Xalapa, Ver. - La solicitud de dos juicios políticos podrían obligar a Jorge Winckler Ortiz a dejar la titularidad de la Fiscalía General del Estado (FGE) este jueves 07 de febrero, cuando diputados locales voten dos dictámenes que elaboró la comisión instructora pidiendo su separación del cargo.

La Diputación Permanente sesionó este 05 de febrero para citar al primer periodo extraordinario de sesiones. La reunión de trabajo se agendó para el 07 de este mismo mes a las cinco de la tarde; ese día se definirá el futuro laboral y político del Fiscal General.

Winckler Ortiz, quien fue abogado particular del exgobernador panista, Miguel Ángel Yunes Linares, se convertiría en el primer Fiscal en el país removido de su puesto por esta vía legal.

El único tema para tratar en la reunión de trabajo son los dos juicios que tendrán que ser votados en el Pleno y respaldados por al menos 34 de los 50 diputados locales. La declaración de dos ex colaboradores de Luis Ángel Bravo Contreras, detenido en el Penal de Pacho Viejo acusado de desaparición forzada, son el motivo.

Si la mayoría vota a favor el Fiscal General debe dejar el nombramiento que le otorgó la 64 legislatura en diciembre del 2016, en tanto la Sala Constitucional revisa el expediente. Si el Fiscal es absuelto de los delitos que se le acusan podrá reincorporarse al cargo y concluir el periodo de 9 años para el que fue electo.

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¿Qué pasará este 07 de febrero?

El próximo jueves, cuando se reúnan los diputados locales, la Secretaría de la Mesa Directiva dará lectura al dictamen o una síntesis que contenga los puntos substanciales y las conclusiones de la Comisión Permanente Instructora; en seguida, se concederá la palabra al servidor público o a su defensor, hasta por treinta minutos, para que replique lo que a su interés convenga.

Después de los alegatos finales el presidente de la mesa directiva solicitará que el servidor público y su defensor se retiren del recinto y el jurado de acusación -50 diputados- acordarán, por el voto de las dos terceras partes del número total de sus integrantes, si ha lugar a continuar el procedimiento.

Si el Jurado de Acusación no resuelve, por la mayoría calificada requerida, que es procedente la acusación, se ordenará archivar el expediente como asunto totalmente concluido, establece el artículo 25 de la Ley de Declaración de Procedencia y Juicio Político del Estado.

En cambio, si el jurado de acusación acuerda que ha lugar a continuar el procedimiento, el acusado será puesto a disposición inmediata del Tribunal Superior de Justicia, al que deberá consignar el expediente que contiene la acusación y las constancias del procedimiento. La comisión Permanente Instructora sostendrá la acusación ante dicho tribunal.

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Cronología del trámite legislativo contra Winckler

El 27 de noviembre de 2018 se dio entrada a la solicitud de Juicio Político contra el fiscal General del Estado, Jorge Winckler, presentada por el abogado Jorge Reyes Peralta a nombre de Gilberto Aguirre Garza, ex director de Servicios Periciales. Acusó tortura al interior de Penal de Pacho Viejo.

El 05 de diciembre fue Francisco Zarate Aviña, ex colaborador del Fiscal General Luis Ángel Bravo, quien lo denunció por desaparición forzada. Acusó que elementos ministeriales lo privaron de su libertad para obligarlo a dar con el paradero del ex titular de la FGE, Luis Ángel Bravo, quien fue detenido el 17 de julio del 2018 y que también permanece en Pacho Viejo.

El 12 de diciembre la comisión de Gobernación del Congreso local consideró que había elementos para dar cauce el enjuiciamiento del Fiscal General.

El viernes 26 de diciembre se notificó al Fiscal General de los dos juicios políticos que se le seguían de parte de la Comisión Instructora, que preside el diputado Rubén Ríos Uribe.

Los días 23, 24 y 25 de enero Winckler Ortiz compareció en audiencia de pruebas y alegatos ante la comisión Instructora. Presentó las dos investigaciones ministeriales, una que realizó la Fiscalía Anticorrupción a cargo de Marcos Even Torres, además de un amparo que lo deslindaba de los delitos de tortura y desaparición forzada de los que fue acusado.

El jueves 31 de enero el presidente de la comisión Instructora, Rubén Ríos Uribe afirmó que los dos juicios eran procedentes por acciones y omisiones, violaciones a los derechos fundamentales de las víctimas, además de que notificarían a la Fiscalía General de la República (FGR) por hechos que pudieran ser constitutivos de delito como falsear información ante un juez federal.

Este jueves se votarán los dos acuerdos y con ello Morena podrá consolidar la amenaza pública que se lanzó contra el abogado de los veracruzanos días después de la elección del 1 de julio, cuando los electores los eligieron como nueva mayoría de Veracruz.

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