Israel Rodríguez

Pese al endurecimiento en los castigos por el robo de combustibles continúa operando una industria de distribución de hidrocarburos alterna a la de Petróleos Mexicanos (Pemex), pues alrededor de 7 por ciento de la producción total de gasolinas en México es robada por la delincuencia.

De acuerdo con estimaciones privadas de consultores de la industria, en el primer trimestre de 2016, el robo de gasolina en los ductos de Pemex alcanza los 27 mil barriles al día, volumen equivalente a unos 4 millones 293 mil litros diarios, según datos difundidos por la Asociación Mexicana de la Industria del Petróleo (Amipe).

De esta manera, tomando de referencia el precio actual de la gasolina Magna, de 13.16 pesos por litro, la de mayor comercialización en el país, las ganancias por el hurto de gasolinas ascienden a unos 56 millones 495 mil pesos diarios, que en términos anualizados alcanzan 20 mil 620 millones de pesos.

En 2015 se produjeron en promedio 381 mil 400 barriles diarios de gasolinas y se extrajeron ilegalmente de los 820 kilómetros de ductos de gasolina 27 mil barriles al día, volumen que equivale a poco más de 7 por ciento de la producción total de gasolinas en México.

Para abatir el robo de gasolinas, en febrero de 2015 Pemex anunció que ya no transportaría gasolina y diésel terminados por ducto.

Posteriormente, el 13 de enero entró en vigor la nueva Ley Federal para Prevenir y Sancionar Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, la cual contempla que quienes vendan litros incompletos de gasolina podrían enfrentar sanciones hasta de seis años de cárcel.

Se sancionará la sustracción o aprovechamiento ilegal de hidrocarburos con castigos de 15 a 25 años de prisión y la compra, resguardo o alteración ilegal de hidrocarburos con dos a 15 años de cárcel.

Los servidores públicos que conozcan que se podría estar cometiendo un robo de hidrocarburos y no lo denuncien se harán acreedores a sanciones de uno a seis años de prisión y a quien comercialice hidrocarburos que no tengan los marcadores que permiten identificar la legalidad y procedencia de un combustible de seis a 10 años de prisión.

Por su parte, a quien deliberadamente suministre una cantidad de gasolina o diésel que sea 1.5 por ciento inferior a la que marque el instrumento de medición o dispense cantidad de gas licuado o natural que sea 3 por ciento inferior a la que marque el instrumento de medición, de tres a seis años de prisión.

Pese a ello, esto no ha desalentado la “ordeña de ductos, pues el aumento en el volumen y en el número de tomas clandestinas continúa incrementándose”. Las tomas pasaron de mil 211 en el primer trimestre de 2015 a mil 360 al primer trimestre de 2016.

Con información de La Jornada http://www.jornada.unam.mx/2016/05/29/economia/020n2eco