Xalapa, Ver.- Veracruz es una de las 10 entidades de la República Mexicana con peor índice de Estado de Derecho, es decir, en tierras veracruzanas es casi nula la existencia de una defensa a problemas como la corrupción o la violencia, el acceso a derechos fundamentales o a la justicia civil y penal, según reportó un estudio de World Justice Project (WJP).

El informe presentado a nivel nacional, indica que Veracruz cuenta con una calificación general de 0.37% (en una escala donde 0 es la calificación más baja y 1 la más alta, y más cercana a respetar el Estado de Derecho), por debajo de entidades como Guerrero (que tiene el peor índice con 0.29), Baja California Sur, el Estado de México, Sonora, Puebla, Quintana Roo, y en empate con Morelos, la Ciudad de México y Jalisco.

[relativa1]

World Justice Project define el Estado de Derecho como “un principio rector que vincula a autoridades y ciudadanos mediante el establecimiento de derechos, obligaciones y límites para que las personas puedan vivir en armonía, acceder a mejores oportunidades, participar en las decisiones de sus comunidades, y disfrutar de una vida y un patrimonio seguros. El Estado de Derecho es uno de los pilares sobre los cuales las sociedades pueden impulsar la igualdad de oportunidades, el desarrollo sostenible, la democracia efectiva y la paz”.

En palabras más simples, Jorge Morales, uno de los integrantes del equipo que realizó la medición en México, detalla que se puede explicar como un “sistema inmunológico” que de no cuidarse y fortalecerse con vitaminas, se vuelve débil y permite el ataque de enfermedades; “y entonces si llegan las infecciones como una gripe que puede ser una crisis de seguridad, o algún evento repentino de violencia, no estás preparado y la gripe se puede volver neumonía”.

Además, el Estado de Derecho tiene cuatro principios universales: la rendición de cuentas, leyes justas, proceso justo, y mecanismos accesibles, mismos que fueron evaluados a través de factores como límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil, y justicia penal.

Como resultado de las encuestas que el WJP realizó para conocer las experiencias cotidianas y la percepción de las personas que viven en Veracruz, se determinó que la entidad se encuentra entre los peores porcentajes respecto a temas relacionados con la corrupción y los límites y sanciones casi inexistentes en cuando autoridades abusan de sus funciones.

[relativa2]

Derechos fundamentales, la peor puntuación

Veracruz en el segundo estado a nivel nacional con la peor calificación en Derechos Fundamentales, es decir, en la entidad, no se garantizan los Derechos Humanos establecidos en la Declaración Universal, y que son los que están más estrechamente vinculados con el Estado de Derecho.

Este apartado detalla que la medición se hizo a través de subfactores como trato igualitario y ausencia de discriminación; si el derecho a la vida y a la seguridad de las personas se garantiza efectivamente, el debido proceso legal de los acusados, el derecho a la libertad de opinión y expresión, el derecho a la libertad religiosa y de culto, el derecho a la privacidad, el derecho a la asamblea y asociación, y los derechos laborales.

Veracruz obtuvo apenas una calificación de 0.42, en contraste con la entidad mejor calificada que fue Aguascalientes, con 0.56; el puntaje revela que los veracruzanos y veracruzanas se perciben discriminadas por condiciones socieconómicas, género, color de piel, nacionalidad, orientación sexual y/o de género, entre otros.

Además, mide una baja ausencia de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, agresiones a defensores de Derechos Humanos; hay poco respeto a los derechos de las personas acusadas de cometer un delito, no se garantizan con efectividad los derechos laborales fundamentales, ni hay una garantía de expresar o comentar libremente acerca de políticas gubernamentales.

[relativa3]

Los otros dos peores puntajes los obtuvo en Justicia Civil y Justicia Penal, es decir, en Veracruz hay dificultades para acceder a mecanismos efectivos para resolver controversias, hay desconocimiento y falta de confianza en mecanismos para resolver problemas legales, y disponibilidad de asesoría legal adecuada.

Sobre la Justicia Penal, el índice indica que hay bajo respeto a los derechos de las víctimas y de personas acusadas, además, se señala un trabajo poco eficaz de policías y ministerios públicos, así como poca eficacia en los sistemas de procuración e impartición de justicia.