Senadores y diputados cometieron un grave error al alargar, sin un serio análisis constitucional, el periodo de gestión de cuatro de los siete nuevos magistrados, lo que representa un golpe a la credibilidad del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación (TEPJF), reconocieron constitucionalistas.

La Silla Rota consultó la opinión de especialistas sobre esta reforma que fue aprobada, por la vía fast track, por los diputados para modificar el escalonamiento de años en la gestión de los árbitros electorales, lo cuales tomaran posesión del cargo este mismo viernes.

El director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Pedro Salazar Ugarte, explicó que lo aprobado por los diputados tiene muchos problemas de constitucionalidad.

El académico explicó que el artículo 99 de la Constitución establece que el nombramiento de los magistrados es improrrogable, independientemente de la duración en el cargo, además de que viola el principio de separación de poderes que también establece la Carta Magna.

El constitucionalista añadió que esta reforma también es “privativa”, pues no cumple con las características de generalidad, ya que está hecha, dirigida y sólo beneficia a cuatros personas con nombres y apellidos, es decir, los diputados  dieron entrada a una reforma “particular”.

Sin embargo, consideró que uno de los aspectos más graves de este alargamiento en la gestión de cuatro magistrados es que “meterá mucho ruido” en la legitimidad de la Sala Superior del Tribunal, pues este proceso contamina los propios nombramientos.

Además de que la decisión de conformar la Sala Superior no es una decisión unilateral, sino que debe de involucrar a la Corte, por lo que la designación debe ser un acto coordinado de dos poderes del Estado.

“La Corte inicialmente procesó las ternas de aspirantes donde los nombramiento sería diferenciados en tres, seis y nueve años…”, explicó.

 

Credibilidad rota

Por su parte, el académico José Roldán Xopa coincidió con Pedro Salazar y añadió que esta intromisión del Congreso en el Poder Judicial, además de ser a todas luces inconstitucional, le pega a la credibilidad de estos nuevos árbitros electorales, quienes deberán calificar las elecciones de 2017 y 2018.

“Los hecho por legisladores es una decisión adversa al sentido de que en México existan buenas instituciones, por lo que esta reforma es una falta de seriedad de los partidos políticos, porque afecta directamente al propio Tribunal Electoral.

Para el académico del CIDE esta reforma demuestra que el único interés de los partidos políticos de únicamente fortalecer sus posiciones en los distintos ámbitos de la vida pública del país.

Recodó que las designaciones de estos magistrados electorales fueron producto de acuerdos y negociaciones entre partidos políticos y aunque muchos de los elegidos tienen una experiencia probada en estos temas, también es claro la forma en que llegan a la Sala Superior.

“En ese sentido, esta reforma resulta muy sospechosa, que tiene como fin emparejar posiciones que los partidos piensan que tienen y ponen a los magistrados electos en una posición muy comprometedora y no es un buen inicio de este Tribunal”, dijo.

Estas mismas interpretación también están sustentadas en un texto titulado “El Senado y su plan para mermar la credibilidad del Tribunal Electoral”, publicado por Nexos.

El texto sostiene que la reforma de los diputados tiene serios vicios de inconstitucionalidad, por lo que no fue idea atinada por parte del Congreso de la Unión.

“Jurídicamente, la reforma sería a todas luces inconstitucional, pues, con ella se violaría el procedimiento de designación establecido en la Constitución, el principio de separación de poderes, así como el artículo 13 constitucional”.

“Institucionalmente, se trata de una reforma que anularía los beneficios de la renovación escalonada y afectaría la lógica de aprendizaje colectivo de la Sala Superior del TEPJF. Finalmente, en términos políticos, estamos frente a una eventual decisión que afectaría gravemente la credibilidad de los magistrados recién nombrados y que amenazaría con disminuir aún más la baja legitimidad de la Sala Superior”, expone este texto firmado por la redacción de Nexos.

Ambos especialistas consideraron que desde el punto jurídico cabe la posibilidad de presentar una acción de inconstitucionalidad y por tratarse de un tema electoral, los propios partidos políticos podrían impulsarla.

Tramites rápidos

Ayer, la mayoría de diputados, sin voltear a ver a la ciudadanía, la cual pedía que no se aprobara este alargamiento en la gestión de los magistrados, aprobó con 357 votos a favor, 84 en contra y tres abstenciones, incrementar de tres a siete años, los periodos de José Luis Vargas e Indalfer Infante; y de seis a ocho años, los mandatos de Felipe Fuentes y Reyes Rodríguez.