Guatemala, Guatemala .- El ex gobernador de Veracruz  Javier Duarte de Ochoa aceptó la extradición a México por los delitos de delincuencia organizada y uso de recursos de procedencia ilícita  que le imputa la Procuraduría General de la República (PGR).

Al comparecer ante el Tribunal Quinto de Sentencia Penal de Narcoactividad en Guatemala, el mandatario señaló: “He decidido allanarme con relación a los delitos federales , pues no cometí tales delitos y es mi deseo acreditarlo ante el Poder Judicial de la Federación de mi país”

De esta forma se prevé que llegue al reclusorio norte de la ciudad de México en máximo una semana de acuerdo a autoridades federales.

La defensa jurídica del ex gobernador a cargo de Carlos Velásquez señaló ninguna de las pruebas aportadas por el gobierno mexicano logran vincular o probar la participación de Duarte en los delitos.

Durante la audiencia, la PGR presentó 19 pruebas en contra de Javier Duarte. El mandatario estatal aportó como única prueba en su favor que su nombre no aparece en el Registro Agrario Nacional como ejidatario para la obtención de 21 parcelas del Ejido Lerma en el estado de Campeche que fueron adquiridas con recursos de procedencia ilícita.

Cabe recordar que la acusación de la Procuraduría General de la República (PGR), se sustenta en una denuncia realizada el 6 de octubre del 2016 por la Unidad de Inteligencia Financiera  de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por el desvío millonario de fondos federales y estatales  , a través de una red de complicidad , prestanombres y empresas fachadas.

El Tribunal Quinto de Guatemala aceptó la extradición voluntaria de Duarte y ordenó la entrega inmediata del ex gobernador de Veracruz al gobierno mexicano.

En las próximas horas se notificará la decisión al Ministerio de Relaciones Exteriores de México para iniciar el proceso administrativo.

¿Cuáles son las 19 pruebas que el gobierno mexicano aportó?

La Fiscalía de Guatemala, leyó los delitos que se le imputan donde se mencionaron 19 pruebas en contra del ex gobernador donde se acreditan los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Entre las pruebas más importantes se reveló la existencia de cuatro  entrevistas ministeriales escrita,  en audio DVD de los presuntos prestanombres de Javier Duarte, Alfonso Ortega López del 12 de octubre y del 12 de diciembre del 2016,  de Juan José Janeiro del 2 de febrero y del ex Secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita.

En estas entrevistas, los implicados revelaron el desvío, utilización indebida de los recursos federales y locales por instrucción del gobernador Javier Duarte, la creación de empresas fachada, y la implicación de la esposa del mandatario, Karime Macías en el desvío de los recursos.

La PGR también presentó escrituras públicas de nueve bienes asegurados por el Ministerio Público Federal que fueron comprados con recursos ilícitos y prestanombres ligados a Duarte.

Entre los bienes asegurados y que fueron presentados como pruebas están: el Rancho La Macedonia en Tres Valles, un predio en Tres Valles, un lote de terreno en Tres Valles todos adquiridos por Moisés Masur.

También se le vincula con la compra de cuatro departamentos de lujo en la torre pelicanos en el fraccionamiento Costa de Oro en el puerto de Veracruz, comprados por Mónica Macías Tubilla, prima de su esposa, Karime Macías.

También lo vinculan con operaciones ilícitas con empresas como Consorcio Brades SA de CV, y Terra Urbanizaciones SA de CV en la compra de cuatro parcelas en el ejido Lerma e Campeche.

Se presentó la documentación del Departamento de Justicia de Estados Unidos donde se avala la compra ilegal de un yate acuarriba a través de la empresa Alpargata Marín SA de CV, cuyo propietario es Alfonso Ortega, otro prestanombres de Duarte.

La PGR presentó escrituras públicas de la constitución de la empresa empresa inmobiliaria Ror SA de CV, y de la operación de compra venta donde la empresa inmobiliaria adquiere una casa en la calle sierra fría 725 de Lomas de Chapultepec.

En la prueba 15 se presentaron los contratos privados de compra venta de tres departamentos en Ixtapa, Zihuatanejo adquiridos por la empresa integradora MB SA de CV, representanta por Moisés Mansur Cisneiros.

Se entregó documentación como estados de cuenta de compra venta,  relacionada con la adquisición de 21 parcelas en el ejido Lerma de Campeche adquiridas por Alfonso Ortega, José Juan Janeiro Rodríguez y Moisés Mansur Cisneiros y Rafael Rosas Bocardo.

La prueba 18 es un dictamen de contabilidad emitido por peritos de la PGR, donde dan cuenta de los flujos de dinero por la compra venta de las parcelas a través de las operaciones bancarias realizada por Consorcio Brades SA de CV a favor de Moisés Mansur Cisneiros, así como las operaciones bancarias de Terra Urbanizaciones y desarrollos inmobiliarios SA de CV a favor de Alfonso Ortega López .

La prueba 19 que la PGR aportó es la propia fotografía de Javier Duarte.

Se informó que el juez que dictó la orden de aprehensión señaló la existencia de tres datos de pruebas, entre los que incluye una solicitud al Registro Agrario Nacional para incorporar a Duarte de Ochoa y Rafael Gerardo Rosas Bocardo como ejidatarios en Campeche.

El informe oficial valúan las parcelas de Campeche en 351 millones de pesos “Con las constancias extendidas por el Registro Agrario Nacional mediante el cual se otorga a Javier Duarte, Rafael Gerardo Rosas Bocardo, Moisés Mansur, Alfonso Ortega López, Miguel Velásquez Nieva, José Juan Janeiro Rodríguez y Santa Bartolo la calidad de ejidatarios”.

El fiscal señala que este caso los documentos que enuncia la autoridad federal no contienen el nombre de Duarte.

No hay pruebas que vinculen a Duarte, es perseguido político: Defensa

En su intervención, el abogado defensor señaló que los registros agrarios donde se encuentra el nombre de Duarte no fueron incluidos en la solicitud de extradición de México y no mencionan su nombre.

“En ningún caso de todo lo que se expuso de pruebas, se logró probar que esta organización supuesta de carácter delincuencial este de alguna forma liderada, o tenga participación Javier Duarte, simplemente es un supuesto jurídico para tener ligado a proceso “.

A su consideración se trata de desviar la atención, pues Duarte como ex funcionario tiene una rivalidad y sufre de persecución política porque se trata de dar un matiz de desviar fondos, de compra de propiedades, pero las persona que aparecen en la acusación no tienen relación con él, no son familiares ni hay relación que los vincula.

“No hay indicios de que los delitos cometidos por otras personas se le puedan imputar al ex gobernador”.

Acusó que las autoridades de la PGR, no logran demostrar en que momento existe vinculo o relación de causalidad de Duarte con los hechos.  “No se logra probar en los mil folios, es una ilusión óptica, cuando manda una cantidad de documentos sin que tengan análisis jurídico concienzudo que pueda permitir relacionar a una persona con estos delitos”.

El propio Javier Duarte señaló que la solicitud formal de extradición aclara que no aparece mi nombre en el Registro Agrario Nacional, en ninguna de las pruebas que acaba de mencionar aparece mi nombre ni mis familiares directos, aquí hubo confusión, y la propia solicitud de extradición dice ni fui ejidatario, ni soy, ni pienso ser ejidatario, por lo que esa prueba está viciada”, detalló Duarte.

Cabe recordar que el gobierno mexicano realizó la solicitud de extradición en contra del gobernador el pasado 7 de junio , luego de que fuera encarcelado el pasado 15 de abril, tras varios meses prófugo de la justicia.

Avc

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