, actuarios y el personal administrativo que requieran para su buen funcionamiento.

La sala especializada en materia anticorrupción del Tribunal de lo Contencioso Administrativo tendrá su residencia en Xalapa de Enríquez y podrá designar dentro de sus integrantes a su presidente.

Finalmente, se estableció que bajo ninguna circunstancia se entenderá que la atribución de la sala especializada en materia anticorrupción, será para imponer sanciones a particulares por actos u omisiones vinculadas con faltas administrativas graves.

La comisión dictaminadora, tras la discusión y los señalamientos decidió regresar el documento para un nuevo análisis.