Xalapa, Ver. – Veracruz tiene deficiencias para garantizar el Estado de Derecho, el Índice de Estado de Derecho 2018 del Proyecto de Justicia Mundial (WJP por sus siglas en inglés), ubican a la entidad en penúltimo lugar en materia de derechos humanos y en justicia penal:

La medición internacional expone fallas en las investigaciones penales que lleva la Fiscalía General de Veracruz; el sistema penitenciario viola los derechos humanos; las autoridades no garantizan el derecho a la privacidad; y persiste la corrupción en los poderes públicos.

World Justice Project, evalúa las acciones de gobierno en más de una centena de países para conocer si se adhieren al Estado de Derecho, y por primera ocasión hizo una evaluación cuantitativa en las 32 entidades federativas de México.

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Al aplicar 25 mil encuestas se confirmó que en ninguna entidad existe un desempeño sobresaliente, las puntuaciones más altas son para Yucatán, Aguascalientes y Zacatecas. En contra parte, Guerrero, Baja California Sur y Estado de México se encuentran al final de la clasificación, pues no se aplican las leyes o persiste la corrupción.

De las 32 entidades federativas, Veracruz ocupa el lugar 24 en aplicar el Estado de Derecho. Los datos estadísticos revelan que los veracruzanos tienen limitaciones para vivir en armonía, acceder a mejores oportunidades, participar en las decisiones de sus comunidades, disfrutar de una vida, y un patrimonio seguro.

El Estado de Derecho es uno de los pilares sobre los cuales las sociedades pueden impulsar la igualdad de oportunidades, el desarrollo sostenible, la democracia efectiva y la paz. Es un elemento indispensable para el desarrollo sostenible.

Para garantizarlo, se creó un sistema de reglas en la que todas las personas, instituciones y entidades están sometidas a la ley, en teoría, se tendrían que aplicar de forma equitativa, justa, y con total apego a los derechos humanos, sin embargo, en algunas entidades, como en Veracruz, no ocurre así.

Los cuatro principios fundamentales para garantizar el Estado de Derecho son: rendición de cuentas, leyes y proceso justo, y mecanismos accesibles e imparciales para resolver disputas. Y se califican en base a Límites al Poder Gubernamental, Ausencia de Corrupción, Gobierno Abierto, Derechos Fundamentales, Orden y Seguridad, Cumplimiento Regulatorio, Justicia Civil y Penal.

El organismo internacional detectó que en México no existe información confiable para corroborar que no hay ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, y que los disidentes políticos y activistas no sean sometidos a detenciones injustificadas, amenazas, maltratos, ni violencia, por lo que no se calificó en ninguna entidad.

Los valores de la medición son de cero a un punto, pero ningún Estado logra la más alta puntuación. El promedio de Veracruz es de .37 puntos porcentuales. La calificación más baja en (.15), evalúa el sistema de procuración de justicia y su efectividad para resolver delitos, respetando el debido proceso.

Veracruz reprobado en materia de Derechos Humanos

Los participantes del sondeo consideran que los veracruzanos no pueden profesar libremente la religión que deseen, sin temor a represalias; las personas sufren de discriminación, entendida como aquella distinción, exclusión, restricción o preferencia, motivada por condiciones socioeconómicas, género, color de piel, etnia, religión, nacionalidad, orientación sexual, identidad de género, discapacidad, o nivel educativo, en su accionar cotidiano o al interactuar con servidores públicos.

Al medir los derechos laborales fundamentales se detectó que no se garantiza la seguridad social, condiciones de seguridad y salud en el trabajo, ni la libertad de asociación, y el derecho a la negociación colectiva, a la ausencia de discriminación laboral, y a la ausencia de trabajo forzado y del trabajo infantil.

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Al evaluar el respeto a las reglas de investigación y conducción del debido proceso penal, se estableció una calificación baja, pues no se respeta la presunción de inocencia, el derecho a no ser arrestado arbitrariamente y a no ser detenido en prisión preventiva de forma injustificada, o tener derecho a una defensa adecuada y de calidad.

Más de la mitad de los encuestados tiene problemas con la percepción de seguridad en espacios como su casa, trabajo, calle, escuela, mercado, parque, centro comercial, banco, cajero automático, transporte público, automóvil, y carretera. También mide la percepción de seguridad de las empresas en el estado.

En Veracruz no hay contrapesos, el poder legislativo local no ejerce un equilibrio efectivo para supervisar la actuación del gobierno estatal y los alcaldes; existe una codependencia de los jueces y el poder judicial con el Gobernante en turno, y no se sanciona a quien abusa del poder.

Los organismos con menos credibilidad son los encargados de fiscalización, de la defensa de los Derechos Humanos, y demás organismos autónomos que deberían funcionar como un contrapeso eficaz capaz de fiscalizar la gestión del gobierno estatal y aplicar sanciones en la práctica.

Al calificar si los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil, miembros de partidos políticos, activistas, e individuos pueden reportar y comentar libremente acerca de las políticas gubernamentales sin temor a represalias, el valor es de .36 por ciento, es decir, no hay libertad de expresión. Además, los ciudadanos creen que existe coacción en los procesos electorales.

Respecto a la corrupción se observa que en los tres poderes públicos -ejecutivo, legislativo y judicial- persisten practicas fuera del marco legal como: sobornos, pagos informales, e influencias indebidas en la provisión de servicios públicos y en la ejecución de regulaciones. También mide la transparencia en las licitaciones, y si los funcionarios del gobierno se abstienen de malversar fondos públicos.

Se percibe que los funcionarios de los sistemas de seguridad y de procuración de justicia abusan de sus funciones para obtener beneficios privados al solicitar y aceptar sobornos. Consideran que elementos del Ejército y la Marina son susceptibles de actuar al margen de la ley.

En materia de juicios civiles, las personas no conocen sus derechos, y no saben a dónde acudir cuando enfrentan un problema legal; no cuentan con acceso a asesoría legal adecuada, asequible y de calidad, y ésta resulta costosa.

En los juzgados prevalece la discriminación, corrupción e influencias indebidas para acelerar los procesos o favorecer a alguna de las partes, y acerca del uso de influencias en los procesos de designación y ascenso del personal de los juzgados y tribunales. Y confían más en los mecanismos alternativos de solución de controversia, que en los juicios.

En materia de justicia penal, la mayor deficiencia se presenta en la investigación. La resolución de las causas penales no es expedita, ni eficaz; es limitado el respeto de los derechos de las víctimas, a quienes se les debe brindar atención médica y psicológica, asesoría jurídica, reparación del daño, y protección.

Es defectuoso el debido proceso legal, se viola la presunción de inocencia, el principio de igualdad en el proceso penal y ausencia de discriminación; se considera que persiste la práctica de pagos de sobornos o de influencias indebidas de poderes políticos o económicos, o del crimen organizado para operar, o para favorecer a alguna de las partes durante el proceso penal.

Y el sistema penitenciario no garantiza condiciones de seguridad y gobernabilidad, así como el respeto a los derechos de las personas privadas de la libertad y no se implementan acciones para prevenir la reincidencia.

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