Xalapa, Ver. Este jueves los diputados locales avalaron en segunda vuelta las modificaciones a la Constitución por la que se crea conjuntamente el Sistema Estatal Anticorrupción y la figura de un zar anticorrupción.

De esta manera se quita el fuero al próximo gobernador, a los 212 alcaldes y ediles municipales como síndicos o regidores.

La iniciativa que remitió el gobernador, Javier Duarte de Ochoa, para modificar los artículos 33, 49, 76, 78 y 67 de la Constitución Política estatal, se aprobó sin problema alguno y sin discusión previa.

Cabe señalar que con la validación en segunda vuelta ahora corresponde a los ayuntamientos validar las modificaciones de esta ley y con ello entrará en vigor, aunque requiere del respaldo de al menos 107 Cabildos.

Así, los ediles que se elijan en el 2017 y los funcionarios de despacho no tendrán fuero constitucional, por lo que si cometen un delito podrán ser juzgados.

En la propuesta se deja exento al Fiscal, al titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, los magistrados y diputados locales, a quienes no se les aplica dicha legislación y mantendrán el fuero, aunque podrían perderlo si así lo deciden las dos terceras partes del Congreso del Estado en caso de que se les acuse de un delito, respetando las garantías de audiencia y legalidad.

El gobernador justificó que se requiere combatir la corrupción, mediante políticas públicas adecuadas que fortalezcan las acciones en contra de las conductas irregulares cometidas por servidores públicos y particulares en afectación del interés público.

Además, la modificación legal permite que el nombramiento del Contralor General del Estado tenga que ser aprobado por dos terceras partes de los legisladores del Congreso del Estado y que dure en el cargo 6 años, al igual que el periodo del titular del Ejecutivo.

Igualmente se crea una Fiscalía Especial Anticorrupción al interior de la FGE, cuyo titular será nombrado también por las dos terceras partes del Congreso del Estado, previa convocatoria pública hecha por la Legislatura.

Se propuso que cualquier ciudadano podrá inscribirse, siempre que reúna los requisitos y quien sea elegido durará en el cargo 5 años, pues será un órgano especializado en detectar, sancionar y erradicar los hechos de corrupción y conflicto de intereses de competencia estatal.

De esta forma se establece la creación de un Comité Coordinador Anticorrupción, el cual estará integrado por el titular del Órgano de Fiscalización Superior, el Fiscal especializado en Combate a la Corrupción, el Contralor General del Estado, el Magistrado Presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

También participará un miembro del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, así como un representante ciudadano.

Dicho comité además tendrá que coordinarse con su par en el ámbito federal, puesto que todo lo anterior se trata de una armonización de la legislación local con las reformas aprobadas recientemente por los senadores de la República, como por los diputados federales.