Xalapa, Ver. -La propuesta de Ley de Austeridad Republicana para Veracruz, que se presentó en noviembre del 2016, plantea la reducción al pago de salarios, y en gastos de equipo educacional y recreativo, equipo instrumental médico y de laboratorio, así como vehículos y equipos de transporte, de defensa y seguridad.

La fracción del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) presentó la iniciativa de Ley en la segunda semana de rendir protesta, una iniciativa que tenía como objetivo reducir el gasto público en 14 mil millones de pesos anuales. A la fecha sigue en comisiones, pues el presidente de Justicia y Puntos Constitucionales, el panista Bingen Rementería Molina, nunca convocó una reunión.

Para ello, se planteó ajustar los montos destinados al pago de funcionarios, y aunque plantea el tope de 33 Unidades de Medida y Actualización como máximo para el salario del Gobernador, el costo, en la actualidad, le permitiría al gobernador electo, Cuitláhuac García, ganar 79 mil pesos, cinco mil pesos más de lo que gana Miguel Ángel Yunes Linares, que percibe como sueldo 74 mil 936 pesos.

También calcula una reducción del financiamiento a partidos político. Todo el dinero se iría a un fondo extraordinario o adicional que sería manejado por el Ejecutivo del Estado, que se destinaría a los rubros como salud, educación e inversión pública.

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Este miércoles se presentó a nivel nacional la propuesta para deducir gastos, y el tema se concentra en los mismos ahorros: tasar un ingreso mínimo para los funcionarios, eliminar compensaciones o bonos, seguros médicos, y reducir al mínimo el pago de viáticos, así como eliminar las pensiones y el uso de escoltas.

La legislación que se presentó hace dos años y que se mantiene en la congeladora en Veracruz, reveló que en el sexenio de Javier Duarte se incrementó en un 60 por ciento el gasto en servicios personales, es decir, en lo que se destina a sueldos, salarios, prestaciones y gratificaciones a los funcionarios de la estructura pública.

En el sexenio pasado el gasto subió de 41,562 a 68,882 millones de pesos. Yunes Linares programó el pago de 46 mil 979 millones de pesos para este 2018.

La propuesta de Morena, que plantea 52 artículos, expone la posibilidad de reducir en un 50 por ciento el financiamiento a partidos políticos en el Estado, que al menos para el 2019 sería de 165 millones de pesos. De acuerdo al proyecto de presupuesto del Organismo Público Local Electoral (OPLE), se les otorgarían 330 millones de pesos.

El planteamiento del partido, que a partir del 2019 será gobierno, obliga a percibir únicamente sueldos o salario, además prohíbe la utilización de recursos públicos para la contratación de servicios médicos privados para los servidores públicos estatales¸ y erogaciones para el pago del seguro de separación individualizado, y seguro de vida de los servidores públicos estatales.

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Además, estipula que se prohíbe el establecimiento de pensiones para servidores públicos estatales distintas de las establecidas en las leyes de seguridad social o el Instituto de Pensiones correspondientes y no se otorgarán premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones o percepciones extraordinarias.

Morena plantea que para la difusión de la información institucional serán utilizados sólo los tiempos de que dispone el gobierno en radio y televisión y del canal público, por lo que no se podrá contratar publicidad a los Poderes del Estado, los órganos constitucionales autónomos y demás autoridades estatales que ejerzan gasto público.

Para la renovación del parque oficial, se establece que los vehículos nuevos que se adquieran no podrán costar más de 90 UMAs, salvo que por las condiciones geográficas o de uso de infraestructura carretera lo amerite.

En la asignación de gastos de viáticos, se establece que todos los casos, los servidores públicos estatales que efectúen viajes oficiales al extranjero deberán realizarlos en vuelos comerciales y una vez concluido, remitirán al Congreso del Estado, dentro de un plazo de 15 días hábiles, un informe del propósito de su viaje, los gastos efectuados y los resultados obtenidos.

Los gastos por servicios de telefonía, fotocopiado y energía eléctrica, combustibles, arrendamientos de vehículos, aviones, equipo informático, viáticos, honorarios, alimentación, mobiliario, remodelación de oficinas, equipo de telecomunicaciones, bienes informáticos, pasajes, no podrán exceder de los montos erogados en el ejercicio inmediato anterior, una vez considerados los incrementos de precios y tarifas oficiales o la inflación.

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En cuanto a la adquisición de bienes, se establece que ninguna adquisición podrá autorizarse si el precio propuesto es 10 por ciento superior al valor promedio del precio de mercado de la misma, a pesar de que sea la propuesta ganadora de una licitación.

Queda prohibida también, la compra, adquisición, arrendamiento, o comodato de aeronaves que no sean para uso en materia de seguridad, protección civil o de atención sanitaria.

La propuesta establece que no se despedirá burocracia, pero si se reducen las prebendas económicas extraordinarias, que prevén un ahorro de 12 mil 800 millones de pesos.

Y en el caso de bienes muebles, inmuebles e intangibles por mil 400 millones de pesos, que incluye gastos de equipo educacional y recreativo; equipo instrumental médico y de laboratorio, así como vehículos y equipos de transporte, de defensa y seguridad.