Xalapa, Ver.- A la fecha, ante autoridades de primer nivel como el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, la diputada federal veracruzana por el Partido Acción Nacional (PAN), Mariana Dunyaska García Rojas, enarbola una bandera feminista que presume en sus redes sociales y círculos de difusión en pro de una reforma nacional al delito de feminicidio.

Sin embargo, atrás del insistente activismo de la legisladora persiste un pasado de silencio y de omisión ante las recomendaciones de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) ante la Alerta de Violencia de Género por agravio comparado en Veracruz, sustentada en los altos índices de muertes materna.

Previo a su actual gira de trabajo por Ottawa, sede del Poder Ejecutivo y Legislativo de Canadá, García Rojas protagonizó varios eventos protocolarios en actividades de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, teniendo como contexto el paro de mujeres convocado por grupos defensores de derechos humanos para el próximo 9 de marzo.

El pasado 18 de febrero inclusive participó en una protesta conjunta de varias diputadas en la Cámara de Diputados contra los feminicidios, acomodando zapatos y zapatillas de color rojo al pie de la tribuna del recinto legislativo.

Acorde con la protesta, Dunyaska García publicó en la red Twitter un post: "El #feminicidio no es un tema de partidos políticos, es un problema que lastima fuertemente a toda la sociedad. Esta situación exige que todas y todos nos unamos con la finalidad de encontrar soluciones reales y combatir sus causas".

La legisladora concluyó la publicación con la etiqueta #Niunamás; que después presumió en una foto compartida en sus redes de difusión, en plena indignación nacional por los feminicidios de Ingrid Escamilla y la pequeña Fátima.

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PASADO DE OMISIÓN

A la bandera en pro del feminismo de García Rojas le antecede su labor como integrante de la LXIV Legislatura del Congreso de Veracruz, cuando optó por la omisión para atender las recomendaciones de la Conavim para no decretar una Alerta de Género por agravios comparados. 

En marzo de 2017 dicha Comisión emitió el informe relativo a dicha Alerta, exponiendo que existen violaciones a los derechos humanos de las mujeres veracruzanas al existir un artículo en el Código Penal que criminaliza a este género ante casos de aborto.

El organismo sectorizado a la Secretaría de Gobernación urgió al Estado de Veracruz gobernado entonces por Miguel Ángel Yunes Linares proceder con la inmediata despenalización del aborto o valorar la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).

A la par activistas por los derechos de las mujeres diagnosticaron que en Veracruz no existe el acceso seguro a la ILE, ni siquiera cuando el producto es consecuencia de abuso sexual o por las causales que están permitidas en la Ley. 

La recomendación la alojó la LXIV Legislatura, con mayoría del PAN, sin embargo, los diputados y diputadas del blanquiazul, entre ellos García Rojas, optaron por frenar las recomendaciones durante los 2 años de trabajos.

En julio de ese año, la fracción de Morena en la LXV Legislatura abordó la recomendación de la Conavim y formuló una iniciativa con proyecto de decreto para modificar los artículos 149, 150 y 154 del Código Penal local en pro de la ILE.

La propuesta planteó permitir el aborto siempre y cuando el embarazo de la solicitante registrara un avance de menor a los 90 días de gestación.

El planteamiento se remitió a las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales, Para la Igualdad de Género y de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, sin embargo, tales colegiados, integrados en su mayoría por diputados del PAN o del Partido Revolucionario Institucional (PRI), resolvieron dictaminar la propuesta como "improcedente".

La mayoría panista argumentó un conflicto de la reforma con el artículo 4o. de la Constitución veracruzana, mediante el cual el Estado se establece garante del derecho a la vida del ser humano, "desde el momento de la concepción a la muerte natural".

Por lo anterior, en sesión extraordinaria del 28 de septiembre, la LXIV Legislatura declaró improcedente la iniciativa con proyecto de decreto. De hecho, al hacer uso de la voz en tribuna, Mariana Dunyaska García Rojas enarboló tal justificación, dado que la iniciativa de Morena preveía el aborto en el Código Penal y una norma menor no puede rebasar a la carta magna veracruzana.

"El dictamen que hoy nos ocupa debe respetar el orden jurídico y en se sentido, esta iniciativa contradice el orden jurídico", enfatizó y aseguró ante el pleno que en el estado de Veracruz "no se criminaliza a ninguna mujer".

En votación del pleno, el PAN aprobó el dictamen como "improcedente" y, por lo tanto, por la votación de la mayoría no se cumplió con las recomendaciones de la Conavim para garantizar el acceso a un aborto no punible.

Lo anterior, a pesar de la alta tasa de muerte materna en el estado de Veracruz, en específico el 10.2% causada por aborto y el 27.1% por causas obstétricas indirectas. De acuerdo con el Observatorio de Mortalidad Materna en México (OMM), Veracruz finalizó la semana 52 de 2019 con 48 casos de muerte materna. La cifra colocó al Estado sólo abajo del Estado de México con 77 casos y Chiapas con 57.

Tres meses después de los argumentos de García Rojas en el Congreso local, el 13 de diciembre de 2017, la Conavim declaró la alerta de género por agravio comparado, siendo Veracruz el primer y único estado con dos alertas de género en el país.

La gestión de García Rojas finalizó el 27 de agosto de 2018, cuando solicitó licencia definitiva al Congreso del Estado para iniciar su gestión como diputada federal por el Distrito XII a partir del 1 de septiembre de ese año.

Grupos feministas lograron ampararse a la negativa del Congreso del Estado para analizar el tema de la ILE en el pleno y en julio de 2018 un juez federal ordenó a los diputados legislar en la materia. 

Ante el fallo de la autoridad jurisdiccional, el grupo panista coordinado entonces por Sergio Hernández optó por interponer un recurso de revisión en agosto de 2018, mismo que llegó a un tribunal y fue turnada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

A la fecha este asunto sigue bajo el análisis de los ministros y grupos feministas esperan que el máximo tribunal siente un precedente para que los Congresos de las entidades estén obligados a analizar el tema de la despenalización del aborto en el pleno.

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FEMINISMO DE CÁMARA

Pese a su negativa de atender la alerta de género en Veracruz, en la Cámara de Diputados García Rojas ondeó un feminismo con foco central en la propuesta de la Fiscalía General de la República (FGR) de actualizar el tipo penal de feminicidio.

El 25 de febrero, la diputada destacó en Twitter la reunión celebrada con la FGR, "para revisar el tipo penal único y las modificaciones al tipo penal federal con el objetivo de que el feminicidio sea atendido en nuestra reglamentación con la cesión a funcionarios y la pérdida de la patria potestad o tutela de los feminicidas".

De hecho, la legisladora calificó la actual situación de estos crímenes en el país como "emergencia nacional", trazando un proyecto integral de prevención y para garantizar presupuesto para este, a la vez de reconstruir el tejido social y trabajar con medios y universidades para sumarlos como parte de la solución.

"Porque la crueldad es cada vez más y hay que atacar las causas".

Días antes, en una protesta por el feminicidio de Ingrid Escamilla y de la niña Fátima, García Rojas y el resto de las diputadas del PAN colgaron en la Cámara de Diputados una lona con el mensaje "Sr. Presidente la inacción y la indolencia también matan #FeminicidioEmergenciaNacional".

Acto seguido, todas las diputadas, con zapatos rojos, realizaron un performance y dejaron su calzado en alrededor de la tribuna de la Cámara Baja.

García Rojas se integró un Grupo de Trabajo para el Análisis del Delito de Feminicidio, conformado por 12 diputadas y diputados, y estos a su vez se coordinarán con la FGR para definir la ruta a seguir en la tipificación de ese delito.

Apenas unos días antes la legisladora se pronunció contra la propuesta del titular de la Fiscalía General de la República (FGR) para eliminar el tipo penal de feminicidio y redefinirlo como una agravante del homicidio, con el argumento de que con dicha adecuación se reduciría la dificultad para procesar a los implicados, plan que fue rechazado a nivel nacional sin mayor análisis.