Xalapa, Ver.-De las dos vías con las que se busca la remoción del Fiscal General de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz, una fue suspendida por un juez federal que le otorgó una suspensión definitiva al titular del organismo para que el Congreso local no pueda removerlo del cargo a partir de una reforma a la Constitución del Estado que da dicha facultad a los diputados locales.

El Gobernador de la entidad, Cuitláhuac García Jiménez, interpuso un recurso de queja en contra del acuerdo del 21 de diciembre de 2018, cuando el juez primero de Distrito concedió la suspensión provisional a Winckler Ortiz en contra del Decreto número 749 publicado el 29 de noviembre del año 2018 en la Gaceta Oficial del Estado número extraordinario 478.

A través de la Directora General Jurídica de la Secretaría de Gobierno del Estado, García Jiménez pidió al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito dejar sin efecto la suspensión provisional, lo que permitiría a los diputados locales buscar su destitución por las causas graves que existen en la Ley.

No obstante, según el expediente 01266, por unanimidad de votos de los magistrados del Tribunal, Anastacio Martínez García, presidente, así como Roberto Castillo Garrido y Víctor Hugo Mendoza Sánchez, se desechó la queja del morenista en contra de la suspensión.

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A la par el juzgado primero de Distrito entregó la suspensión definitiva al fiscal general, quien fue abogado del ex gobernador del Estado, Miguel Ángel Yunes Linares, para que el Congreso no pueda hacer uso de su atribución de quitarlo del cargo mientras concluye el juicio de protección.

Entre otros argumentos, los magistrados establecieron que el procedimiento de destitución ya se encontraba establecido en la Ley cuando Winckler Ortiz asumió el cargo en diciembre de 2016, es decir antes de la reforma a la Constitución que permite a los diputados quitarlo del puesto.

Es decir que continúa el análisis sobre si es posible o no quitarlo del cargo a partir de dicho decreto, pero mientras esto se define no puede ser cesado de la Fiscalía con dicho marco legal.

Puntualmente la justicia federal protegió al titular del organismo en contra del decreto número 749 mediante el cual se reforma el artículo 67 fracción I, inciso d) de la Constitución política, cambio con el que se establece que será facultad del Congreso designar y remover al Fiscal “por las causas graves que establezca la ley y por el mismo procedimiento de votación establecido para su designación”; es decir con mayoría calificada.

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El gobernador Cuitláhuac García, así como integrantes de su gabinete, tal es el caso del secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos e incluso diputados locales como el presidente de la Junta de Coordinación Política, Javier Gómez Cazarín e incluso el presidente del Congreso, José Manuel Pozos Castro, han reiterado ante medios informativos que se debe quitar del cargo a Winckler Ortiz ante sus pobres resultados.

Para ello analizaban hacerlo en base a la reforma a la Constitución, lo que tendrá que esperar hasta que se defina si el fiscal general obtiene un amparo o lo pierde de forma definitiva ante instancias federales.

Siguen vigentes dos juicios políticos

Hay que recordar que la otra vía con la que se busca la destitución de Winckler Ortiz es mediante el juicio político. Aunque se han promovido varias denuncias en su contra ante el Congreso del Estado, por el momento son dos las que están más avanzadas en su estudio.

Se trata de los procedimientos iniciados por el ex director de los servicios periciales de la Fiscalía General, Gilberto Aguirre Garza, quien se encuentra en la prisión de Pacho Viejo por el delito de desaparición forzada, a través de su representante legal, Jorge Reyes Peralta.

También la denuncia promovida por Francisco Zárate, quien fue colaborador del ex fiscal Luis Ángel Bravo Contreras, también preso en Pacho Viejo señalado de participar en la desaparición forzada de un policía.

En ambos procesos Aguirre Garza y Zárate acusan a Winckler Ortiz, a sus colaboradores e incluso al ex gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares, de actos ilegales para detenerlos y mantenerlos en prisión, conjeturas que los diputados deberán de analizar para validar o descartar la destitución del fiscal mediante el juicio político, proceso que también involucra al Poder Judicial del Estado en otra instancia.

Las denuncias de juicio político se encuentran bajo el análisis en la comisión Instructora, misma que citó al fiscal para su audiencia de pruebas y alegatos los días miércoles 23 y jueves 24 de enero.

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