Esta noche se aprobó que ningún funcionario gane más que el presidente de la República. Así lo decidieron 246 votos a favor de senadores contra 111, en lo general y en lo particular, de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.

La minuta se envió al Ejecutivo, es decir, al presidente Enrique Peña Nieto para que lo apruebe y publique en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

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El aval en la Cámara alta fue de las ocho bancadas en lo general, aunque la mayoría de Morena se impuso para que la oposición no retrasara su aprobación ante las 17 reservas que discutieron toda la tarde, luego que la Mesa Directiva abriera la votación de viva voz para los diputados, cuando se avaló en lo general la minuta de ley con el voto de 433 legisladores, el rechazo de 9 y la abstención de uno.

Esta ley reducirá los salarios de burócratas a partir del 1 de diciembre, fecha en que toma posesión el ahora presidente electo Andrés Manuel López Obrador.

La iniciativa se encontraba congelada desde noviembre de 2011 en San Lázaro, cuando el panista Felipe Calderón era presidente, y el recinto de Congreso de la Unión era la Cámara revisora, es decir, que la propuesta ya se había avalado y discutido en el Senado.

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La estrategia de Morena era que la minuta se palomeara sin sufrir ningún cambio, a fin de que no tuveira que volver a pasar por el aval del Senado, y así acelerar se mandara al Poder Ejecutivo. Con este trámite sería una ley que ya estaría en operación.

El fin es regular el salario de cualquier burócrata, lo que incluye a los integrantes de los poderes de la Unión y todos los demás entes públicos federales, incluidos los que están dotados de autonomía constitucional.

Esta ley también incluye en los topes salariales a los partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como a cualquier persona física que preste servicio como funcionario público, donde se cuidará que todos reciban un sueldo adecuado a su función.

ASÍ FUE LA DISCUSIÓN

Los diputados de la oposición, como son los del partido Verde, PRI y PAN expusieron su apoyo a la ley, pero dijeron que no debió aprobarse "al vapor" antes de considerar las consecuencias que tendrá en el servicio público, pese a que es una medida para combatir el derroche.

Por el PRI, la diputada Dulce María Sauri explicó que el artículo 2 debía modificarse ante el compromiso de la responsabilidad administrativa de los servidores públicos a fin de abonar al combate de la corrupción, aunque aún hay pendientes en la materia respecto a una ley.

Con información de La Silla Rota

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