Xalapa, Ver. El titular del Observatorio de las Finanzas Públicas de la Universidad Veracruzana, Hilario Barcelata Chávez acusó que el Consejo Universitario General de la UV tiene intereses en evitar la profundización de las  movilizaciones para exigir al gobierno del estado el pago de más de mil 160 millones de pesos.

El economista sostuvo que “pareciera que existe un interés en que no dañemos con nuestras movilizaciones electoralmente al gobierno del estado; existe la sospecha razonable de que pudiera haber intereses dentro del Consejo Universitario de ponerle las cosas fáciles al gobierno del estado”.

Dijo que esa percepción permeó entre los universitarios, pues en la marcha del pasado 27 de mayo se vio una participación muy escasa, pues quienes no participaron lo hicieron porque sintieron que era una marcha pactada, más que una protesta.

“Incluso tomó la figura más de un desfile cultural, de una fiesta que una protesta. Independientemente de los discursos parecía que estábamos en un carnaval”, señaló Barcelata Chávez.

El académico señaló también que del supuesto acuerdo entre el Servicio de Administración Tributaria y el Gobierno del Estado para cobrar de manera directa los mil 300 millones de pesos de impuestos a la Universidad Veracruzana no hay un documento oficial que lo avale.

Indicó que más bien fue un acuerdo de palabra, por lo tanto la deuda sigue “viva” pues al no institucionalizarse se corre el riesgo que se pierda en caso de irse el Secretario de Finanzas o el Director del SAT.

Por ello, enfatizó, que la deuda con la UV sigue siendo de 2 mil 500 millones de pesos en números cerrados, mientras no haya un documento que comprometa al gobierno estatal a pagar al SAT.

“Solo se sentaron como amigos y dijeron mira la universidad te debe pero yo tengo ese dinero, no te lo pasé, cancélale a la universidad y yo te lo voy a pagar”, dijo.

Además, el docente criticó que en el consejo no exista una plena representatividad de la comunidad universitaria, y las decisiones estén tomándose sin consultar a las bases y sin consenso, que contravienen a los intereses reales de la UV.