Xalapa, Ver.- El Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) en Veracruz tiene como misión hacer de la Fiscalización Superior un instrumento eficaz que estimule el control, la transparencia y la rendición de cuentas. Sin embargo, del 2012 al 2017 se ha presentado un total de 103 denuncias penales por el mal manejo de 33 mil 96 millones de pesos. A la fecha no se ha emitido una sola orden de aprehensión por el daño patrimonial a los veracruzanos.

El Auditor General, Lorenzo Antonio Portilla, confirmó este 21 de mayo su intención de reelegirse en el cargo, aunque reconoció que corresponde al Congreso local, con mayoría de diputados del partido Morena, permitirle un segundo periodo al frente del Órgano.

Portilla Vásquez fue electo en el año 2012, 47 diputados de la 62 legislatura lo validaron. En su momento fue criticado por su cercanía con Iván López Fernández, Contralor General en el periodo de Javier Duarte, ya que formaba parte de la estructura de la dependencia encargada de vigilar el correcto manejo de los fondos públicos.

Desde su nombramiento se ha encargado de revisar el manejo de los recursos públicos de los años 2012 al 2017 y están en proceso de revisión del año 2018, que corresponde a la administración de Miguel Ángel Yunes Linares.

A pesar de que el 2017 se reformó la ley para limitar la reelección, cuando se nombró a Portilla Vásquez, era posible repetir por un segundo periodo, y dado que ninguna ley es retroactiva será el último titular -en tanto no se modifique la ley- con la posibilidad de reelegirse.

En el proceso en el que resultó electo participaron Sergio Vázquez Jiménez, hoy integrante del Comité de Participación Ciudadana, y Cecilia Coronel Brizio, quien actualmente forma parte de la estructura del propio Órgano de Fiscalización.

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¿Órgano de simulación?

El ente fiscalizador siempre ha recibido críticas por el trabajo realizado. Para la oposición -llámese PAN cuando el gobierno fue priista, o Morena en el bienio panista-, su función ha sido deficiente a pesar de que los dictámenes aprobados han sido filtrados por los propios legisladores que posterior a la aprobación, han pedido al Órgano de Fiscalización denunciar el daño generado a las arcas estatales o municipales.

En 2014, cuando se organizaron los Juego Centroamericanos y del Caribe, se denunciaron irregularidades administrativas graves que solo fueron consideradas observaciones y se lograron solventar.

El entonces diputado local, Julen Rementería del Puerto, hoy Senador de la Republica, calificó como inverosímil las observaciones que el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) presentó respecto del informe de la Cuenta pública de Veracruz 2014.

“No hay palabras para describir que sólo 46 ayuntamientos y cinco dependencias gubernamentales hayan salido con daño patrimonial, que representa 638 millones menos detectados que en 2013, cuando todos los veracruzanos notaron que a todos se les debían obras, recursos, pagos de todo tipo y todas las dependencias casi salieron bien en el análisis de la cuenta pública 2014”, reprochó.

En ese año, los reclamos eran por obras sin pagar realizadas para los Juegos Centroamericanos y del Caribe (JCC) y la queja de hoteleros por deudas en los servicios prestados durante dicho evento: “Pero eso no se ve reflejado en daño patrimonial, sólo en observaciones”, denunció desde la máxima tribuna.

El también diputado local Ricardo Ahued, quien en ese momento militaba en el PRI y hoy es Senador de Morena, calificó como una “vacilada” la fiscalización de los recursos en Veracruz, donde por años se ha saqueado y no hay ningún funcionario en la cárcel, mientras que, en otros países como Guatemala, se han hecho hasta redadas.

El legislador federal calificó como un elefante blanco al Orfis, al tiempo que exigió mayor autonomía para dicho órgano.

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Las empresas fantasmas

Para el año 2016, el Sistema de Administración Tributario (SAT) denunció la existencia de empresas fantasmas que cobraban por obras y servicios en la entidad. Se anunció la presentación de 32 denuncias por el desvío de más de 635 millones de pesos.

En el cobro irregular se involucró a 26 empresas y a ocho personas físicas y morales, por lo que en total se vinculó a más de 34 contribuyentes en el que participaron al menos 59 socios.

Después de la denuncia pública, el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) acudió a la Fiscalía General a presentar un total de seis denuncias penales por el desvío de 3 mil 533 millones 995 mil 226 pesos, del ejercicio fiscal 2015 y 2016, tras la entrega de recursos públicos a empresas fachadas, según el informe del propio ente fiscalizador.

En la revisión del 2017 el Orfis calificó como faltas administrativas graves la designación de obras a empresas vinculadas al dirigente del PAN, José Mancha Alarcón, que fueron otorgadas a través de la Secretaría de Infraestructura y Obras Pública (SIOP), y la mayoría del PAN, al emitir el dictamen el dictamen, consideró que el tema estaba solventado.

Las denuncias penales

De los años 2012 al 2017, que comprende seis años de trabajo del Auditor General, Lorenzo Antonio Portilla se han tramitado en total 98 denuncias por el desvió de 33 mil 96 millones de pesos, lo que equivale a la cuarta parte del presupuesto programado para este ejercicio fiscal; o el 70 por ciento de la deuda total con la banca privada y de desarrollo que mantiene el gobierno de Cuitláhuac García.

En el año 2012 se presentaron 10 denuncias por 285 millones de pesos, la mayoría de ellas contra municipios que incumplieron con el manejo de fondos públicos; en 2013 se presentaron 14 denuncias por 389 millones de pesos. Para el 2014, no se inició ni una sola carpeta de investigación por daño patrimonial.

En los años 2015 y 2016, al final de la administración de Javier Duarte de Ochoa, el Orfis presentó más de 63 denuncias por el mal manejo de los fondos públicos por el desvió de recursos de áreas como desarrollo social, campo, seguro popular, por no comprobar el gasto de créditos bancarios y por saquear las cuentas del IPE, entre otras irregularidades. En esos dos años el monto supera los 31 mil millones de pesos.

Ya para el 2017 se presentaron denuncias contra quien resulte responsable por el mal manejo en el primer año de la administración de Miguel Ángel Yunes Linares, por 173 millones de pesos.

El reporte del Orfis confirma un total de cinco ampliaciones de denuncias de los años 2016 y 2017 por un monto de mil 187 millones de pesos adicionales.

Será en septiembre cuando se presente el nuevo informe de resultados, ahora del año 2018, que tendrá que contener auditorias especiales a la deuda pública, al proceso de reestructuración y al sistema de videovigilancia que implementó Yunes Linares.

La trayectoria

Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, es egresado de la Facultad de Comercio de la Universidad Veracruzana en donde obtuvo el título de Contador Público y Auditor. Fue Secretario de Fiscalización en el H. Congreso del Estado, Subsecretario de Egresos en la Secretaría de Finanzas y Planeación y Subdirector de Administración y Finanzas en la Secretaría de Comunicaciones.

Además, trabajo en la Contraloría General del Estado como Director General de Administración y Finanzas así como Director General de Control y Evaluación en el periodo de Javier Duarte.

En los primeros años del trabajo del Orfis fue criticado, incluso se ganó el mote de órgano de simulación y elefante blanco, pues a pesar de las irregularidades que la oposición denunciaba en medios, no había denuncias penales por el desvío de fondos públicos.

En la actualidad, a pesar de las denuncias, no hay órdenes de aprehensión por el mal manejo de fondos públicos.

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