Xalapa, Ver. Un total de 303 servidores y exservidores públicos están sujetos a procedimiento por las observaciones generadas en la Cuenta Pública 2014, donde se detectó un presunto daño patrimonial por 163 millones 990 mil 376 pesos.

El director general de Asuntos Jurídicos del Órgano de Fiscalización Superior, Oscar Ocampo Acosta, indicó que desde la semana pasada el Orfis comenzó con la notificación a los involucrados, una vez que salió publicado el decreto 858 a través del cual el Congreso los instruye a iniciar la segunda fase del proceso de fiscalización superior, avisos que concluirán el 26 de febrero.

“Son en promedio 303 servidores y ex servidores públicos que vamos a sujetar a procedimiento; estamos hablando de 51 entes fiscalizables relacionados en un presunto daño patrimonial, 46 son entes municipales y 5 son entes estatales”, citó.

Agregó que hasta el momento, han sido notificados 280 de los 303 servidores y exservidores públicos e indicó que el Orfis tiene un calendario de actividades en lo que respecta a la cuenta pública, mismo que debe concluir el 15 de julio.

En ese tenor, el calendario de audiencias plantea que entre el 8 y el 18 de marzo deberán de concluir las 51 audiencias con la comparecencia de los 303 servidores públicos y ex servidores públicos notificados.

“Todos los procedimientos que se deriven de los recursos de reconsideración, una vez concluidos todos los procedimientos, estaríamos en posibilidad de formular aquellas denuncias penales de los entes fiscalizables que no hayan acreditado o solventado las observaciones de daño patrimonial”, acotó.

El servidor público confirmó que en términos de los artículos 14 y 16 constitucionales dichos funcionarios y ex funcionarios actualmente tienen derecho a una audiencia de pruebas y alegatos.

“En este sentido una vez notificados ellos deben mediar un plazo no menor de 10 días ni mayor a 15 días para la celebración de esta audiencia; tenemos un término de 30 días para hacer el análisis de todo este material probatorio, revisar sus argumentos y emitir la resolución correspondiente”, detalló Ocampo Acosta.

De esta manera a los servidores y ex servidores públicos en los que se les determine nuevamente la existencia de daño patrimonial se les fincará el resarcimiento del daño y una sanción económica, aunque estarán en condiciones de interponer un medio de impugnación que es el recurso de reconsideración ante el ORFIS, o bien optar por el juicio de nulidad.

“Tienen esas dos vías para combatir la resolución que se determine, para efecto del recurso de reconsideración ellos cuentan con un término de 10 días hábiles contados a partir de la notificación y si optan por el juicio de nulidad ahí sí el término es de 15 días hábiles a partir de la fecha de notificación de la solución respectiva”, señaló el director.